“Las propuestas de reforma enviadas por el expresidente (Lenín Moreno) no están en la línea de nuestra administración...”, dijo el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, al ser consultado sobre el pedido que ha realizado el Gobierno a la Asamblea Nacional para retirar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Compañías.

El proyecto fue presentado en septiembre del 2020 durante la administración de Moreno y había sido conocido en la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa del Legislativo, aunque no tiene un primer informe.

Con esa propuesta se buscaba establecer una base legal que permita, por ejemplo, el pago de las liquidaciones pendientes a los extrabajadores de los medios incautados durante el régimen de Rafael Correa.

En la carta que envió el presidente Guillermo Lasso a la presidenta de la Asamblea se indica que “se hace imprescindible ampliar el debate con los representantes de los organismos competentes, a fin de dimensionar el impacto y la procedencia de implementar la referida reforma a la LOEP”.

Publicidad

OLÍTICA Pedido de retiro de proyecto de reforma a Ley de Compañías causa inquietud en extrabajadores de medios incautados

La Presidencia estimó que el proyecto propone cambios sustanciales en normativa correspondiente a sectores ajenos al ámbito de gestión de empresas públicas y con los cuales solo mantiene interrelaciones indirectas como el Servicio de Rentas, Sistema de Contratación Pública, Superintendencia de Compañías.

Para el Ejecutivo, aprobar el proyecto en referencia generará cambios innecesarios en la organización del Estado, lo que implicaría reestructuración de organismos, generando procesos sin justificación razonable alguna.

El secretario de Comunicación indicó que las propuestas “no tendían a una mejor y más ordenada administración de las empresas públicas, sino a que estas se administren como islas en cada sector, lo que podía generar incentivos para el malgasto o corrupción”.

“Nuestra visión es diferente, deben administrarse en forma ordenada, con un directorio activo, con una administración debidamente supervisada y con lineamientos estratégicos de política pública”, dijo Bonilla.

Extrabajadores de medios incautados piden a Comisión de Fiscalización de Asamblea investigar manejo de empresas cerradas

Los extrabajadores de los medios incautados que reclaman desde hace dos años el pago de sus haberes se mostraron preocupados por el retiro del proyecto de la Asamblea, pues mantenían expectativas de que a través de ese proyecto se viabilice la cancelación de sus liquidaciones pendientes.

En el proyecto se establecía un plazo de 90 días, una vez aprobada la ley, para proceder a esas cancelaciones.

Exempleados de Cablevisión, Editorial Uminasa, radio Bolívar (Super K800), Organización Radial C. A., radio La Prensa son los que esperan sus liquidaciones. (I)