Para que el exgerente de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli acuda a la Comisión de Fiscalización de la legislatura, en el marco de la investigación por la sospecha de anomalías en los contratos de preventa petrolera a Petrochina, el Gobierno nacional ofreció darle la “seguridad necesaria y las garantías correspondientes”.

“El Ejecutivo informa que en el marco de sus competencias brindará la seguridad necesaria y las garantías correspondientes para que Carlos Pareja Yannuzzelli pueda atender la invitación efectuada por el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización”, recoge un comunicado divulgado la noche de este 6 de noviembre.

Pareja, sentenciado a diez años de cárcel por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en mayo del 2018, por el delito de enriquecimiento ilícito, fue convocado a la Comisión este 9 de noviembre para informar sobre la cooperación eficaz prestada en los casos Petrochina y la entrega del campo Auca.

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“Con total respeto a la independencia de funciones, el Gobierno cumplirá con responsabilidad con las competencias que le corresponden en todo proceso”, agrega el documento oficial.

El asambleísta y presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, extendió la invitación este 6 de noviembre para que el funcionario en el gobierno de Rafael Correa se presente el próximo miércoles a las 10:30 e informe sobre la “cooperación eficaz prestada en los casos ventilados por esta Comisión denominados Petrochina y la entrega del campo Auca”.

Villavicencio gestionó la invitación incluso al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Guillermo Rodríguez, en la que se le pide que se realicen las gestiones pertinentes para que Pareja pueda comparecer.

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Por su parte, la Fiscalía General del Estado se pronunció días atrás y aclaró que respecto de la cooperación eficaz de la que participó Pareja en la investigación de hechos de corrupción en el área de sectores energéticos, se considera que en el 2017, cuando se hizo público este acuerdo, se actuó en contra de normativa legal expresa y, por tanto, se violentó todo procedimiento.

Indicó que respecto de “recientes pronunciamientos” sobre los que se busca un beneficio para el mencionado ciudadano es “necesario considerar que el acuerdo no podría ser aplicado en la actualidad porque el procesado fue sentenciado”.

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El organismo explicó que la cooperación eficaz es un acuerdo confidencial cuyo trámite debe ser realizado antes de la sentencia, además “de que los datos proporcionados sean precisos, verídicos y comprobables de cara a una eventual rebaja de la pena. Las referencias no pueden ser verídicas sin el debido contraste a la luz de una investigación”. (I)