En el primer tramo de mandato, el gobierno de Guillermo Lasso creó nueve consejerías, la mayoría ad honorem y otras pagadas. Al cierre del 2021, el mandatario mantiene siete consejerías: cuatro ad honorem y tres pagadas.

Dos de las cuatro consejerías ad honorem fueron creadas el primer día de mandato, el 24 de mayo para el Gobierno y para las políticas públicas de lucha contra la desnutrición infantil. La primera está a cargo de Aparicio Caicedo y la segunda de Luis Coloma.

El objetivo del Gobierno en Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es bajar el porcentaje del 28 %, que ubica al Ecuador como uno de los países con mayor DCI en la región al 23 %, cinco puntos menos.

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El 20 de julio, Lasso creó otra consejería ad honorem de políticas públicas para la protección del sector bananero y Juan José Pons fue designado para liderarla.

La designación de Pons se relaciona con la protección del sector ante la amenaza de la llegada de la plaga Fusarium raza 4, que ya fue detectada en Colombia, en agosto del 2019; y en Perú, en abril pasado.

La última consejería ad honorem fue creada el 1 de octubre, está dedicada a la gestión y estrategia comunicacional del presidente, encargándose de asesorarle sobre las prioridades, necesidades y estrategias de su comunicación personal. Rafael Cuesta Vallarino es el consejero en esta área.

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En cuanto a las consejerías pagadas, Lasso mantiene tres para la Comunidad Andina, la lucha anticorrupción y la vocería gubernamental. Cada consejero tiene una remuneración mensual de $ 4.623.

Juan José Pons fue designado consejero de Gobierno ‘ad honorem’ en temas bananeros

El 20 de julio, el mandatario designó a Andrea Balda Aspiazu como consejera de Gobierno para la integración regional y relaciones multilaterales de la Comunidad Andina. Esto, en el marco de que Ecuador asumió la presidencia pro tempore del organismo regional este año.

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El 17 de septiembre, Lasso designó a Luis Verdesoto, exvocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) como Consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional, con énfasis en las políticas públicas anticorrupción.

La designación de Verdesoto nace de una reforma al Decreto Ejecutivo 117, del 14 de julio, que designaba al fallecido exministro de Gobierno César Monge como consejero para la gestión de la gobernanza y asuntos seccionales.

Finalmente, está la designación del periodista y abogado Carlos Jijón, el 1 de diciembre, como consejero para la “vocería gubernamental que se encargará particularmente de informar a autoridades, instituciones y a los medios de comunicación nacionales e internacionales sobre las iniciativas, políticas, acciones, programas y posturas del Gobierno nacional”.

Además, tres designaciones ad honorem han sido disueltas en estos primeros meses de Gobierno por haber cumplido con su objetivo o por transformación.

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Se trata de la Consejería para las políticas públicas de vacunación para el COVID-19, liderada por Carlos Cueva González, creada el 5 de mayo y disuelta el 11 de octubre. La Consejería de la Vacunación se disolvió bajo el criterio de que las políticas públicas para este fin “han sido ejecutadas con éxito, permitiendo un plan de vacunación eficaz y eficiente”.

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Y de la Consejería de Inversiones y Alianzas Público-Privadas, para la cual fue designado Roberto Salas Guzmán, creada el 5 de agosto y disuelta el 23 de noviembre, para transformarse en Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada, bajo el mando del mismo funcionario.

La última designación ad honorem que concluyó el 22 de diciembre fue la del excandidato a alcalde de Quito por CREO Juan Carlos Holguín, que fue nombrado como embajador itinerante ad honorem de la República del Ecuador para temas estratégicos, el 25 de mayo.

La tarea de Holguín era promover y afianzar las relaciones internacionales estratégicas de Ecuador con otros países. A manera de despedida, en su cuenta de Twitter, el excandidato a la Alcaldía de Quito señaló que la misión encomendada para la “diplomacia de las vacunas” tuvo un fin positivo y que se inició con éxito la coordinación de tratados comerciales, en coordinación con otras instituciones.

“Durante estos meses, las labores encomendadas no requirieron presupuesto del Estado, ni tampoco bienes públicos o equipo humano adicional”, aclaró Holguín. (I)