En 48 horas, el Gobierno espera ajustar los textos del proyecto económico urgente de atracción de inversiones y de esa forma romper los 88 votos que existen en la Asamblea Nacional para archivar la propuesta del Ejecutivo.

El Legislativo, este 22 de marzo, inició el trámite del proyecto, pero su votación se suspendió hasta el jueves 24 de marzo, a las 13:00, mientras la Comisión de Desarrollo Económico recoja las observaciones presentadas y modifique algunos textos que no fueron incluidos durante la elaboración del informe para segundo debate.

De momento, el proyecto urgente tiene el respaldo de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) con 29 votos, 15 del Partido Social Cristiano (PSC) y 2 de independientes (Fernando Villavicencio y Daniel Noboa).

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El bloque socialcristiano aclaró que el respaldo para aprobar el proyecto de ley de inversiones es a cambio de nada, pues promover la inversión nacional y extranjera, generando confianza, estímulos y rentabilidad, siempre ha sido su tesis.

Que la propuesta presentada por el Gobierno recogió básicamente el tema, pero tenía errores y omisiones; que el PSC ha hecho las correcciones del caso, las cuales han sido incorporadas al informe de mayoría y que deberán mantenerse para merecer su voto.

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Se presentaron dos mociones: una del asambleísta ponente, Daniel Noboa (EU), para que se apruebe el proyecto; y la segunda, propuesta por el legislador Darwin Pereira, para que se niegue y archive la propuesta de ley. Ninguna fue calificada por la titular de la Asamblea.

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En las 20 intervenciones que hubo en el pleno, el Gobierno comprobó que se gesta un revés frente a su propósito de aprobar el proyecto de ley urgente, que es el tercero que remite a la Asamblea durante su mandato. El primero fue devuelto por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el segundo entró en vigencia mediante decreto-ley.

La Comisión de Desarrollo Económico se reunirá este miércoles a las 10:00. Según el legislador oficialista Juan Fernando Flores, el Gobierno pondrá a todo su equipo de técnicos de tres ministerios que tienen relación con la ley, para que se revise cada uno de los asuntos planteados por las bancadas. “Ninguna posibilidad está cerrada. Nosotros estamos abiertos a que la ley de inversiones sea para los ecuatorianos, y en el libro 1 se puedan cerrar esos miedos que existen sobre la privatización, sobre las alianzas público-privadas”, agregó.

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Flores en el pleno pidió al legislador ponente del proyecto, Daniel Noboa, que se acoja al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para recoger los cambios presentados en segundo debate y, de esa forma, en 48 horas presentar un informe que permita contar con al menos 70 votos. Según Flores, existe voluntad política en las bancadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática para llegar a acuerdos.

Sin embargo, el coordinador del bloque Pachakutik, Rafael Lucero, afirmó que es innegociable la petición que formuló su grupo político de eliminar del proyecto el libro 1, y que si en estas 48 horas se elimina el texto sobre las alianzas público-privadas, podrían abrirse al diálogo con el oficialismo.

Que si del lado del Gobierno no hay decisión de acoger los aportes de Pachakutik, se ratificará su posición dada a conocer en el pleno, esto es, de votar por el archivo del proyecto. Lucero insistió en que se está pidiendo la eliminación del libro 1 y que se vuelva a ingresar al Legislativo para tramitarlo de forma independiente.

También la Izquierda Democrática, según el jefe de bancada, Marlon Cadena, se ratifica en su posición de ir por el archivo del proyecto, y más bien dijo que estarán atentos para evitar que la iniciativa del Ejecutivo entre por ministerio de la ley.

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Por qué a último momento el Gobierno abre la posibilidad de recibir las observaciones presentadas por la ID, cuando se había seguido todo un proceso en la Comisión, e incluso el Gobierno tenía la posibilidad de hacer una socialización pertinente; y ahora, a último momento, a trote y a galope, se pretenden buscar opciones y alternativas, preguntó el representante de Pichincha, quien dijo que el Ejecutivo busca poner contra las cuerdas a la Asamblea, pero que la ID no se prestará para que el proyecto entre en vigencia por ministerio de la ley.

La bancada de Unión por la Esperanza (UNES), según el asambleísta Ronny Aleaga, no cambiará de posición en 48 horas: se mantienen por el archivo del proyecto. Que no se justificó que se suspenda el debate; que tampoco se encontró la apertura necesaria por parte del presidente de la Comisión para incorporar las observaciones de las bancadas; y que jamás votarán por una ley que por dentro tiene otros objetivos y fines.

En el pleno, el legislador Carlos Zambrano habló a nombre de la bancada de UNES. Dijo que la postura de la bancada es clara: no apoyar el proyecto de ley, porque pone en riesgo los recursos de los ecuatorianos. Pero que eso no significa que su movimiento político está en contra del desarrollo del pueblo ecuatoriano. Pidió a la sala que se vote por el archivo y que no se deje llevar por la presión de la muerte cruzada anunciada por voceros del Gobierno.

El debate también estuvo matizado por la intervención del legislador Fernando Villavicencio (CN-PSE), quien dijo que no se puede perder la memoria sobre quién entregó los contratos a dos operadoras de telefonía en el país y luego los renegoció en el 2008; y que en el proyecto de ley de inversiones en trámite no se dice nada sobre las condiciones de renegociación.

Dirigiéndose a la bancada Unión por la Esperanza, dijo que se proclaman socialistas, cuando son más capitalistas que Keynes; que se proclaman marxistas porque nacieron en marzo; pero que son los mismos que dicen que el libro de la sagrada es un libro cristiano. Además, que el artículo 316 de la Constitución, aprobada por los socialistas del siglo XXI, permite la delegación de los sectores estratégicos, por excepción, que es lo mismo que se plantea en el proyecto de inversiones.

Ante el pleno, reveló que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, que se quitó el grillete, acaba de concesionar la carretera Calacalí- La Independencia a una de las empresas de “arroz verde”, y que el contrato incluye un mantenimiento de la vía por quince años con tres peajes. Eso motivó la reacción de la bancada correísta, que empezó a gritar contra el legislador Villavicencio. (I)