Freddy Carrión posiciona ante los legisladores que hay una persecución política en su contra

Los cargos por presunto abuso sexual que se ventilan en la justicia ordinaria y el juicio político en la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones son parte de una “persecución política” en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Ese fue el principal argumento que se esgrimió este 31 de agosto en la Comisión de Fiscalización del Legislativo, en la que Carrión sostuvo su defensa en la etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo sobre las que se sustancia esta interpelación política.

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En un hecho poco usual, los asambleístas de esta mesa legislativa aprobaron una moción planteada por la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (CREO), para que Carrión intervenga de forma presencial en esta etapa y así garantizar el debido proceso, según se justificó.

La presencia de Carrión implicó, de acuerdo con el presidente Fernando Villavicencio, realizar gestiones ante el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que el interpelado pueda ser trasladado desde la cárcel 4 de Quito (donde cumple una orden de prisión preventiva investigado por presunto abuso sexual) hasta la Asamblea Nacional, para que participe y haga preguntas a quienes convocó para defenderse.

Entre los llamados para esa defensa asistieron Milton Castillo, exdelegado de la Defensoría en Galápagos; Priscila Squettini, esposa de Carrión; David Rosero, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y una perita.

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En el contexto de estas comparecencias, por varias ocasiones, Villavicencio y otros legisladores pidieron que el debate no se “desvíe” hacia el proceso judicial, ya que los asambleístas interpelantes Ricardo Vanegas (PK) y Yeseña Guamaní (ID) impulsaron el procesamiento por incumplimiento de funciones, falta de probidad para ejercer el cargo, mal uso de recursos públicos.

Esto, después de que Carrión participó en mayo pasado en una reunión en la que se había consumido alcohol en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí, que terminó en una riña y la acusación por presunto abuso sexual, pese a la vigencia del estado de excepción por la pandemia del COVID-19.

Carrión aprovechó su presencia en el Parlamento y hacía alegatos en su defensa. Por ejemplo, convocó a una perfiladora sobre criminología y aunque la Comisión rechazó que esa participación esté relacionada con el proceso penal, él expresó su inconformidad porque la investigación en su contra es por “una persecución política” en la que hay “irregularidades procesales” con un “trasfondo político”, porque “ha sido profundamente crítico del gobierno de Lenín Moreno”.

Su esposa, Priscila Squettini, lamentó que su pareja ha sido sometido a un linchamiento mediático y político y que hay una acusación manipulada en su contra. “No existe el delito de agresión sexual”, sentenció.

Hizo referencia a lo que sucedió entre la noche y la madrugada del 15 y 16 de mayo de 2021, e increpó que los videos en los que se ve a Carrión y Falconí, bajo efectos de licor, fueron manipulados y cortados.

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Contó que hay la versión del guardia de seguridad del departamento del exministro, en la cual se señaló que el defensor intentaba evitar que la víctima “deambule” por los pisos del conjunto residencial y no busque “más agresores”.

La mujer aseguró que los partes policiales fueron “adulterados” y que Carrión fue detenido a las 14:20 del 17 de mayo por violar el toque de queda. Pero fue en la audiencia de formulación de cargos en la que se lo acusó de supuesto abuso sexual, minutos antes de la medianoche.

“Esto es un show, una trampa”, indicó Squettinni, y recordaba que durante la reunión Falconí le había contado a Carrión que el gobierno de Lenín Moreno se la “tenía jurada” por haber promovido el informe de la Comisión de la Verdad sobre las protestas de octubre del 2019.

El legislador interpelante, Ricardo Vanegas (PK), le preguntó con insistencia si ella consideraba que las acusaciones judiciales se habían “creado” o fraguado, y ella respondió: “Sí, yo creo que sí”. Inculpó al expresidente Lenín Moreno, a sus ministros y a miembros de la Policía Nacional de que el objetivo era detener a su esposo.

Squettini también concentró su declaración en los $ 47.000 que fueron hallados en el departamento de Falconí, y contó que en el proceso judicial se conoció que “Carolina Arroyo”, prima de la supuesta víctima de abuso sexual, había intentado sacar el dinero en una maleta, pero fue impedida por policías.

Por su parte, Milton Castillo se centró en reclamar que fue removido de su cargo por presiones políticas, y que habría un enlace entre las actuales designaciones en la Defensoría con la “estructura de la Asamblea Nacional”, en las que vinculó a Vanegas y al partido Izquierda Democrática (ID).

Como respuesta, Vanegas le leyó un correo electrónico en el que Castillo solicitaba recursos para viáticos. Castillo le dijo que él no era un actor investigado, pero el legislador afirmó que lo que buscaba era revelar: “Aquí se ha traído a un funcionario que se acostumbra a cobrar viáticos”.

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Mientras, la legisladora de la ID, Yeseña Guamaní, advirtió que se intenta desviar la atención del debate, que es el incumplimiento de funciones de Carrión.

David Rosero, vocal del CPCCS, expuso que en abril del 2019, Carrión fue designado en el cargo por el extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.

Ratificó que hubo “varios” consejeros del CPCCS que aprobaron una resolución el pasado 23 de julio, en la que se pide a la Fiscalía General que investigue a la defensora subrogante de la Defensoría, Zaida Rovira, por presunta arrogación de funciones.

En esa resolución aprobada por Rosero, Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, se exhortó a que se garantice el derecho a la presunción de inocencia de Carrión.

Para este miércoles 1 de septiembre, la Comisión de Fiscalización espera recibir a la fiscal general, Diana Salazar. (I)