Freddy Carrión es defensor del Pueblo desde hace dos años. Tras las protestas de octubre de 2019 conformó una comisión para investigar esos hechos. El informe señala presuntas responsabilidades del Estado lo que generó el rechazo del Ejecutivo.

El Gobierno cuestiona el informe, incluso el presidente Lenín Moreno habla de que la Defensoría se ha convertido en una especie de refugio de un partido político. ¿Qué criterio tiene?

El informe no es del defensor del Pueblo. El defensor del Pueblo creó la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia justamente para investigar los hechos de octubre dado que no ha existido ningún proceso de investigación para determinar la verdad de lo sucedido. Solamente hay una posición oficial sesgada, parcializada, en la cual justifican el uso excesivo de la fuerza bajo el argumento de que la democracia se encontraba bajo ataque. Respecto a lo que menciona el presidente Moreno de que el defensor del Pueblo ahora es un refugio de un partido político, sería bueno que le diga al país cuál es ese partido político; yo fui designado por el Consejo de Participación Transitorio, en este Gobierno, hace dos años; mi mandato es para cinco años, tengo todavía tres, así que no ando buscando palanqueos ni cargos públicos ni mucho menos favorecer a tal o cual candidato. Es imperativo que el próximo Gobierno acoja las recomendaciones, se menciona que tiene que haber un acompañamiento a las víctimas. Creamos la Comisión de la Verdad en noviembre de 2019, no pudo terminar su trabajo y eso desconoce el presidente de la República, no se da cuenta de que estuvimos en pandemia, confinados desde marzo del 2020, todo se retrasó, se suspendieron plazos. No habrá lugar en donde se puedan refugiar aquellas personas que hubieran cometido un delito de lesa humanidad.

¿Por qué acusar al presidente, a la exministra María Paula Romo, a funcionarios por el delito de lesa humanidad?

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Los delitos de lesa humanidad no los comete una banda de delincuentes, cuando es el Estado el que atenta contra los derechos de las personas, estamos hablando de violaciones a los derechos humanos. Hay un saldo de personas muertas, hay un saldo de heridos con lesiones permanentes, ciudadanos que fueron afectados en su libertad personal, incluso recibieron tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿quién responde?

Las Fuerzas Armadas han dicho que su actuación se enmarcó en el respeto a los derechos humanos y que no se disparó un solo proyectil de armamento letal.

El informe no les está acusando de haber disparado armas de fuego. Lo que está diciendo es que utilizaron armas no letales para causar muertes.

El presidente también ha dicho que el informe no recoge, por ejemplo, el incendio que hubo en la Contraloría.

Hay un apartado que dice delitos comunes, atentados contra la Policía, atentados contra las mujeres policías, contra los periodistas, contra los bienes públicos. El informe dice que hay delitos que se cometieron en las protestas, fueron actos vandálicos, por supuesto que fueron actos vandálicos, ¿cuál es la competencia de juzgar los delitos cuando son cometidos de un particular hacia otro? Es la Fiscalía y la Comisión dice exhorto a que eso no se detenga.

¿Cómo va su pedido para ingresar al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía?

No es que ahora por la presentación de este informe han empezado los ataques, empezó desde el mes de octubre de 2019, hubo amenazas de muerte, amenazas de bomba. No tengo las condiciones necesarias para ejercer mi trabajo. No olvidemos algo que es muy importante, es la primera vez que se está denunciando a un presidente de la República en funciones, que tiene el poder, a un ministro de Defensa que tiene el poder, lo estamos haciendo desde la ciudadanía pese a que somos una institución pública, pero estamos denunciándolo al poder, por supuesto que puede existir cualquier tipo de retaliación, lo que se pretende es callarme. (I)