Fracasó un primer intento de conciliación entre cinco miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien planteó una acción de protección para dejar sin efecto la calificación de la denuncia presentada en su contra por supuesto incumplimiento de funciones.

La presentación de la acción de protección surgió porque el 11 de abril pasado, tras una apelación a la presidencia de Llori, el CAL calificó la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres (PSC). Llori afirma que el procedimiento es ilegal y violaron sus derechos.

Dentro de la acción de protección propuesta por Llori en contra de cinco miembros del CAL, la jueza de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Raquel Herrera concedió, el pasado 27 de abril, cinco días para que exista una conciliación entre las partes. Ordenó que esa conciliación debe ser motivada por la accionante.

Los legisladores señalados son Virgilio Saquicela (antes del BAN), Yeseña Guamaní (ID), Darwin Pereira (PK), Johanna Moreira (ID) y Ronny Aleaga (UNES),

Llori convocó a los cinco accionados a una reunión para este 4 de mayo a las 10:00, y al término de quince minutos de espera dejó constancia de que no llegó ninguno de ellos, y afirmó que “se les acaba de caer la careta, porque lo que ellos quieren es la destitución ilegal de la presidenta de la Asamblea y con ello, apoderarse de todos los poderes del Estado”.

Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional, sostuvo que notificará a la jueza Herrera respecto a que la presidenta Llori cumplió con la disposición constitucional y convocó a los cinco miembros del CAL para una audiencia de conciliación. Que los citó a las 10:00 y que los esperó quince minutos y no asistieron. La jueza tiene hasta 72 horas para convocar a la audiencia para tratar la acción de protección. Salazar afirmó que el plazo de la audiencia de conciliación vencía este 4 de mayo.

Nueva convocatoria

Tres de los cinco legisladores acusados, Virgilio Saquicela, Darwin Pereira y Ronny Aleaga, llegaron al CAL luego de quince minutos. Después lo hizo la segunda vicepresidenta de la legislatura, Yeseña Guamaní.

Saquicela, Pereira y Aleaga justificaron su retraso a la convocatoria de Llori alegando que estaban reunidos en comisiones legislativas y presentaron un escrito para que esa audiencia de conciliación se realice este 5 de mayo a las 11:15.

En la misiva narran los motivos del retraso y además que lo advirtieron a los colaboradores de Llori a través de su personal de apoyo, pero que les dijeron que ella no podía recibirlos y que ya no estaba en su despacho.

Saquicela, quien es el primer vicepresidente de la legislatura, dijo que en estas circunstancias hay que ser pragmáticos, porque el diálogo pasa por la institucionalidad y el hecho cierto de que una mayoría de legisladores resolvió en el pleno que se integre una comisión ad hoc para que haga un análisis de cumplimiento o no de funciones de la Presidencia de la Asamblea.

Que la única alternativa es defender la institucionalidad, reiteró Saquicela, y que eso pasa por la posibilidad seria de que la presidenta dé un paso al costado.

En caso de que no haya esa posibilidad de reunirse, dijo el primer vicepresidente, será la jueza la que resuelva y que aspira a que no se siga insistiendo en acciones que permitan la intromisión de la justicia en el Legislativo.

Si la jueza da la razón a Llori, en la acción de protección, sería la confirmación de una intromisión de la justicia en otra función del Estado, “y creemos que no podría darse una resolución en contra de otra institución del Estado, afirmó Saquicela.

Pereira explicó que hubo razones para el retraso a la reunión de conciliación y señaló que, en apego a lo que ordenó la jueza para evitar que haya una intromisión de la justicia en asuntos de la Función Legislativa, solicitan una nueva reunión para el jueves, que a su criterio el plazo de cinco días vence este jueves y no como lo advierte el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional.

Que espera que lo hecho por Llori no sea un show más, pues lo oportuno hubiera sido que presente la renuncia, retire las denuncias e evite gastos innecesarios en abogados.

Guamaní reveló que se reunió con la presidenta de la Asamblea para encontrar el camino de la conciliación donde todas las fuerzas políticas se puedan concentrar en las prioridades y se evite actuar bajo ilegalidades como la denuncia de que las posiciones políticas no estén por encima de la ley ni la Constitución.

Denuncias en el CAL

Como últimos puntos del orden de la agenda del Consejo de Administración Legislativa (CAL), prevista para la tarde y noche del 4 de mayo, se incluyeron dos denuncias formuladas por los legisladores Ferdinan Álvarez y Marcela Holguín, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), en contra de Llori, por supuesto tráfico de influencias y cobro de diezmos.

El legislador Ronny Aleaga (UNES) afirmó que no existe voluntad en la presidencia de la Asamblea para dar paso a la calificación de las denuncias presentadas por la bancada Unión por la Esperanza, en las que se pide la destitución del cargo de asambleísta a Guadalupe Llori por supuesto tráfico de influencia, gestión de cargos públicos y cobro de diezmos. Indicó que la presidenta debería excusarse de conocer el tema.

Comisión ‘ad hoc’

Este 4 de mayo, la comisión pluripartidista ad hoc notificó por escrito y por vía electrónica a la presidenta de la legislatura sobre la denuncia presentada en su contra y que se procesa en esa mesa ocasional. La notificación también se realizó al legislador Esteban Torres (PSC), principal acusador de Llori.

Según el presidente de la Comisión, Pedro Zapata, desde este 5 de mayo comenzarán a correr los diez días para que ambas partes presenten las pruebas de cargo y de descargo, y posterior a una calificación de las pruebas se instalará una audiencia de juzgamiento. La Comisión se reunirá para aprobar el cronograma de trabajo. (I)