El asambleísta Eduardo Mendoza Hurtado de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), inició un proceso de fiscalización sobre posibles irregularidades en la contratación de obras emergentes sobre el río Upano, en el tramo Macas-Puyo, en la provincia de Morona Santiago.

El legislador remitió al  contralor General del Estado subrogante, Carlos Riofrío, al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera Falcónez y a María Sara Jijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública un documento donde advierte que al analizar la composición de los accionistas que participaron en el proceso de contratación de la obra sobre el río Upano, por parte de las empresas Hidalgo & Hidalgo y el Consorcio Río Upano 2022, por su integrante Simar Construcciones que posee un 65% de acciones ,  develaría una doble participación utilizando varias empresas.

La licitación de la obra tiene un presupuesto referencial de $18´679.016,45, para la contrucción de acceso en el puente sobre el río Upano ubicado en la carretera de troncal amazónica E45, tramo Macas-Puyo, cuyo plazo de construcción es de 730 días.

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Durante el invierno en Morona Santiago, las lluvias causaron que el río Upano arrastre gran cantidad de material, producto del proceso eruptivo del volcán Sangay, lo cual ha provocado que se desborde de su cauce y la obstrucción de dos alcantarillas, a la altura del puente de ingreso a Macas.

Tramo de la carretera Puyo-Macas colapsó por crecida de río Upano

En la denuncia, el legislador Mendoza, señala que la empresa Hidalgo & Hidalgo ofertó $16´620.553,07, con ello, existe una diferencia de menos el 11,02 % del presupuesto referencial. Y el Consorcio Río Upano 2022, ofertó $17.584.614,26; es decir, 5,86 % menos del valor referencial.

Basado en información de la Superintendencia de Compañías, el legislador Mendoza Hurtado, afirma que en el Consorcio Río Upano 2022, participa como socio con el 65% de acciones el grupo Simar Construcciones, en cuya lista de accionistas cinco están vinculados de manera directa con la compañía Hidalgo & Hidalgo.

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Recordó que la ley orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado en su artículo 11 numeral 6, determina la prohibición y advierte con sanciones todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción, e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica o bienestar general.

También la resolución del Sercop, 072 del año 2016, en su artículo 64.2, manifiesta que  las ofertas por parte de los participantes en los procedimientos de contratación pública, deben ser presentadas de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta.

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La conexión o vinculación de ofertas ya sea de forma explícita o en forma oculta con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en un procedimiento de contratación pública se encontrará definida en la metodología que para el efecto emita el Servicio Nacional de Contratación Pública, misma que será publicada en el portal Institucional del SERCOP.

En caso de que se identifique la existencia de vinculaciones o conexiones con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta, con el fin de cumplir, garantizar, asegurar y exigir los principios y objetivos del Sistema Nacional del Contratación Pública entre los que se encuentra la concurrencia, trato justo, igualdad, así como, garantizar la transparencia evitando la discrecionalidad en los procedimientos de contratación pública, y precautelar los intereses institucionales y del Estado, las ofertas serán descalificadas de manera automática en dicho procedimiento de contratación.

El legislador Mendoza al remitir la carta al ministro de Transporte y Obras Públicas alerta que también solicitó al Contralor General del Estado que inicie de manera urgente un examen especial al mencionado proceso de contratación pública, así mismo a la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de que se inicie una investigación exhaustiva del tema y se determine responsables, si es el caso, ante presuntos hechos que riñen contra la moral y perjudicarían al erario nacional. (I)