Más de 300 solicitudes de requerimiento de información a varias entidades del Estado, 14 impulsos fiscales, 12 allanamientos y casi 60 señalamientos de versiones son los que han marcado el ritmo de la investigación previa del caso Encuentro, etapa reservada que fue abierta de oficio por la Fiscalía el 9 de enero pasado.

La fiscal general, Diana Salazar, reconoció que esta investigación partió de una noticia criminis recibida luego que el medio digital La Posta hizo público que Hernán Luque, como presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), entre 2021 y 2022, prevaliéndose de su cargo y bajo la figura de una terna habría incidido en la designación de gerentes generales de empresas públicas, entre ellas, CNEL y CELEC.

La supuesta finalidad de estos funcionarios, replicó Salazar en la Asamblea, habría sido coordinar, gestionar y direccionar “adjudicaciones de contratos a empresas que formaban parte de una presunta red de corrupción a cambio de una entrega de réditos económicos ilícitos”, parte de los cuales habrían sido para Luque.

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Los tipos penales que se podrían derivar de estos hechos, según la Fiscalía, son delincuencia organizada, cohecho y concusión, todos delitos relacionados con actos de corrupción que no prescriben y que también son susceptibles de ser juzgados en ausencia.

Fiscalía denomina caso Encuentro a la presunta trama de corrupción en empresas públicas y realiza nueve allanamientos

La información entregada por La Posta habla de una red de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico. Según el medio digital, la supuesta red estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, y participaron exfuncionarios de este Gobierno, como el exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa; Hernán Luque, expresidente de la EMCO; exgerentes de empresas como Celec, CNEL, Flopec y personas particulares, entre ellas Rubén Cherres, cercano a Carrera, Leonardo Cortázar, Martha Morlas.

Al menos 20 personas aparecen señaladas con algún tipo de responsabilidad en la información que La Posta ha presentado bajo el nombre de El Gran Padrino. La mayor parte han sido llamadas por la Fiscalía a rendir versión dentro de la investigación del caso Encuentro. De lo que se conoce es que ya han salido fuera del país Cherres y Luque, exfuncionario público que estaría en Argentina.

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La fiscal general sostiene que la información que presenta el medio digital es un elemento más que debe ser puesto a análisis, luego del cual podría ser o no incorporado como dato que alimente la indagación. Pese a ello aclara que es responsabilidad de la Fiscalía realizar su propia investigación, la que permita en un momento dado arribar a una conclusión de si existen indicios fuertes sobre el cometimiento de un ilícito y de los posibles responsables.

Quito. 20/01/2023. En la fotografía aparecen varios elementos incautados durante los nueve allanamientos dentro de lo que se denomina el caso Encuentro, el cual analiza una supuesta red de corrupción existente en empresas públicas. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

En el caso Encuentro se han realizado allanamientos a instituciones públicas como la Procuraduría General del Estado y ha alcanzado a varias viviendas de personas que se cree podrían tener algún tipo de participación o información relevante.

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Caso Petroecuador

El 10 de febrero pasado, aunque la Fiscalía inicialmente informaba que se habían dado siete allanamientos dentro del caso Encuentro, poco después la propia institución aclaraba que los mismos tenían que ver con una investigación previa por supuestos hechos de corrupción, caso al que se lo había denominado Petroecuador y se abrió el 4 de agosto del año pasado

La Fiscalía ha dicho que en esta causa el sospechoso era quien al 10 de febrero pasado seguía siendo gerente de Petroecuador, es decir, Hugo Aguiar. Esta noticia criminis no tendría relación con lo dicho por La Posta, sino más bien se habría conocido a través de un parte policial que fue ingresado sobre presuntos actos de corrupción que se venían desarrollando en el interior de la estatal petrolera.

En ese caso Petroecuador se allanó no solo el domicilio de Aguiar, sino también el de Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador; César Pazmiño, exasesor de Petroecuador; Marcos Miranda, exsubsecretario Jurídico de Gobierno; y se llegó a las oficinas de la gerencia y procuraduría de Petroecuador y la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Los nombres de Aguiar, Cedeño, Pazmiño y Miranda, quienes eran parte de una investigación previa abierta hace siete meses, aparecen nuevamente como personas de interés para la Fiscalía dentro de la supuesta trama de corrupción del caso Encuentro, la cual arrancó hace solo 40 días. El negocio petrolero y supuestos actos ilegales en el mismo terminaban siendo el punto en común de estos casos.

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Investigación previa archivada que podría reabrirse

A inicios de la semana pasada, la divulgación de un informe policial reservado de una indagación abierta en mayo de 2021 sobre hechos que apuntaban a un posible delito de narcotráfico, investigación previa que habría sido archivada por orden judicial en enero de 2022 al no haberse encontrado elementos de convicción que aporten al proceso, trajo nuevamente el nombre de Rubén Cherres a la órbita pública.

Los seguimientos policiales realizados hablan de presuntos nexos de Cherres con la mafia albanesa, la cual estaba dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Las transcripciones de escuchas del caso referirían también a que Cherres aparentemente presumía de tener injerencia en cercanos al presidente Lasso, como su cuñado Danilo Carrera.

El recién nombrado ministro de Gobierno, Henry Cucalón, celebra que existan desde diversos sectores las investigaciones respectivas para descubrir a quienes hayan actuado al margen de la ley. Pero es tajante en defender que en la actual administración no hay una estructura o trama criminal y peor aún que el presidente Guillermo Lasso tenga algo que ver ni en los hechos ni en las conjeturas que se han armado en torno a estas denuncias.

Cucalón espera que pronto sean puestos a disposición de la justicia Hernán Luque, a quien califica de un delincuente, y a Cherres, de quien dice es una lacra y un sátrapa.

Ante el archivo de esta investigación previa, Salazar dispuso a la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal la realización de un informe de seguimiento, control y evaluación jurídica de las actuaciones constantes en el expediente actualmente archivado.

Dicho informe generó recomendaciones ante las cuales la fiscal general ordenó el traslado del expediente a Quito para que sea conocido e impulsado por uno de los agentes fiscales de la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones Contra la Delincuencia Transnacional (Unidot).

El ministro de Gobierno llama corrupto a Hernán Luque y lacra a Rubén Cherres; marca distancia entre ellos y el presidente Guillermo Lasso

También el informe de control ejecutado se remitirá al Consejo de la Judicatura, esto con el fin de que sea el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial el que tome las acciones respecto de la actuación de los servidores judiciales que participaron en esta causa. De la misma manera se enviará el informe de control jurídico a la Policía Nacional para que se analicen las acciones de los agentes que participaron en esta investigación.

Finalmente, Salazar informó que ha dispuesto que el agente fiscal competente de la Unidot que sea asignado analice la pertinencia de reabrir la investigación archivada. Esto, a decir de la fiscal, se daría considerando que el informe de los progresivos de las interceptaciones de llamadas habría sido agregado al expediente fiscal actualmente archivado sin el respectvo análisis.

“Podría constituir un nuevo elemento en la investigación e incluso derivar a una nueva ante un posible delito de oferta de tráfico de influencias”, señaló Salazar, al tiempo de insistir que durante la fase investigativa previa la Fiscalía analiza hechos y solo una vez que se acopian los suficientes elementos de convicción se realiza una evaluación para llegar a establecer la posible participación de ciudadanos en los potenciales delitos que se hayan definido. (I)