Fiscalía concluye con la presentación de la prueba contra tres procesados por la delincuencia organizada ocurrida en el caso Hospital de Pedernales

Oficios, documentos de identidad y certificados que detallan los movimientos del Consorcio Pedernales-Manabí en la cuenta de BanEcuador son parte de las seis pruebas documentales que presentó la fiscal general Diana Salazar para acusar por el delito de delincuencia organizada a Pablo Cruz, Dany Calderón y Danilo Véliz, señalados por ser parte de una organización para beneficiarse ilícitamente de recursos del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales.

La audiencia de juzgamiento de estos dos exfuncionarios delegados al área jurídica del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Cruz y Calderón, y de Véliz, quien sería una de las personas encargadas de efectivizar los cheques que llegaban a la organización, arrancó el martes último y se suspendió luego de tres días de diligencia el pasado viernes, 1 de abril.

En audiencia de juicio del caso hospital de Pedernales se reproducen los testimonios anticipados del exasambleísta Daniel Mendoza y tres sentenciados más

Los jueces Luis Antonio Rivera (ponente), Felipe Córdova y Walter Macías, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), determinaron que la audiencia de juicio se retomará a las 09:00 de este martes 6 de abril. En ella se deberán tomar en cuenta las disposiciones de priorizar el uso de medios telemáticos en la diligencia; pero, de ser imprescindible la realización con la presencia física de las partes procesales, será obligatorio en la audiencia la aplicación de los protocolos de bioseguridad definidos por la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura.

Salazar en audiencia presentó 95 copias certificadas de la sentencia condenatoria emitida por el juez de la CNJ, Marco Rodríguez, en esta causa en noviembre pasado.

La fiscal leyó la parte resolutiva del fallo y las conclusiones, en donde se registraría la materialidad del delito en el que ya hay personas con sentencia de culpabilidad. Los abogados de los procesados rechazaron la prueba, indicando que no se puede usar una sentencia como prueba documental.

Fiscalía presentó ante el Tribunal un oficio emitido por el Secob que certifica que dos de los procesados fueron miembros de la comisión técnica que recomendó la contratación del Consorcio Pedernales-Manabí para la obra. También un oficio en el que se evidenciarían hallazgos de inobservancias en el proceso suscrito entre Secob y el Consorcio Pedernales-Manabí.

Parte de la prueba documental para acusar sería además un oficio de BanEcuador que tendría relación a medios impresos, estados de cuentas, detalles de cuenta, detalle de transferencias, copia certificada del informe de alertas estratégicas anterior al informe a la UAFE, retiros del Consorcio Pedernales-Manabí y cheques cobrados por Véliz, con los que se materializaría la infracción.

José Véliz reconoce en su testimonio que Consorcio Pedernales-Manabí no cumplía con la experiencia para construir hospital

En el primer día de la audiencia de juzgamiento, la fiscal general presentó seis testigos y tres peritos. Además, se reprodujeron los testimonios anticipados de los ya sentenciados Daniel Mendoza, exasambleísta; de su exasesor en la Asamblea, Jean Carlos Benavides; del contratista Franklin Calderón; y del representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz.

Mendoza fue sentenciado en esta causa como líder de la organización a cuatro años y dos meses de cárcel; mientras que Calderón, Benavides y Véliz fueron condenados a 34 meses de prisión.

El también exasambleísta Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil fueron llamados a juicio, pero la etapa de juicio contra ellos está en suspenso, pues se mantienen prófugos de la justicia y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.

Ya concluida la presentación de la prueba de parte de la Fiscalía, será el turno de presentar la prueba pericial, testimonial y documental que mantiene la acusación particular en este caso, la Procuraduría General del Estado. Luego deberán intervenir con sus pruebas los abogados de los tres procesados. (I)