Fiscalía arranca el tercer día de audiencia en caso Las Torres con la presentación del séptimo elemento de convicción, de 289 que mantiene

En el tercer día de audiencia preparatoria de juicio del caso Las Torres, la fiscal general Diana Salazar continuará exponiendo los elementos de convicción para fundamentar su dictamen acusatorio contra los trece procesados por el delito de delincuencia organizada ocurrido a partir de tres entidades públicas entre los años 2017 y 2020.

La tarde del miércoles último, Salazar en casi tres horas expuso 6 de los 289 elementos de convicción generales y particulares que —dijo— sostiene para asegurar que los trece investigados mantienen la calidad de autores directos del delito que se analiza. Horas antes de que la fiscal general arrancara con su dictamen acusatorio, el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova declaró válido todo lo actuado dentro de la instrucción fiscal y desechó las nulidades planteadas por las defensas de los acusados.

Juez de la Corte Nacional declara válido todo lo actuado en el caso Las Torres; Fiscalía mantiene 289 elementos de convicción contra los procesados

Diana Salazar sostiene que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la Empresa EP Petroecuador, Contraloría General del Estado (CGE) y secretaría de la Presidencia de la República, que —valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco— planificó obtener beneficios económicos.

Según la Fiscalía, en la Contraloría, Petroecuador y la secretaría de la Presidencia de la República operó un grupo estructurado que cobraba sobornos a empresas contratistas a cambio de liberar pagos o desvanecer glosas.

Los seis elementos de convicción expuestos hasta el momento incluyen conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados, acción realizada mediante pericias especializadas en la extracción y materialización. Para Salazar esas conversaciones de chat leídas en audiencia evidencian la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios, a quienes se solicitaba dinero, como con colaboradores, con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos.

Para la defensa del excontralor Pablo Celi, Marcelo Ron, lo que hasta el momento ha presentado la fiscal Salazar son transcripciones de chats con conversaciones referenciales de terceras personas y que no corresponden ni siquiera a los procesados. En cuanto a que el juez Córdoba declaró válido todo lo actuado, Ron calificó aquello como una falta de objetividad de él, como una falta de imparcialidad total.

“Se ha objetado la forma como está presentando el dictamen fiscal: está contrario a ley. Pero, sin embargo, el juez no le conmina para que la Fiscalía presente de acuerdo a la Ley y le deja que siga interviniendo la fiscal, lo cual influye directamente en el ánimo de las defensas y nos da a pensar cuál será el resultado final. (...) La objeción está en que no se está cumpliendo con lo que dice la ley de cómo debe presentar la Fiscalía los elementos de convicción que tiene. Dice que debe determinar los elementos de convicción que determinan las acciones de cada uno de los procesados, y aquí está confundiendo todo, y dentro de las lecturas que está dando a los chats realiza comentarios propios, luego dice que son comentarios que están dentro de los chats, lo cual no responde a la realidad que está en los documentos”, afirmó Ron.

El elemento de convicción número siete, con el que empezó la tercera jornada Salazar, tendría relación con la supuesta responsabilidad en el hecho investigado del excontralor Pablo Celi, de su hermano Esteban Celi, del exgerente de Petroecuador Pablo Flores, del exgerente de Refinación de Petroecuador Mauricio Orellana, del empresario Álvaro de Guzmán, de Silvia López, de Ángelo Rodríguez, de Adolfo Agusto Briones —hermano del exsecretario de Presidencia José Agusto Briones—, de Natalia Cárdenas, Roy Calero y Martha Barrezueta.

El 20 % de una factura de $ 20,3 millones era el beneficio que buscaba la ‘organización delictiva’ en caso Las Torres, sostiene Fiscalía

A decir de Salazar, el 20 % de una factura que adeudaba Petroecuador a la empresa Nolimit C. A., por $ 20,3 millones, era el beneficio que pretendía obtener la “organización delictiva” en la que habrían ejercido el liderazgo el exgerente de Petroecuador Flores, el excontralor Celi y el fallecido exsecretario José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal.

Debido a que serían 289 los elementos que posee la Fiscalía, además de que aún resta que la institución que lleva la acusación oficial anuncie su prueba pericial, testimonial y documental que usará dentro de una posible audiencia de juzgamiento en este caso, se prevé que la participación de Diana Salazar demore algunos días más.

Casi una hora después de haber iniciado su exposición la fiscal Dana Salazar y sin culminar la exposición del elemento de convicción número siete, la funcionaria solicitó un receso al juez, debido a que ella era la representante del Ecuador y la ponente en la  Cumbre de Lucha contra la Corrupción, a propósito del Día Contra la Corrupción este 9 de diciembre. Para este evento en Estados Unidos Salazar debía conectarse de forma telemática.

Ante el pedido, Felipe Córdova suspendió la diligencia y dispuso se la reinstale a las 14:30 de este jueves. El juez aclaró que él será flexible con el calendario de la audiencia.(I)