En el Registro Oficial ya se publicó la fe de erratas que se anunció sería enviada para corregir la resolución sobre las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional, en la que se detectaron 43 errores en los nombres, números de cédula y de causas, así como la omisión de dos beneficiarios.

En las 43 rectificaciones se presentaron 7 correcciones en los casos de judicialización por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social; 32 en el caso de los defensores de derechos comunitarios; uno en administración de justicia indígena; 2 en defensores de la naturaleza y un caso de un procesado sobreseído.

El detalle global de los errores era el siguiente: 31 en número de cédula de identidad, 9 en el nombre del beneficiario, 3 en el número de caso y 2 casos de personas que fueron omitidas en el listado de amnistiados. La publicación de la resolución legislativa con las correcciones se realizó el 15 de marzo pasado en el Tercer Suplemento del Registro Oficial n.° 021, donde consta el listado de 268 personas procesadas en 60 causas judiciales por 22 delitos.

Álvaro Salazar, secretario general del Legislativo, envió el oficio n.° AN-SG-2022-0294-O el pasado 1 de abril al Registro Oficial.

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“Por medio del presente y... conforme la atribución establecida en el numeral 17 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y según el contenido del Memorando n.° AN-RJMF-2022-0038-M de 24 de marzo de 2022, suscrito electrónicamente por el asambleísta Mario Fernando Ruiz Jácome en calidad de ponente del informe, se cumple con poner en su conocimiento la fe de erratas respecto de la ‘Resolución que concede la amnistía a varios ciudadanos con base en el informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos como Derechos Colectivos y la Interculturalidad’ del pleno de la Asamblea Nacional”, indica la misiva.

Salazar esclarece también que adjuntaron para su publicación el Memorando n.° AN-RJMF-2022-0038-M y la fe de erratas de la Resolución RL-2021-2023-053.

Expertos mencionaron en anteriores entrevistas que el pleno del Legislativo tenía que haberse pronunciado “para solventar estos temas y darle el mismo peso que la resolución original” y que una fe de erratas va a dejar dudas en administradores de justicia respecto a la aplicación.

En un posible escenario en que los administradores de justicia tengan dudas, podrían llegar a solicitar algún tipo de certificación a la secretaría general de la Asamblea respecto a la fe de erratas, y que pueden presentarse situaciones de casos en los que se demoren en aplicar las amnistías y las personas beneficiadas tengan que presentar acciones ante la Corte Constitucional. (I)