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Fausto Murillo se juega una nueva carta para evitar que quede en firme la remoción como vocal del Consejo de la Judicatura

Por una decisión de mayoría en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fausto Murillo fue removido del cargo como vocal del CJ.

El ahora exconsejero de la Judicatura, Fausto Murillo, presentó una acción de protección para evitar su destitución del cargo, la cual fue resuelta por una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Sugey Hajjar

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El próximo miércoles 12 de mayo, desde las 08:30, continuará la audiencia para tratar la acción de protección interpuesta por el ahora exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, para evitar que quede en firme la remoción que decidió en su contra una mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el 23 de abril último.

La mañana de este jueves se instaló en Quito la audiencia solicitada por Murillo y la misma duró más de dos horas, hasta que por decisión del juez Henry Navarrete, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, la diligencia se suspendió. Aún faltan por intervenir abogados y quienes han presentado amicus curiae sobre la causa que se tramita.

Al momento el accionante así como los demandados, a través de sus abogados, expusieron los argumentos que sustentan sus posiciones respecto al tema: Murillo alegando que el Consejo de Participación no tiene competencia para removerlo del cargo, luego de que el Cpccs transitorio lo designó; mientras que el Consejo de Participación defiende la decisión adoptada por la mayoría del Pleno porque no violentaba ninguna norma.

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Esta es una nueva carta legal que se juega Murillo luego de que el Consejo de Participación decidió separarlo de su cargo debido a que el Ministerio del Trabajo solicitó al CPCCS “resolver sobre la cesación y remoción de las funciones” del entonces vocal Murillo, por reportar un “impedimento legal” para ejercer el cargo público.

La acción de protección planteada por Murillo va directamente contra la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida; el vicepresidente del mismo organismo, Francisco Bravo, y los cinco consejeros que completan el CPCCS.

El coordinador jurídico del Consejo de Participación, Freddy Eduardo Vejó, explicó que Murillo presentó inicialmente una medida cautelar en Babahoyo, donde no era su lugar de residencia y no tenía efectos jurídicos la resolución del Ministerio de Trabajo ni del Cpccs. Recordó él que ya un juez estableció que el Consejo de Participación actuó dentro de sus competencia constitucionales y legales.

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Murillo, quien fue propuesto por la Asamblea Nacional y no fue impugnado, fue designado en enero de 2019 en un concurso por terna que realizó el Consejo de Participación Transitorio.

De su parte, Fausto Murillo insiste en que en audiencia su defensa ha dado a conocer toda la violación de derechos que ha sido objeto él. Comento que lo que le ha llamado la atención es que un abogado de la contraparte se “acogió al derecho al silencio” y durante la diligencia no pronunció palabra. “Seguramente esto se da porque no tienen argumentación, porque el país entero ha visto la violación de mis derechos constitucionales. Lo único que han tratado es de sorprender a la administración de justicia constitucional con argumentos muy ligeros”, apuntó.

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El 27 de abril último, el Consejo de Participación notificó oficialmente al CJ con la resolución que adoptó. La mañana del miércoles último ya se realizó la primera sesión entre los plenos del CJ y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la que ya participaron el reemplazo de Murillo, Elsy Celi Loayza, y el nuevo vocal Jorge Muñoz, quien ocupa el cargo en lugar de Jorge Moreno, vocal que renunció en noviembre pasado.

Una vez que se confirmó la remoción, Fausto Murillo denunció que su salida responde a intereses que buscan tomarse y meter nuevamente mano a la justicia. “Debe haber intereses para que Fausto Murillo esté fuera del CJ”.

Ante esta idea, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, indicó que de ninguna manera la remoción de un vocal de la institución “puede constituir de forma alguna una injerencia o cambios en la administración de justicia”. Rechazó la pretensión de indicar a la ciudadanía de que porque se remueve una vocalía del CJ se cambian los fallos.

“Eso quisiera decir que estamos echando al traste la independencia judicial por la que hemos luchado desde el primer día de nuestra gestión”, apuntó Maldonado, mientras confirmó que no son ciertos los rumores que indican que se quiere remover del cargo a Iván Saquicela, presidente de la CNJ.

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En sus primeras declaraciones, la vocal Celi aseguró que existirá el respeto a la independencia de la Función Judicial. “Los hechos hablarán con mi presencia dentro del Consejo de la Judicatura”.

Sobre si el CJ ya trabaja con la vocal Celi, Murillo dijo que el Consejo de la Judicatura no ha posesionado a nadie, sino que fue la Asamblea que el 29 de enero de 2019 posesionó a vocales principales y suplentes del CJ. “Lo que se ha hecho en este lapso de mi ausencia es llamar a mi suplente (Elsy Celi)”, aclaró.

La diligencia en este caso se dio en la sala 304 del Complejo Judicial Norte, en Quito. (I)

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