En lo que va del 2021, la Corte Constitucional (CC) ha recibido tres pedidos de dictamen de constitucionalidad para convocar a consultas populares, entre la expectativa de que se pronuncie sobre la reforma parcial a la Constitución y la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse un plebiscito.

Dos de los tres pedidos fueron negados y archivados, y uno está en trámite. Este último lo impulsa el excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel y otros diez ciudadanos. Contiene cinco preguntas.

La primera plantea enmendar la Constitución para prohibir sin excepción la minería metálica en todas sus etapas y zonas donde hay fuentes de agua; la segunda, tipificar como delito en el Código Orgánico Integral Penal el ecocidio, relacionado con la contaminación masiva de fuentes naturales como el agua, aire, tierra y la destrucción de la flora y fauna.

En materia política, que se eliminen sin excepción los sueldos vitalicios de expresidentes y exvicepresidentes; que se enmiende la Constitución para reducir el número de asambleístas, y otra enmienda para que el Estado garantice el libre ingreso a las instituciones públicas de educación superior.

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El trámite está en el despacho del juez Agustín Grijalva. En esa línea, varias organizaciones sociales presentaron, el miércoles último, amicus curiae a la propuesta.

En los exteriores de la CC, en Quito, Pérez pidió un pronunciamiento de los jueces que esté “sintonizado con las demandas ciudadanas”.

Aprovechó para exigir al presidente Guillermo Lasso que no pretenda engañarlos si presenta otra propuesta de consulta relacionada con la explotación minera.

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“No nos pretenda engañar diciendo que va a consultar sobre la prohibición de minería a cielo abierto. No nos vamos a comer eso. La consulta popular debe prohibir la minería en todas sus modalidades. No hagan preguntas tramposas”, expresó Pérez.

El Gobierno no ha revelado cuáles serían las preguntas que se harían y cuándo presentará su iniciativa ante la CC.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aclaró que se buscaría el pronunciamiento del soberano en el caso de que acciones relacionadas en materia económica, por ejemplo, no tengan respaldo en la Asamblea Nacional.

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En ese contexto, resaltó que la propuesta de reforma parcial a la Constitución, que empujó el Comité por la Institucionalización Democrática, debe tener una respuesta de la Corte.

“La Asamblea Nacional anterior completó el proceso y lo terminó archivando. Es importante que la Corte analice el tema y pueda dar una definición”, dijo Vela en una entrevista en el canal Teleamazonas el 21 de julio.

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La ministra reconoció que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la reestructuración de la Asamblea Nacional, que es parte de la propuesta del colectivo ciudadano, requieren de una reforma parcial y no de una consulta.

Y añadió que, de efectuarse cambios legales, sería a través de enmiendas constitucionales.

El coordinador del Comité, Pablo Dávila, presentó ante la CC una demanda de seguimiento al cumplimiento del dictamen de constitucionalidad a la reforma parcial, después de que la Asamblea del periodo anterior no aprobó los textos.

La CC solicitó la información a la Asamblea sobre sus actuaciones, y la expresidenta de la Comisión de Enmiendas, Elizabeth Cabezas, remitió la información, al tiempo que pidió a los jueces que archiven este proceso.

Pero Dávila exige a la Corte que se pronuncie disponiendo que regrese al tratamiento del Legislativo o disponga que se convoque a la ciudadanía a referéndum.

Él cree que, si los magistrados le dan la razón a la Asamblea, “no tendríamos más que hacer”, sin embargo, “esa decisión sería la carta de defunción para la participación ciudadana”, opinó ayer en una entrevista en radio América.

“Si la Corte Constitucional no corrige lo actuado por la Asamblea, se afectará la participación ciudadana, porque la Asamblea le puede decir no a todo” añadió.

En tanto, los otros dos pedidos de dictamen de constitucionalidad fueron negados y archivados por la CC, porque no cumplían con los parámetros de control previstos en la Carta Política.

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Uno lo realizó Galo Merchán, representante del colectivo Soluciones, que en una sola pregunta pedía que los electores se pronuncien si están de acuerdo o no en “alistar a la juventud de entre los 18 a 22 años, por un periodo de un año calendario, al servicio comunitario-formativo en calidad de asistentes públicos en todas las áreas estratégicas”.

Otra propuesta con cuatro preguntas la realizó Richard Paredes, presidente del Gobierno Parroquial de Pacto (Pichincha), y otras quince personas para que se pronuncien sobre si la ciudadanía está o no de acuerdo con prohibir la explotación minera metálica artesanal, a pequeña, mediana y gran escala dentro de las áreas naturales del Distrito Metropolitano de Quito y de las áreas ecológicas de Nono, Calacalí, Nanegal, Gualea y Pacto, que conforman la mancomunidad del Chocó Andino. (I)