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El pasado 9 de septiembre, la mesa de fomento productivo firmó el acta que contiene los desacuerdos y acuerdos a los que llegaron las organizaciones indígenas y el gobierno de Guillermo Lasso. En la foto: Fernando Ponce, Samuel lema, Patricia Calderón, Juan Páez y Bernardo Manzano. Foto: API

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La mesa de fomento productivo, una de las cinco primeras que se instalaron en el marco de los diálogos entre el gobierno de Guillermo Lasso y los movimientos indígenas, es la que más acuerdos alcanzó, según la evaluación realizada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

El desacuerdo principal tiene relación con el impacto de las políticas de libre comercio y tratados de libre comercio en el sector agrícola. El régimen no aceptó la propuesta de los indígenas respecto a dejar por fuera de esas negociaciones al agro por ser una actividad sensible.

El acta de cierre de la mesa técnica se firmó el pasado 9 de septiembre por delegados del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano.

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Las mesas técnicas se crearon en atención al Acta de Paz firmada por el régimen y estos grupos para dar fin al paro de 18 días que vivió el país en junio pasado.

A continuación los acuerdos alcanzados:

1. Articular una línea de investigación con el Gobierno nacional fortalecerá al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) para realizar estudios sobre transiciones agroecológicas. La investigación se realizará de forma participativa.

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2. Se mantiene la propuesta de crear un nuevo proyecto de inversión para formación agroecológica. Además, se contempla la posibilidad de trabajar consensuadamente en el proyecto Piater que ejecuta el Gobierno nacional actualmente, para formación agroecológica con las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como con todos los agricultores pequeños del país.

Dentro del proyecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ampliará el alcance y socializará el eje de formación agroecológica en el país, recogiendo las prácticas ancestrales. Para el desarrollo de contenidos de formación se tomarán en cuenta los resultados de los estudios de sistematización sobre transiciones existentes.

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3. El Ministerio desarrollará un proyecto de inversión para la implementación de biofábricas a nivel nacional para producción de fertilizantes orgánicos. Se planteará consensuadamente una hoja de ruta para la implementación de las biofábricas en el marco del Fiasa, que será presentada hasta el 30 de septiembre.

4. El Gobierno nacional fortalecerá al Iniap para propiciar el funcionamiento y creación de nuevos bancos y casas de semillas. Se trabajará conjuntamente entre las partes para fortalecer y difundir los bancos y casas de semillas existentes y futuros.

5. Existe acuerdo en la línea de crédito blando con las siguientes condiciones: crédito de $ 5.001 a $ 20.000, hasta 3 años de gracia y plazo hasta 10 años al 5% de interés.

El crédito mantendrá las siguientes características:

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a) Prioridad para producción agroecológica.

b) Existirán consideraciones de flexibilidad para quienes no tienen título de propiedad (propiedad comunitaria), por ejemplo, presentación de certificados comunitarios.

c) En créditos hasta $ 10.000 no se considerará como crédito hipotecario, excepto si dicho monto se utiliza para adquirir un bien inmueble. Este crédito iniciará con una disponibilidad de $ 40 millones a través de BanEcuador a partir del 12 de octubre de 2022. Los requisitos serán:

  • Plan de inversión para toda solicitud.
  • RUC/Rimpe (con una vigencia mínima de un año) u otros que avalen la actividad económica y sean legalmente reconocidos, por ejemplo, visitas in situ.
  • En caso de que BanEcuador logre obtener subvenciones de parte de entidades del sector público y/o carteras de Estado, el banco trabajará únicamente con personas que consten en las bases de datos y/o catastros físicos o electrónicos, y otras estrategias que sean consensuadas entre los órganos públicos.

6. Construcción y ejecución conjunta del Programa Nacional para la Agricultura Familiar Campesina, entre el Gobierno nacional a través de las instituciones competentes, organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Los ejes a través de los cuales se desarrollará el programa son los siguientes:

a) Comercialización

b) Asociatividad y cooperativismo

c) Capacitación y formación

d) Riego

e) Legalización y acceso de tierras

f) Valor agregado

g) Comunicación y difusión

h) Crédito y subvención

En el Programa Nacional se definirán los mecanismos de ejecución, los tiempos de implementación, el presupuesto y las fuentes de financiamiento que se asignará. El ministerio realizará los procedimientos correspondientes para obtener el financiamiento del programa. Implementación del programa: hasta el 12 de octubre se presentará la hoja de ruta que contendrá la fecha de presentación del programa final. Para tal efecto, se suscribirá un convenio.

El MAG facilitará la logística para que el equipo designado por las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades Indígenas pueda desarrollar sus funciones dentro del programa.

En el acta de acuerdos se incluirán los datos del equipo designado por las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas.

7. Las partes concuerdan en la necesidad de contar con un plan nacional de vialidad rural. El MAG socializará a las organizaciones sociales y organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas la información respecto a la situación actual de la vialidad rural y vías rurales pendientes por construir y mantener. Está información será compartida antes del 7 de octubre de 2022. Las partes se reunirán con posterioridad a la entrega de información. El MAG se compromete a generar una reunión entre las distintas entidades y órganos competentes para promover el plan nacional de vialidad rural.

8. Implementar una comisión en la que participarán las partes con la finalidad de establecer precios referenciales al productor y canales de comercialización. La comisión elaborará el primer borrador del proyecto de decreto ejecutivo hasta el 3 de octubre y el documento final deberá estar listo hasta el 12 de octubre.

9. La comisión señalada continuará trabajando para establecer una hoja de ruta para obtener una base de información y metodología para establecer precios a nivel local, teniendo en cuenta las propuestas de las partes para llegar a consensos.

10. La comisión señalada continuará trabajando para establecer la campaña de socialización y aplicación de la política pública. Así como también la evaluación del impacto del decreto ejecutivo.

El paro nacional duró 18 días en junio pasado. Concluyó tras la firma del Acta por la Paz entre el Gobierno y los grupos indígenas, en la que se acordó formar diez mesas de diálogos. Foto de Archivo Foto: Carlos Granja Medranda

11. Presentar un borrador de norma técnica sobre obtenciones vegetales (flores) por parte del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi) hasta el 30 de septiembre de 2022 a las organizaciones sociales y de los pueblos y nacionalidades indígenas. El documento final estará listo hasta el 12 de octubre de 2022. En este proceso participan los equipos técnicos de los grupos sociales e indígenas.

12. Publicación de información y datos de variedades vegetales. La fecha de lanzamiento en la página web es el 15 de septiembre de 2022. Se canalizará la posibilidad de realizar de forma bilingüe. Se publicará la siguiente información: titular de la obtención, denominación varietal, taxón botánico, estado, fecha de concesión, fecha de vencimiento. El Senadi otorgará un 50 % de descuento para pymes en la emisión de certificados de búsqueda y se analizará la posibilidad de otorgar un descuento mayor, según los procesos del Ministerio de Finanzas.

13. Elaborar un plan anual de talleres de propiedad intelectual hasta el 26 de septiembre. El Senadi verificará la disponibilidad de traductores con Cancillería para realizar capacitaciones en las lenguas de los pueblos.

14. El Senadi comunicará directamente a las organizaciones la información sobre becas de formación en derechos intelectuales. Hasta el 9 de septiembre de 2022 se debe informar al organismo el nombre de la persona designada para una beca del 100 %. La postulación es hasta el 11 de septiembre de 2022.

15. En los conflictos de floricultores con obtentores se acudirá a la mediación de manera previa a los procedimientos administrativos. El Senadi propondrá la realización de la mediación en el lugar que acuerden las partes, para lo que se incluirá un apartado en la norma técnica sobre el proceso de mediación.

16. Solicitar convocatoria a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) y el Consejo Nacional de Facultades Agrarias, en el plazo de 90 días, para universidades públicas y privadas que quieran formar parte del proyecto de fitomejoramiento en plantas ornamentales.

17. El Gobierno nacional analizará la redacción del proyecto de ley económica propuesto por las organizaciones sociales y de los pueblos y nacionalidades indígenas hasta el 3 de octubre de 2022.

18. Fomento de uso de variedades vegetales en dominio público. Se Incluirá una disposición transitoria, en la cual se establezca un tiempo específico de hasta 30 días, a partir de la expedición de la norma técnica, para implementar el registro e inscripción de contratos sobre regalías de flores (el solicitante podrá ser el obtentor).

19. El Ministerio de Agricultura generará el acercamiento entre Plantec (plantas técnicamente producidas) y los floricultores. Entre los temas a tratar estará el conocimiento de la sentencia de justicia indígena.

20. Se darán asesorías gratuitas aplicadas al sector floricultor a través del Senadi. (I)

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