Equipo jurídico de la Presidencia de la República analiza el dictamen de la Corte Constitucional sobre la consulta popular

En un comunicado divulgado en la red social Twitter, el Ministerio de Gobierno indicó que el régimen ya fue notificado con el dictamen de la Corte Constitucional (CC) respecto a la vía que procede para realizar los cambios constitucionales planteados en su consulta popular de ocho preguntas.

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La CC aceptó que se use la vía de la enmienda para las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8; pero indicó que para las preguntas 1 y 6 se requiere de una reforma parcial. La enmienda sí puede hacerse a través de un plebiscito, pero la segunda necesita ser tramitada en la Asamblea Nacional.

El Gobierno señaló que, de momento, el equipo jurídico de la Presidencia está analizando el dictamen para resolver las acciones que se tomarán, “que siempre velarán por los intereses y el bienestar de los ecuatorianos”.

“¡La consulta es un proceso democrático y ciudadano, que permitirá solucionar las principales preocupaciones y demandas que tiene el país!”, expresó en el comunicado.

En una entrevista con este Diario hace tres semanas, la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, adelantó que en aquellas preguntas que no puedan plantearse como enmiendas en la consulta popular tampoco se optaría por la vía de la reforma parcial a través del Parlamento.

Las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 se refieren a permitir las extradiciones de ecuatorianos que tengan relación con el crimen transnacional; la creación de un consejo fiscal que evalúe, elija y sancione fiscales; la modificación de la forma para elegir a los asambleístas; aumentar el número de afiliados para los partidos y movimientos políticos; la creación de un subsistema de protección hídrica; y la compensación para comunidades que trabajen en protección ambiental.

La 1 proponía que las Fuerzas Armadas apoyen de manera complementaria a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado sin necesidad de emitir un estado de excepción; y la 6, que la elección de las autoridades de control pase del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la Asamblea Nacional. Respecto a estas últimas, la Corte señaló que alteraban la estructura del Estado y los principios fundamentales que constan en la Constitución vigente.

El hecho de que la Corte no haya dado paso a estas últimas preguntas “debilita la estructura de la consulta de Lasso en términos de popularidad”, consideró el analista político Cristian Carpio.

“La principal preocupación de los ecuatorianos es la seguridad; y, si usted lee en la mayoría de encuestas, una de las preguntas que mayor respaldo pudo haber tenido era la de las FF. AA (...). Esa pregunta pudo haber jalado votos para otras que quizás no son tan populares. El Gobierno había armado una suerte de tren poniendo las preguntas de mayor popularidad al inicio y al final. Por eso, esto afecta a los cálculos políticos del Gobierno de obtener un resultado favorable en bloques”, comentó.

Agregó que el régimen tiene muchos bloqueos en la Asamblea en temas de seguridad; esto ya se vio en el trámite de la ley del uso legítimo de la fuerza. “No va a lograr que los legisladores den ahora su voto para permitirle al presidente sacar a las FF. AA. a las calles sin ningún control”, opinó.

Respecto al CPCCS, Carpio consideró que quizás no sea oportuno insistir en este tema, porque hay muchos intereses políticos en juego y por la proximidad de las elecciones del 2023, en las que no se elige solamente a las autoridades seccionales, sino a los vocales de ese organismo.

En cambio, Carpio señaló que, si bien el mandatario no tendría votos en la Asamblea para impulsar la reforma parcial sobre el rol de las FF. AA., podría de todas maneras enviar su proyecto para que, de no ser aprobado, la responsabilidad de no “querer trabajar” por la seguridad recaiga sobre los legisladores.

Ahora, si el Gobierno resuelve no ir por la vía de la reforma parcial, a través de la Asamblea Nacional, le tocará trabajar “con lo que hay”, señaló el experto en temas militares Gustavo González.

“El Gobierno tiene que trabajar de manera activa y eficiente con las instituciones encargadas de la seguridad interna y externa del país. Hay que involucrar a las FF. AA. en la lucha contra el narcotráfico; no tenemos otra opción como república, dado que la Policía Nacional ha sido evidentemente sobrepasada por el crimen organizado. Entonces, tendrá que dictar los estados de excepción que sean oportunos”, dijo.

González recordó que la Corte ya se había pronunciado sobre este tema en el mismo sentido. Es decir, el Gobierno planteó esto corriendo el riesgo de que se negara. (I)