Sea como funcionarios públicos o como personajes “influyentes”, todos los mandatarios ecuatorianos desde el retorno a la democracia han tenido parientes “incómodos” en su entorno que fueron señalados por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, o simplemente por incidir de alguna manera en decisiones de Estado.

La historia más reciente gira en torno a la figura del cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Una investigación del medio digital La Posta lo señaló como la cabeza de una red de tráfico de influencias en las empresas públicas que supuestamente manejaba a través de su amigo Rubén Cherres. Por eso el portal lo describió como El Gran Padrino. El caso está en manos de la Fiscalía General, que lo denominó Encuentro.

Lasso ha defendido a Carrera diciendo que es un hombre honrable e intachable. Pero reconoció que su cuñado “pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo, pero nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno, ni siquiera han intentado sugerir alternativas para mis decisiones en favor de ustedes, en favor del bien común”.

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Pero situaciones similares se han vivido mucho antes. Así, en 1979, el ahora fallecido mandatario Jaime Roldós designó a su cuñado Abdalá Bucaram como intendente de Policía del Guayas. Su paso por la Intendencia estuvo marcado por la polémica, según reseñas de prensa de la época: clausuró bares y discotecas en la avenida Lorenzo de Garaycoa, persiguió a los jóvenes rockeros a los que se capturaba y cortaba el cabello, en sus dependencias prohibió el uso de minifaldas a las mujeres.

También nombró a su hermano León Roldós como miembro de la Junta Monetaria, y a otra de sus cuñadas, Elsa Bucaram, como secretaria privada de la Presidencia.

En 1986, en el gobierno de León Febres-Cordero, su yerno y secretario particular, Miguel Orellana, entregó $ 150.000 al experto israelí en seguridad Ran Gazit para dar asesoría en la lucha contra la subversión. El dinero entregado era de la cuenta de fondos reservados del Banco Central del Ecuador. En 1990 el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro Larrea, abrió una causa penal contra ambos, pero fueron sobreseídos..

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El expresidente Rodrigo Borja designó a su hermano Francisco como asesor personal; además colaboraba en el proyecto Figna o Sistema de Información para la Gestión Macroeconómica, que era un programa que financiaba las Naciones Unidas para apoyar la gestión de la Presidencia.

En tanto que en el gobierno de Sixto Durán-Ballén se dio el caso Flores y Miel, en el que estuvo involucrada su nieta Enma Paredes Durán-Ballén y el esposo de esta, Fabián Anda, que era funcionario de Petroecuador en Houston (Estados Unidos).

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Enma Paredes solicitó un préstamo de $ 900.000 para la empresa Flores y Miel, que fue concedido por el gerente de la Corporación Financiera Nacional, Leonardo Stagg, el 13 de enero de 1994. El dinero fue entregado a sus suegros, Galo Anda y Elba Carreño, porque la compañía no estaba constituida legalmente sino hasta después de recibirlo. El 20 de septiembre de 1994, Enma Paredes y Leonardo Stagg fueron sindicados con orden de prisión preventiva y la extradición desde Estados Unidos. 19 de octubre de 1994 se revoca la orden de prisión preventiva en contra de los sindicados en este caso.

En 1996, el exmandatrio Abdalá Bucaram designó a su cuñado Pablo Concha como ministro de Finanzas; y a su hermano Adolfo Bucaram como ministro de Bienestar Social.

En el mandato de Gustavo Noboa, su hermano Ricardo era considerado como el “hombre fuerte”, el de mayor confianza de su entorno. El 2 de febrero del 2000 fue nombrado presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización (Conam). Fue criticado en varios sectores por los pocos avances de su gestión modernizadora. La venta del 51% de las acciones de las empresas de distribución de energía eléctrica anunciada por el régimen fracasó.

Ricardo Noboa presidió el Consejo Nacional de Modernización en el gobierno de su hermano Gustavo. Foto de Archivo

Lucio Gutiérrez nombró en el 2003 a su cuñado Napoleón Villa, coronel de Policía retirado, es posesionado como presidente del Fondo de Solidaridad. Está casado con Janeth Gutiérrez.

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Sus hermanas Susana y Paola Gutiérrez fueron, en su orden, consulesa en Argentina y coordinadora del Banco del Estado. Jeaneth, otra hermana, manejó parte de la administración de Carondelet, pero no tuvo cargo oficial. El yerno de ella, Dany Jarrín, fue miembro del Consejo de Petroecuador. Ximena Bohórquez, esposa de Gutiérrez, fue diputada y, a la vez, presidenta del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia; Gilmar Gutiérrez, su hermano, y Renán Borbúa, su primo, fueron legisladores.

Marcha por los 100 días de Gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Desde el balcón presidencial saludan Jeaneth Gutiérrez, Napoleón Villa y el exmandatario. Foto tomada el 24 de abril del 2003

Luego, en el 2005, Marcelo Arcos, sobrino político del mandatario Alfredo Palacio, fue nombrado presidente del Fondo de Solidaridad. Se le acusó de tener un conflicto de intereses por la contratación de su flota naviera con instituciones como la Marina Mercante. Arcos era considerado como uno de los hombres de mayor confianza para Palacio durante su administración.

En el régimen de Rafael Correa, investigaciones periodísticas revelaron que su hermano Fabricio Correa mantenía contratos con el Estado a través de empresas y consorcios supuestamente vinculados a él. Este es el caso que se conoció como El Gran Hermano. El jefe de Estado anunció que todos estos contratos se darían de baja.

Su primo segundo, Pedro Delgado, fue presidente del Banco Central del Ecuador, pero renunció al cargo tras revelarse que falsificó su título como economista; luego se le abrieron varios procesos penales por peculado y enriquecimiento ilícito por los que fue sentenciado a cárcel. Vive en Miami, Estados Unidos.

El expresidente Rafael Correa ordenó terminar los contratos de obras públicas que mantenían empresas vinculadas a su hermano Fabricio. Foto de Archivo

De otro lado, la hija del expresidente Lenín Moreno, Irina, fue consejera de la misión del Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y el primo de la esposa del Presidente, Héctor González, ocupó el cargo de gobernador de Cotopaxi. La primera dama, Rocío González, siempre fue considerada como un personaje de mucha influencia sobre el mandatario.

Moreno, que ahora vive en Paraguay, y algunos integrantes de su círculo familiar son procesados por presunto cohecho en el caso Synohidro.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, explica que los parientes de los mandatarios han transitado por dos andariveles en los gobiernos: o han sido colaborados con funciones públicas o han estado cerca del poder sin tener cargos.

“En los primeros casos ha habido algún tipo de control del Estado porque era una función obvia y esto no está prohibido por la ley... Pero es evidente que cuando los parientes se han acercado al poder aprovechando la figura presidencial que los cobija no siempre ha sido con la finalidad de ayudar a su actividad política sino para ejercer mecanismos de presión, llámese tráfico de influencias, para obtener ventajas, como por ejemplo en el caso Flores y Miel o El Gran Hermano”, expresa el activista.

Rodas ve dos problemas: por un lado, hay familiares que no “dejan en libertad” a sus parientes para que cumpla su responsabilidad porque no comprenden que deben guardar no solo apariencias si no respeto; y por otro, que no existe una “férrea voluntad política” del gobernante para impedir que el tema público sea manoseado por la propia familia.

Recuerda que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe el nepotismo. “Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho, dice la norma.

“Las normas jurídicas impiden el nepotismo, pero las conductas éticas se doblegan frente al nepotismo. Entre lo jurídico y lo ético ha prevalecido quebrar lo primero e ignorar lo segundo. Pero esto no es culpa de la familia sino del presidente”, reflexiona.

Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que una de las razones por las que se da este problema es que en la política ecuatoriana, principalmente en las campañas, los candidatos confían mucho en sus familiares para el levantamiento de forndos, el manejo logístico, y otros temas. “Entonces esa falta de formalidad en el mismo origen de un cargo publico es el que termina arrastrándose, expresa.

“Aplicando eso a la actualidad, uno se da cuenta de que Danilo Carrera es financista de las campañas de Lasso. Es una personas que estaba presente en todas las reuniones, incluso del partido, y hay esa relación que incluso visualmente termina contaminando, porque como todo el mundo lo ve cerca, acude a él para que gestione cargos, que haga cosas. Pero este fenómeno se ha repetido desde el regreso a la democracia en el 79. Por ejemplo, qué pasa con Jaime Roldós, es candidato a presidente por un “dedazo” del tío de la esposa (Assad Bucaram), y cuando llega a la Presidencia pone a la cuñada (Elsa Bucaram) de secretaria particular y al cuñado (Abdalá Bucaram), de intendente de Policía, Ni siquiera guardó las formas”, recuerda.

Alarcón dice que los gobernantes justifican esta nominaciones alegando que no son nepotismo. “La excusa clásica es que como no soy la autoridad nominadora no hay nepotismo; esto probablemente no sea un problema legal o jurídico, pero sí es ético.

“Normalizar la corrupción nos tiene como nos tiene ahora. Este no es un tema legal sino de ética, de principios y valores en el desempeño de la política que no están siendo tomados en cuenta por nadie. Lo que se tiene que fortalecer es la que la ciudadanía pida a sus autoridades que rindan cuentas”, dice.

Lo que dice el Barómetro de la Corrupción 2022

Seis de cada diez personas consideran que es frecuente que los funcionarios de alto rango nombren a personas cercanas (familiares o amigos) en puestos clave, señala el Barómetro de la Corrupción 2022, presentado días atrás por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es el capítulo nacional de la oenegé Transparencia Internacional.

El 11 % considera que esto sucede de forma ocasional; mientras que el 25 % opina que esto nunca pasa o sucede en raras ocasiones.

“El nepotismo está expresamente prohibido por la Constitución y por la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), respecto de la designación, nombramiento, posesión o contratación de parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como de cónyuges o parejas en unión de hecho. Pero en la práctica se encuentran formas de burlar las normas y controles”, indica la publicación.

El texto agrega que también es común “el nombramiento de personas cercanas no calificadas, en puestos clave de toma decisión en el sector público”. (I)