Con la intervención de la perita financiera Ana Pérez es con lo que continuó, la mañana de este martes, el vigésimo tercer día de audiencia de juicio en el denominado caso Las Torres. En este proceso penal son acusadas once personas por el delito de delincuencia organizada, entre ellas, al excontralor general Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y al exgerente de Petroecuador Pablo Flores.

Esta diligencia se retoma una vez que el 22 de agosto pasado se la suspendió luego de todo un día de audiencia y no pudo reinstalarse al día siguiente, el 23 de agosto. La fiscal general Diana Salazar continúa evacuando la prueba pericial y testimonial que mantiene para sustentar su teoría acusatoria contra los procesados. Por ejemplo, Pérez estaría ampliando su testimonio respecto a una pericia hecha.

La etapa de juzgamiento se instaló el 4 de abril pasado y está en manos del juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Walter Macías (ponente) y los conjueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.

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En esta causa la Fiscalía investiga la existencia de un “grupo organizado” que operó desde la Contraloría General del Estado, la secretaría de la Presidencia de la República y la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que Petroecuador debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

La acusación señala que en el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

Poco más de tres meses lleva abierta la etapa de juzgamiento del caso Las Torres; la Fiscalía acusa al excontralor Pablo Celi y otras diez personas por delincuencia organizada

Los líderes de la organización son acusados por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que deja una pena para estos de siete a diez años de cárcel; mientras que los colaboradores son acusados con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión.

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El lunes último se realizó una audiencia para resolver cinco pedidos de cambio de medidas cautelares hechos por procesados en esta causa. Dada la respectiva diligencia, el Tribunal negó todas las solicitudes. (I)