Luego de cuatro horas de diligencia, los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Adrián Rojas (ponente), Hipatia Ortiz y Daniella Camacho, suspendieron, la tarde de este martes, la audiencia en la que se analizan las apelaciones a la sentencia que recibieron el exasambleísta Daniel Mendoza y siete personas más, luego de que fueron encontrados culpables del delito de delincuencia organizada relacionada con el proyecto de construcción del hospital de Pedernales.

Una vez se escucharon los alegatos que mantenían las defensas de los ocho apelantes, así como también el fisca general subrogante Wilson Toainga y el representante de la Procuraduría General del Estado, los integrantes del Tribunal ingresaron en una fase de deliberación y convocaron para el próximo 15 de junio, a las 12:00, para dar a conocer la resolución oral a la que hayan llegado.

El juez nacional Marco Rodríguez, en diciembre pasado, dio paso a trámite a los recursos de apelación planteados por las personas a las que se les señaló de tener parte en las irregularidades que existieron en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales de 30 camas, en el que se desviaron dineros entregados como anticipo para la obra al Consorcio Pedernales-Manabí.

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A inicios de noviembre pasado, Mendoza, su exasesor en la Asamblea Jean Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René Tamayo, el contratista Franklin Calderón, la expresidenta de la Comisión Técnica de Calificación del Secob Jennifer Cobeña, su excompañero Ángel Andrade y el exfuncionario público José Santos se acogieron al procedimiento abreviado consintiendo la admisión de los hechos investigados.

El exasambleísta como líder de la organización recibió una pena reducida de 50 meses de cárcel, no solo por el procedimiento abreviado, sino también por acogerse a la figura de cooperación eficaz. En cambio, por colaborar con la organización, acogerse al procedimiento abreviado y a la cooperación eficaz, a Tamayo, Benavides y Calderón se les impuso una pena de 34 meses de prisión.

Cobeña, Andrade y Santos recibieron una pena de privación de libertad, pues solo se acogieron al procedimiento abreviado y no a la cooperación eficaz. En este caso, el representante del Consorcio Pedernales-Manabí, José Véliz, también recibió una pena de 34 meses, pero presentó una apelación a la sentencia.

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La audiencia arrancó con la intervención de Gabriela Moreira, abogada de Daniel Mendoza y Jean Benavides. Ella explicó que el procedimiento abreviado se dio bajo los términos de la Fiscalía y se consideraron atenuantes y agravantes, mas no ventajas del procedimiento abreviado.

Ante ello, Moreira solicitó que se acepte el recurso de apelación, para que así se reforme la parte pertinente a su privación de libertad con base en el procedimiento abreviado y se impongan 34 meses de cárcel para el exasambleísta Mendoza y 20 meses para prisión para Benavides.

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La siguiente intervención fue la de Jorge Irigoyen, abogado de René Tamayo. Su solicitud fue que se debe modificar la sentencia en la parte de la reparación integral y debe revisarse la legalidad de la pena privativa de libertad, es decir, un tercio de cinco años.

En este caso el juez Rodríguez en su sentencia de primera instancia ordenó el pago de una reparación integral de $ 8 millones, valor que se debería dividir entre todos los sentenciados. Este pago, explicó el juez, se deberá dar de conformidad con los grados de participación, lo cual se deberá ventilar en fase de ejecución.

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De los 19 procesados que existían en esta causa, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos Eliseo Azuero y el exsubdirector técnico del Secob Jorge Jalil, fueron llamados a juicio. De estos cinco, dos fueron sentenciados como coautores y uno fue sobreseído, mientras que Azuero y Jalil aún se mantienen como prófugos.

El juez Rodríguez también determinó una multa de diez salarios básicos unificados (SBU) ($ 4.000) para Mendoza, Cobeña, Andrade y Santos; mientras que la multa para Benavides, Tamayo, Véliz y Calderón será de cuatro SBU ($ 1.600).

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En su réplica, Toainga explicó que el procedimiento abreviado es un proceso alternativo al proceso ordinario. Dijo que a los procesados se les ofreció una reducción de pena en base a los principios de celeridad y economía procesal y que para establecer esta pena se hizo un análisis de la procedencia del trámite, la aplicación de las circunstancias beneficiosas para los procesados, así como también un análisis de la cooperación eficaz.

En el caso del exasambleísta Mendoza, Toainga solicitó se ratifique la sentencia de 50 meses, pues explicó que ya existió una rebaja de un tercio de la pena normal para el delito investigado, es decir, quedó en 56 meses y luego se valoró la cooperación eficaz realizando una disminución de 6 meses más.

Para todos los casos el fiscal subrogante aclaró que para sugerir las penas se llegó previamente a un acuerdo con todas las defensas técnicas. Para los siete casos restantes, la Fiscalía solicitó se desechen las pretensiones de los condenados y se ratifique en su totalidad el fallo de primer nivel. (I)