El proyecto de reglamento para organizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar al titular de la Contraloría General del Estado está listo, a la par que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) busca una salida jurídica para designar a un contralor encargado, debido a la situación judicial y política que enfrenta el contralor subrogante, Pablo Celi.

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El 5 de mayo, el pleno del CPCCS encargó a una comisión técnica integrada por delegados de los siete consejeros que elabore dicho proyecto de reglamento.

La comisión tenía quince días para elaborarlo, pero se tomaron dos meses para ello. El pleno del CPCCS lo conocerá en una sesión extraordinaria este viernes 2 de julio, y lo aprobará para la socialización con grupos de la sociedad civil y que hagan sus recomendaciones.

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Este concurso público de oposición y méritos tomará unos seis o siete meses en realizarse, para que en marzo del 2022 se posesione a la nueva autoridad de la Contraloría, cuando concluye el periodo para el que fue electo el excontralor Carlos Pólit, que fue censurado y destituido en un juicio político por la Asamblea Nacional por estar involucrado en el caso Odebrecht. Lo subrogó Pablo Celi, por decisión del CPCCS de Transición.

Procurador del Estado plantea una salida política a la crisis de la Contraloría General del Estado

La organización de dicho concurso requeriría un presupuesto aproximado de $ 400.000, según datos oficiales.

El proyecto de reglamento contempla la integración de una comisión ciudadana de selección que se encargará de organizar el concurso público, que contará con las etapas de verificación de requisitos e inhabilidades de los postulantes.

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Se planifica calificar sus méritos y un examen oral y escrito sobre 100 puntos. De este total, 50 será para los méritos y los otros 50 para la oposición. Esta última se divide en dos aspectos: 30 puntos a la prueba teórica y 20 a una evaluación práctica.

Y mientras el CPCCS organiza este concurso, los consejeros buscan un argumento jurídico para designar a un contralor encargado, una vez que el contralor subrogante, Pablo Celi, está preso por el delito de supuesta delincuencia organizada y desde la Asamblea Nacional se inició el procedimiento de juicio político, por lo que incluso ayer le fue notificado de este en la cárcel 4 de Quito.

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El consejero Hernán Ulloa tiene una propuesta. Consideró que el CPCCS tiene una norma suplementaria para designar una autoridad encargada, y refiere el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo sobre las ‘Ausencias’, en la que se establece que en caso de ausencia definitiva de la autoridad de esta institución, el Consejo “procederá a encargar a una persona, quien ejercerá las funciones establecidas en la presente ley por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación”.

“Nosotros tenemos esa facultad en base a una norma supletoria que está en otra ley orgánica, que es la de la Defensoría del Pueblo. Si bien regula las actividades de la Defensoría, son normas supletorias de las actividades o funciones que pueden darse para otras autoridades, porque entre las normas se complementan”, explicó.

No obstante, el CPCCS se enfrenta a un pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador, en el que se determinó que esta entidad no tiene facultad legal para nombrar encargos en la Contraloría.

“La subrogación (de funciones) es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de ciertos organismos, entre ellos la Contraloría General del Estado, y no existe norma legal que faculte al Consejo de Participación Ciudadana a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría”, señala la respuesta a la consulta que realizó la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida.

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Ulloa reconoció que este pronunciamiento “corta de raíz la posibilidad” de nombrar un encargo.

Pero frente a la crisis institucional que atraviesa el órgano de control de los recursos públicos, el consejero propuso convocar a un diálogo a las máximas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, de la Asamblea Nacional, de la Procuraduría, para que “se analicen perfiles, que se elija entre todos a un contralor encargado, que tenga legitimidad”.

Ulloa está a la espera de que Almeida los convoque a una sesión para tratar el reglamento y discutir su propuesta.

Guadalupe Llori sugiere al CPCCS nombrar a un contralor encargado mientras se desarrolla juicio político contra Pablo Celi

Por su parte, Almeida, en un programa de entrevistas de Carlos Vera, cree que sí se podrá nombrar a un contralor encargado y culpa al procurador del Estado de “entramparlos”.

“El procurador lo que hizo fue entramparnos, lo que hizo fue decir que la subrogación de la subrogación es válida. Respeto su criterio, pero muchos juristas dijeron que eso no era lo correcto. Pero nos entrampó. Nos bloqueó, pero podemos dar una salida. Solo que en este tema nos dejó entrampados”, expresó en ese programa.

Desde la cárcel, Celi nombró a Valentina Zárate como su reemplazo, pero ella renunció a esas funciones el pasado 22 de junio.

Frente a esto, en la Contraloría se acogió, entre otras normas, el reglamento de Suscripción de Documentos, con el que el director nacional de Gestión Institucional puede suscribir comunicaciones y demás documentos, y se designó a Carlos Riofrío González, “servidor de carrera” de la institución como el subcontralor general, que asumirá las funciones en caso de ausencia temporal o definitiva de Pablo Celi. (I)