Dos comisiones técnicas reconfiguradas por la nueva mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) retomarían desde este lunes la revisión de las carpetas de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección que elegirán al titular de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde diciembre del 2021 bajo la administración de Sofía Almeida, los procesos de designación de autoridades se detuvieron; a lo que se sumó la crisis interna del Consejo del 9 de febrero, cuando hubo un cambio de autoridades, al conformarse una nueva mayoría que designó a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira presidente y vicepresidenta, en ese orden.

Desde entonces, a casi dos meses de este hecho, con el respaldo de Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, los cuatro vocales reformaron los reglamentos para elegir al contralor del Estado y para la renovación de dos vocales principales y dos suplentes del CNE, además que se conformaron nuevas comisiones técnicas, dejando sin efecto las designadas por la anterior mayoría que lideraba Almeida.

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Esto, en medio del rechazo de Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, quienes asisten a los plenos bajo protesta.

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Estas comisiones técnicas están integradas por ocho funcionarios del CPCCS que tienen como encargo la revisión de los requisitos de ley de quienes se postulan a ser comisionado ciudadano.

Entre el jueves y viernes, estas dos instancias se reunieron y designaron a sus coordinadores y secretarios; y, como primera resolución convocarán para este lunes a quienes eran los coordinadores de los anteriores equipos a que entreguen los expedientes físicos de los postulantes a las comisiones ciudadanas.

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El objetivo es determinar si la información presentada por esos postulantes está completa y si se registran posibles anomalías en la verificación de sus requisitos legales y que no estén incursos en inhabilidades.

En el proceso de conformación de la comisión ciudadana en representación de la ciudadanía para designar al nuevo contralor hay 98 admitidos y para la renovación del CNE, 32.

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Aún falta que se sortee a los diez mejores puntuados en sus méritos y que pasen a la fase de impugnación ciudadana.

Adicionalmente, el pleno aún debe resolver sobre los nuevos delegados de la función de Transparencia y Control Social a integrar las comisiones ciudadanas.

Estas se componen de diez personas: cinco principales y suplentes electos por la ciudadanía y cinco delegados de las funciones del Estado, como son Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial y de Transparencia.

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Con la llegada de Ulloa a la presidencia se desvinculó a personal del CPCCS que eran afines a Almeida y que fueron escogidos por la Función de Transparencia para ser parte de esas comisiones, por lo que deberán hacer una nueva solicitud para que se remitan otros funcionarios a quienes se les deberá revisar si no están incursos en inhabilidades para ser admitidos y que pasen a la impugnación ciudadana.

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Otro concurso que no ha avanzado es para la elección del titular de la Defensoría Pública, que cuenta con 62 postulantes admitidos a ser parte de la comisión.

El Consejo realizó el sorteo del notario que dará fe de los actos públicos que se lleven a cabo en este concurso, pero hasta el momento no se ha escogido, también por sorteo, a los diez ciudadanos que integrarán la comisión.

En tanto, se conformaron las comisiones técnicas para los concursos públicos para la renovación de dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral y de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y se resolvió convocar a la ciudadanía a integrar las veedurías ciudadanas que observarán la transparencia de los procedimientos.

Para la designación mediante ternas remitidas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, para designar a las autoridades de la Superintendencias de Bancos y de Protección de Datos, el Consejo aprobó los informes de admisión de veedurías ciudadanas.

Para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos hay seis veedores admitidos, y de Protección de Datos, ocho ciudadanos. (I)