En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) hay inconformidad al conocerse que la Corte Constitucional (CC) calificó la vía de enmienda a la Constitución para hacer dos preguntas que, de aprobarse en un referéndum, les quitarán su atribución de elegir a las autoridades de control del Estado y cambiarán la forma de selección de sus siete vocales.

Este 27 de octubre, la Corte Constitucional suscribió un fallo en el que calificó la vía para cambiar los textos de la Constitución, con base en una propuesta que hizo el presidente de la República, Guillermo Lasso, para convocar a un referéndum.

El pasado 18 de octubre, el Ejecutivo presentó a la Corte un proyecto de enmienda constitucional de dos preguntas relacionadas con las funciones del CPCCS y la forma de elegir a sus siete vocales.

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Corte Constitucional aprueba la vía de enmienda para quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de elegir a las autoridades de control

La primera pregunta señala: “¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución?”.

La segunda: “¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución?”.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, cree que el Gobierno nacional desperdició una oportunidad para fortalecer la institucionalidad no solo del Consejo, sino de otras instituciones, como la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General.

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Lamentó que en la actualidad los siete miembros del CPCCS pueden ser censurados y destituidos por la Asamblea Nacional con 70 votos, frente a otros, como los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) o del Consejo de la Judicatura (CJ), en que se requiere de mayoría calificada.

“Hay una desigualdad que afecta la institucionalidad, porque es fácil censurar a un consejero. Hubiera sido pertinente para que se fortalezca la institucionalidad igualando la votación que se necesita para censurar políticamente a estas autoridades”, opinó.

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Respecto de la atribución de selección de autoridades, para Ulloa la aspiración sería que el Consejo se transforme en una entidad similar a la Corte Constitucional.

“La Corte, a pesar de las polémicas que pueda provocar por sus fallos, es un organismo que no provoca incidentes, que trabaja emitiendo sus pronunciamientos, en donde existe estabilidad porque no está sometido al poder político. Y si el Consejo tuviera esa institucionalidad, no habría problema con la designación de autoridades. Si se fortalece al CPCCS o se llega al punto de que estemos ante el mismo escenario que la Corte, no estaríamos sometidos al control político y nadie presionaría con censuras”, comentó.

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En cuanto a modificar el mecanismo para elegir a los siete miembros del CPCCS, para que se encargue la Asamblea Nacional mediante un concurso público y ya no por voto popular, la autoridad ve esta iniciativa como “un desacierto”.

“Me parece un desacierto que se elija a los consejeros por la Asamblea Nacional, porque es un órgano político. Creo que, al contrario, debía impedirse que en el acto de la votación popular participen los líderes de partidos y movimientos políticos promoviendo pollas electorales, porque finalmente lo que se va a terminar decidiendo son asambleístas, no consejeros. ¿Por qué? Porque estas personas les van a deber el favor al político que le permitió salir en su polla. Esa oportunidad se ha desperdiciado por afectar la institucionalidad del Consejo”, acotó Ulloa.

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A criterio del consejero Francisco Bravo, la propuesta de referéndum del presidente de la República no tendrá apoyo debido al “desgaste” que enfrenta su Administración.

“En el gobierno de Sixto Durán Ballén, él propuso una consulta popular y perdió. Esta es la forma de rechazar un Gobierno, y es votando en contra de una propuesta. Además, con el desgaste que tiene el actual Gobierno, el pueblo no está pensando en cómo se debe elegir a los consejeros; al contrario, pide seguridad, empleo y educación”, opinó.

Asimismo, cuestiona a Lasso porque “criticó al Gobierno de Rafael Correa por la concentración de poderes”, y ahora plantea esta enmienda constitucional.

Recordó que en el antiguo Congreso Nacional la designación de autoridades se hacía en medio de “componendas, los pactos de la regalada gana, las tronchas, las aplanadoras”; en cambio, pese a las discrepancias internas que hay en el CPCCS, dijo: “Nunca nos hemos faltado el respeto”.

La consejera Sofía Almeida también ha cuestionado la intención del Ejecutivo, pues considera que esto reduce la participación de la ciudadanía en los procesos públicos. No obstante, a su juicio, esta propuesta de referéndum es una “evidencia clara” de que se busca impedir que elijan a los titulares de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral y otras autoridades.

“Meses de boicot y obstaculización al Consejo de Participación Ciudadana, por eso las campañas de desprestigio. Nunca han querido que designemos autoridades”, reprochó en su cuenta de red social Twitter.

Luego de que la CC calificó la vía para modificar los textos de la Constitución, la jueza ponente de la causa, Daniela Salazar, debe proponer su proyecto de sentencia respecto de la constitucionalidad de los considerandos, anexos y de las preguntas propuestas, para lo que tendría un plazo de 20 días que se contabilizarán cuando avoque conocimiento. (I)