Empresario  clave en caso Las Torres ya está  libre en EE. UU.

Poco después de cumplir cuarenta años fue sentenciado a tres años de cárcel, en abril de 2019. Cuando debía entrar a prisión pospusieron la fecha y en junio del año pasado le cambiaron la condena a tres años de libertad bajo palabra.

Se trata del empresario ecuatoriano estadounidense José Luis De la Paz Román, uno de los socios y representante de la compañía NoLimit C. A., que ha confesado haber pagado $ 8,8 millones en sobornos por contratos de Petroecuador y ahora es una pieza clave en el caso llamado Las Torres.

Entre los años 2012 y 2017, NoLimit C. A. recibió $ 121 millones en contratos de Petroecuador, principalmente para bombas y asistencia en mantenimiento para las readecuaciones de las refinerías de Esmeraldas y La Libertad.

El pago de dichas coimas comenzó a inicios de 2013 y las recibieron funcionarios del Gobierno anterior, según las primeras confesiones de De la Paz Román. Sin embargo, algunos de los contratos de NoLimit seguían vigentes y por eso le habrían pedido más dinero en Petroecuador, para agilitar pagos de planillas atrasadas, según la Fiscalía General de Ecuador.

Estos pedidos habrían sido realizados por José Raúl De la Torre Prado, sobrino del contralor Pablo Celi y asesor del entonces gerente de Petroecuador Pablo Flores, y por el empresario inmobiliario Roberto Barrera, que también ha tenido negocios con el Isspol.

Ambos confesaron haber intermediado en el pago de sobornos, después de que fueron detenidos en Miami a mediados de 2019. Actualmente están libres y a De la Torre Prado también le disminuyeron la sentencia a apenas cinco meses.

Con la ayuda de las confesiones rendidas en EE. UU. y por sus investigaciones, la Fiscalía ha asegurado que fue José Agusto Briones, como secretario general de la Presidencia, quien dispuso que De la Torre Prado ocupara el cargo de asesor en Petroecuador.

En la recepción de pagos indebidos también habrían participado el hermano de José Agusto Briones, Luis Adolfo Agusto Briones, quien tiene algunas empresas constructoras; los representantes de Amaenergy Service S. A., contratista de Petroecuador, así como dos personas relacionadas con la empresa Fraxianer, Andrés Luque Cervantes y Néstor Medina Medina.

Parte de las coimas de NoLimit también habrían sido pagadas a Esteban Celi, a través de De la Torre Prado para asegurar que se desvanecieran glosas emitidas por la Contraloría General del Estado en contra de dicha empresa.

Eran cinco glosas por $ 13 millones. Por todo ello, la fiscal general, Diana Salazar, pidió la orden de prisión de varias personas y allanamientos a viviendas y oficinas. Hasta el momento hay nueve procesados, siete de ellos con prisión preventiva, una persona con grillete y otra en libertad.

Silvia López Vallejo, quien figura como representante de la empresa Amaenergy Services consta entre los detenidos. Su empresa ha recibido unos $ 34 millones en contratos en el periodo 2012-2020, según los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Estos contratos los ha recibido Amaenergy en asociación con otras empresas con las que ha formado consorcios, entre ellas Morken Services, Digitec, Isiven Andina, entre otras. La mayoría de contratos han tenido como objeto el mantenimiento de ductos o sistemas de corrección de pilotes en la infraestructura petrolera, según lo registra el Sercop.

López figura con tres empresas, en los reportes de compañías, mientras que el exministro de Energía está ligado a tres, su hermano consta como representante de una docena de firmas, y Andrés Luque aparece como representante o socio de unas trece empresas.

Las empresas del hermano del exministro de Energía han recibido contratos por unos $13,5 millones desde el 2012, según los registros del Sercop. Mientras que una de las empresas del exministro de Energía, Agoraconsult, recibió de la Secretaría del Agua un contrato por $ 39.000 en el 2016, año en el que aún no se desempeñaba como funcionario público, consta en los registros.

Entre procesados hay cuatro ligados a la función pública y cuatro a empresas privadas

En el listado de los procesados por la Fiscalía General del Estado en el caso Las Torres, que investiga coimas dadas por contratistas de Petroecuador, constan además del contralor Pablo Celi De la Torre, tres exfuncionarios públicos y cinco representantes de empresas.

Pablo Celi De la Torre ingresó a la Contraloría en el 2010 como asesor general y luego como subcontralor administrativo. En el 2011 fue designado como embajador de Ecuador en Argentina. En el 2014 asumió como subcontralor y a partir del 2017 como subcontralor subrogante. Al 2021 registra un patrimonio de $ 312.495.

Su hermano, Esteban Celi, fue intendente del Sistema de Seguro Privado, de la Superintendencia de Bancos, en 2012.

Mientras que José Agusto Briones fue asesor del Ministerio de Hidrocarburos en el 2017, jefe de coordinación institucional en la empresa pública Petroamazonas y gerente de asistencia técnica en la Empresa Pública del Agua.

En el 2018 asumió como secretario general de la Presidencia, más tarde fue titular de la Senplades y en el 2020 fue designado ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Su patrimonio, al 2021 se ubica en $ 263.450.

La Fiscalía también procesó a Natalia Cárdenas, quien inició en la función pública en el 2011 como subsecretaria de Información en Senplades. Fue viceministra en el Ministerio Coordinador de Seguridad en el 2016 y subsecretaria de agenda en la Presidencia de la República en 2016. También fue asesora en Banecuador B.P. en el 2017, en el 2018 asumió como asesora de Petroecuador en el 2018 y luego fue subgerenta de proyectos. En el 2020 pasó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Otros cuatro procesados han estado vinculados al sector privado. Silvia Lopez y Ángelo Lopez, en la empresa Amaenergy, mientras que Luis Agusto, hermano del exministro, figura como representante de una docena de empresas, y Andrés Luque está ligado a trece compañías. Una de las procesadas no tiene relación societaria. (I)