Elecciones presidenciales 2023: Consejo Nacional Electoral no descarta llamar a integrar las mesas de votación a los vocales escogidos para el 5 de febrero

Con la declaratoria del inicio del periodo electoral para organizar los comicios presidenciales y legislativos 2023-2025, tras la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún evalúa la reducción de plazos para llevar a cabo este proceso dentro de los siguientes 90 días, así como la integración de las Juntas Receptoras del Voto, que serán las encargadas de recibir los votos de más de 13 millones de electores.

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Este 18 de mayo, los cinco vocales electorales aprobaron la resolución de inicio del periodo electoral y con ello este fin de semana está prevista la aprobación del calendario, el plan operativo, planes de contingencia, presupuesto y las directrices para el día de la elección que se llevaría a cabo el 20 de agosto.

Esto, luego que el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el Decreto Ejecutivo 741 con el que disolvió la Asamblea Nacional, con base en el artículo 148 de la Constitución por grave crisis y conmoción interna.

Dicha decisión involucra la organización de un proceso para elegir 137 asambleístas y presidente y vicepresidente de la República para lo que resta del periodo; es decir, hasta el 23 de mayo de 2025.

También, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se declaró en periodo contencioso electoral, en el que se resuelven las acciones, denuncias, recursos e incidentes” planteados por los sujetos políticos.

De forma paralela a que el CNE se declaró en periodo electoral, la Corte Constitucional (CC) no admitió a trámite seis demandas de inconstitucionalidad presentadas por varios de los ahora exasambleístas y otros grupos de la sociedad civil que rechazaban la disolución de la Legislatura.

Con ello, el Consejo tiene vía libre para avanzar en el desarrollo del proceso para lo que tiene un plazo de 90 días, según lo determinan la Constitución y el Código de la Democracia.

Esto será un reto, reconoce el consejero del CNE José Cabrera, quien explicó que hay asuntos que deben resolverse en el menor tiempo posible, como la reforma a los reglamentos para acortar plazos. “No podemos saltarnos hitos del proceso electoral, pero sí podemos acortar los plazos y para eso las organizaciones políticas deben estar preparadas”, puntualizó Cabrera.

Una de esas decisiones es resolver sobre la conformación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

Según Cabrera, lo previsto hasta el momento es que los ciudadanos que sean llamados a integrar estos cuerpos colegiados para el 20 de agosto sean los 279.244 que participaron en la jornada electoral del 5 de febrero de 2023, en que se eligió a las autoridades de los gobiernos seccionales, a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el referéndum.

Las dificultades para convocar a nuevos vocales de mesas de votación es el tiempo. Cabrera explicó que están ‘contra el tiempo’ para solicitar las bases de datos a las instituciones públicas, privadas y centros académicos (universidades) de sus trabajadores y estudiantes, para que sean elegidos por sorteo para integrar las juntas.

Pero ello, requieren de un mes de anticipación, a lo que se suma que quienes sean escogidos deben capacitarse en las atribuciones que tendrán, como por ejemplo, la contabilidad de los votos, el llenado de actas de escrutinio e instalación de las mesas, entre otras actividades que cumplen el día de la elección.

Para Cabrera, si se convoca a aquellos que participaron en los comicios del 5 de febrero, se facilitaría el desarrollo del proceso, pues ellos incluso recibieron las capacitaciones.

Si este mecanismo es aprobado por el pleno, los vocales de las JRV recibirían sus notificaciones a inicios de julio y se abrirían capacitaciones hasta el 20 de agosto.

No obstante, hay una preocupación: el pago del incentivo por acudir a integrar las mesas de votación.

José Cabrera indicó que aún está pendiente cancelar los $ 40 a los más de 200.000 ciudadanos que participaron en la jornada del 5 de febrero, por la falta de asignación de recursos desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Hay un tema que está pendiente y es que los miembros de las juntas del voto que participaron en las elecciones de febrero aún no reciben sus pagos. Pero no es porque el CNE no quiere cancelarles, sino porque al Consejo no se le entrega el dinero para pagar los $ 40 del incentivo. Ahora les vamos a pedir la colaboración para este proceso y les vamos a seguir en deuda, pero no porque no se quiera pagar o no haya la capacidad, sino porque el dinero no se ha adjudicado”, precisó Cabrera.

Luego de los comicios del 5 de febrero, el Consejo Electoral informó que el pago de este incentivo se realizaría a partir de mayo de este año, porque se debía realizar un escaneo de los padrones electorales utilizados, las actas de instalación y escrutinio firmadas por los miembros de las JRV.

En todo caso, el Consejo espera tomar una decisión en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El consejero precisó también que se prevé llamar a elecciones con el padrón electoral utilizado en las elecciones del 5 de febrero, porque no contarán con el tiempo para realizar cambios de domicilio. Es así como 13′450.047 ecuatorianos serán convocados a las urnas.

Una vez que el CNE apruebe el calendario electoral, lo que se daría este fin de semana, el próximo martes 23 de agosto se instalará un consejo consultivo con las 17 organizaciones políticas de ámbito nacional que están habilitadas para inscribir candidatos.

En la noche, se aprobaría el texto de la convocatoria a elecciones, y el 24 de mayo se convocará a las urnas para el próximo 20 de agosto, que es hasta el momento la fecha indicada para llevar a cabo el sufragio.

Al siguiente día de la convocatoria, se abrirá la etapa de democracia interna o elecciones primarias, en la que los partidos, movimientos y alianzas políticas escogerán sus candidatos para asambleístas y binomio presidencial.

No se desestima que esta actividad, que antes se cumplía en 30 días, se reduzca a siete días; además que se daría una semana adicional para la inscripción de esas candidaturas.

Las decisiones las tomarán el CNE y el TCE, como Función Electoral, que en periodo electoral se convierte en “máxima autoridad”, según el artículo 16 del Código de la Democracia, en el que se precisa que “ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales, ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.

El consejero Cabrera recalcó que el organismo exalta este hecho, debido a la actuación de actores políticos que acuden a los tribunales de la justicia ordinaria con acciones de protección para obstaculizar los procedimientos electorales. (I)