Hoy se realizan en Ecuador las elecciones de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), además del referéndum de ocho preguntas impulsado por el Gobierno nacional.

Para la conformación de cada una de las juntas receptoras del voto las autoridades electorales convocaron a cinco ciudadanos para que desempeñen las funciones de presidente de mesa -principal autoridad de la junta receptora del voto-, secretario y vocales (tres).

Ellos se encargan de instalar la mesa con el kit electoral y recibir y confirmar la identidad de los 350 ciudadanos que constan en la lista de votantes de cada junta receptora del voto. Además de ver que todo se desarrolle con normalidad para, al finalizar el sufragio, proceder a contar cada uno de los votos de las papeletas.

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Debido a la cantidad de papeletas que tendrán que escrutar, siete en zonas urbanas y ocho en zonas rurales, el CNE indicó a los miembros de mesa que debían dividirse el trabajo en dos grupos.

Uno integrado por el presidente y un vocal para contar los votos depositados en la urna blanca, que contiene las papeletas de prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales.

Mientras el segundo grupo estarán el secretario y dos vocales para escrutar la otra urna en la que se depositan las papeletas del CPCCS y del referéndum.

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De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) más del 85 % de los convocados a conformar las juntas receptoras del voto se habían capacitado. Un trabajo ejemplar de estos ciudadanos que están cumpliendo una labor cívica desde antes de las 07:00 y que se extenderá por varias horas tras el cierre de los comicios a las 17:00. En las elecciones pasadas (2019) el conteo se extendió en algunos casos hasta las 02:00.

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Las multas para quienes no cumplan con su llamado a mesa es de 15 % del salario básico, más el 10 % extra que implica la multa por no votar. La sanción más fuerte se daría si una persona abandona la junta receptora luego de instalada, puesto que cometería una infracción grave del Código de la Democracia, que podría llegar a costarle hasta 9.000 dólares, dependiendo del caso.

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Mientras que quienes cumplan su trabajo en la junta receptora recibirán $ 40, un día adicional de vacaciones si es empleado público y privado -algo en gestión aún-, reconocimiento académico para los estudiantes, y un certificado de reconocimiento público. (I)