La elección de un titular para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mantiene bajo tensión a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, quien asegura ser afectada por presiones externas.

Almeida no menciona nombres, pero insiste en que hay “grupos que no quieren que se haga el proceso de selección de manera transparente”.

En una entrevista en radio Sonorama de este lunes, Almeida no dijo cuándo convocará a la sesión para aprobar el reglamento para la designación, pero denunció que está recibiendo presiones porque hay “grupos que no quieren que hagamos el proceso de manera transparente”; y que esas presiones serían para que el reglamento sea hecho “a la medida de alguien”.

La elección del superintendente de Compañías se realiza mediante una terna remitida por el presidente de la República, que comprende la revisión de requisitos de los candidatos y la etapa de impugnación ciudadana. No se califican méritos, y tampoco se tiene previsto exigir, por ejemplo, título de cuarto nivel, pues no es un requisito establecido en la Ley de Compañías para ocupar ese cargo.

Consejo de Participación Ciudadana en apuros por elección del superintendente de Compañías

El presidente Guillermo Lasso envió el pasado jueves la terna para la designación, entre los que están como candidatos Marco López Narváez, exmiembro de la Junta de Regulación Monetaria en el gobierno de Lenín Moreno; María García Plaza, notaria de la Notaría 23 de Guayaquil; y Esteban Coello Muñoz, que presidió la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Cuenca.

Este proceso se inició luego que el 8 de diciembre pasado la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Víctor Anchundia del cargo, acusado de no haber controlado las inversiones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), que ocasionaron un perjuicio de más de $ 900 millones.

La Ley de Compañías da un plazo de 30 días para que el primer mandatario remita al CPCCS su terna y se elija a la nueva autoridad.

Lasso envió su terna; no obstante, el Consejo no cuenta aún con el reglamento para la designación, pues en dos sesiones previas no ha podido aprobarlo debido a la división interna entre sus consejeros.

Hasta el cierre de esta edición, Almeida no ha convocado a la reinstalación del pleno para concluir con la votación de una propuesta hecha por la consejera antagonista, María Fernanda Rivadeneira.

Lo que sí sucedió fue que el Consejo publicó la convocatoria a integrar la veeduría ciudadana que debe observar la transparencia del proceso de selección del superintendente. Las inscripciones se abrieron desde este 10 de enero hasta el próximo 19 de enero.

La discrepancia en la elaboración de esta normativa se centra en la etapa de impugnación ciudadana.

Los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos respaldan una propuesta en la que, en la etapa de impugnación ciudadana, si dos de los tres candidatos son descalificados, el presidente de la República deberá enviar una nueva terna (tres candidatos) y el proceso volvería a la etapa cero.

En cambio, los consejeros de minoría, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo proponen que si “todos” (tres candidatos) son descalificados por la impugnación, ahí sí el jefe de Estado debe enviar una nueva terna.

En esta controversia, es el voto de la consejera Ibeth Estupiñán el que está en disputa, pues ha estado apoyando a la mayoría de Almeida, pero en una última sesión apoyó a la minoría.

Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana denuncia presiones para designar a autoridades ‘a dedo y de forma ilegal’

El 29 de diciembre, Estupiñán planteó cambios al proyecto de reglamento en el que se incluía que si dos candidatos son impugnados, se pediría una nueva terna. Al momento de votar, la vocal desapareció de la plenaria virtual y Almeida suspendió la votación.

El 5 de enero se reinstaló la sesión para aprobar un reglamento que incluía los cambios propuestos por Estupiñán, pero ella decidió apoyar la propuesta de Rivadeneira, y sumaron los cuatro votos necesarios para aprobarlo.

Entonces, Almeida suspendió la sesión en medio de la votación, alegando que la sesión no estaba siendo transmitida para el público. Por ello, el reglamento no fue aprobado.

Desde entonces, la presidenta ha iniciado una campaña de información en redes sociales denunciando que están recibiendo “presiones para designar autoridades a dedo y de forma ilegal”.

En un video divulgado el fin de semana, aseguró que no “sucumbirá” e hizo un llamado a la ciudadanía y a la Asamblea Nacional para que vigilen y garanticen la independencia y la no injerencia de ningún tipo en las decisiones del Consejo.

Mayoría del Consejo de Participación Ciudadana se resquebraja al perder el voto de Ibeth Estupiñán

Esto en el marco de la organización de los concursos públicos de selección de autoridades, que al momento están en la etapa de conformación de las comisiones ciudadanas, que son las que designarán a los titulares de la Contraloría del Estado, de la Defensoría Pública y de la renovación parcial de dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En cuanto a esos procesos, para este miércoles está prevista una sesión para aprobar el plan anual de contrataciones, en donde se pretende destinar una inversión de $ 7.400 para el pago de servicios logísticos para los concursos de designación de autoridades. Otros $ 6.900 para el pago de pasajes aéreos de las autoridades, entre otros gastos corrientes. (I)

Comisión legislativa convoca a consejeros a explicar desarrollo de los concursos de elección de autoridades

La organización de los concursos de designación de autoridades que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es motivo de preocupación en la Asamblea Nacional.

Para este miércoles, desde las 10:00, el presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, Ferdinan Álvarez, convocó a los siete consejeros del CPCCS a que informen sobre los concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana que están en marcha.

La sesión se realizará de manera virtual, debido a los contagios de COVID-19, y se conoce que se expondrán las preocupaciones de las veedurías ciudadanas que observan los concursos para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En total, son seis concursos públicos que el Consejo ha iniciado, de los que en ningún caso se han conformado aún las comisiones ciudadanas.

Estos procesos son para elegir a las autoridades de la Defensoría Pública, de la Contraloría, dos vocales del Consejo Nacional Electoral; los miembros de la sociedad civil de los Consejos Nacionales de Igualdad.

También los representantes de la ciudadanía ante el Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo y a los miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa). (I)