El plazo que tenía la Asamblea Nacional para tramitar el juicio político en contra del contralor general del Estado subrogante, Carlos Riofrío González, comenzó discurrir tras la suspensión de la sesión del martes 29 de marzo cuando el pleno no pudo conocer ni pronunciarse sobre el informe presentado por la Comisión de Fiscalización que recomendaba su archivo.

El informe de sustanciación del juicio político en contra de Carlos Riofrío constaba en el orden del día de la sesión 770 de la Asamblea como segundo punto, y pasó a cuarto punto por la inclusión de dos resoluciones planteadas por los asambleístas Mario Ruiz (PK) y María del Carmen Aquino (BAN).

Pero la cita se suspendió tras una nueva confrontación entre la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, y la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), que insiste en evaluar la gestión del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

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El artículo 129 de La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que una sesión suspendida tiene un plazo de hasta 30 días para el tratamiento de los puntos pendientes.

Comisión de Fiscalización recomienda archivar juicio político al contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío González

La Mesa de Fiscalización notificó del informe sobre la solicitud del juicio político a la Presidencia de la Asamblea el 17 de marzo pasado y al siguiente día se difundió entre los asambleístas.

Según el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de es momento corren los cinco días para su incorporación en el orden del día para conocimiento del pleno, pero no establece el plazo en que debe tramitarse el juicio.

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Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (CD-PS), el escándalo generado por el correísmo y sus aliados disidentes de Pachakutik lamentablemente bloqueó que se resuelva si aceptaban la recomendación del archivo de la solicitud o por el contrario daban paso al enjuiciamiento.

La responsabilidad de lo que pasó el 29 de marzo es exclusiva de UNES y del legislador Ruiz, afirmó Villavicencio, pues dijo que es cierto el riesgo de que ese proceso “quede ahí” y el pleno ya no lo pueda conocerlo.

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El legislador indicó que los correístas no tenían los votos para continuar con el juicio planteado por Ronny Aleaga, de esa bancada, en contra de Riofrío porque no presentaron pruebas sólidas; “cualquier legislador con un gramo de sensatez y decencia no podía dar paso a un juicio político en el que no hay pruebas y no hay un solo testigo”.

La única prueba que presentaron, añadió Villavicencio, es “una prueba que confirma la responsabilidad del contralor al haber actuado bien; pues el decreto del Ejecutivo 155 manda a la Contraloría a emitir un instructivo, un manual y eso es lo que hizo el funcionario”; es decir, que se lo pretendía censurar y destituir por haber cumplido su obligación.

Y la otra prueba no es prueba, agregó, porque Aleaga presentó una copia simple de un supuesto tuit, que no existe. “Este es el juicio más vergonzoso de la historia del Parlamento ecuatoriano y confirma que el único interés que tenía el correísmo, para censurar y destituir al contralor, era la venganza porque confirmó una glosa de $ 1.200 millones en contra del exvicepresidente Jorge Glas y más responsables, en la fallida construcción de la Refinería del Pacífico”.

Aleaga planteó el juicio político en contra de Riofrío por incumplimiento de funciones y sustentó su acusación en un tuit publicado en la cuenta institucional de la Contraloría, pero que luego fue eliminado, en el que se señalaba que todos los contratos públicos superiores a $ 900.000 necesitaban de informe previos de la institución. (I)

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