El Gobierno está cien por ciento seguro de que no participa en ninguna trama de corrupción, afirmó el ministro de Estado Francisco Jiménez, quien este 19 de enero se sentó junto con el grupo de legisladores del Frente Parlamentario Anticorrupción, que también investiga el caso de la presunta corrupción en las empresas públicas y entregará un informe en 20 días.

Jiménez, en una improvisada rueda de prensa, anunció que en los próximos días se instalarán dos mesas técnicas para avanzar en la revisión de la tabla de drogas y minería ilegal, cuyo propósito es plantear reformas puntuales a la normativa.

Calificó como una “ridiculez” que se hable siquiera de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, dé un paso al costado por especulaciones. Las investigaciones tienen que llevarse a cabo, que el Gobierno brinda todas las facilidades, la Fiscalía General hace su trabajo, y que el Gobierno entregó los 3.000 contratos con las diferentes instituciones públicas, así como han solicitado las renuncias y la disposición del cargo de todos los gerentes.

También dijo que desde el Gobierno se solicitó a la Contraloría General del Estado que audite todos los procesos de contratación desde julio de 2021, pero que el régimen “no está para sainetes políticos”, las investigaciones tienen que realizarse con seriedad y transparencia.

Frente Parlamentario pide a la Contraloría examinar 3.792 contratos de CNEL y Celec que tendrían irregularidades

Comentó que el gobierno de Guillermo Lasso es el mayor defensor de la libertad de prensa y que lo seguirá siendo; sin embargo, la contracara de la libertad de prensa es la responsabilidad, es actuar no tratando de generar ruido mediático a propósito de los procesos políticos en los que está inmerso el país, sino ser intolerante con cualquier hecho o acto de corrupción.

Dijo que estará atento a las conclusiones a las que puedan llegar las investigaciones, pues lo peor que puede pasar es que sean procesos que levanten mucha bulla y que luego no conduzcan a nada.

“Nosotros queremos que haya una investigación y además queremos que haya conclusiones, y que estas sean contundentes”, afirmó Jiménez.

“Caiga quien caiga, independientemente de las circunstancias, del delito y de lo que suceda”, afirmó el funcionario, quien insistió en que el Gobierno no participa de ninguna trama de corrupción ni el pasado, en el presente ni tampoco en el futuro.

Respecto a la búsqueda de los ciudadanos que estarían involucrados en los supuestos hechos de corrupción, el ministro Jiménez aclaró que no se trata de una búsqueda, sino de una localización de que si se encuentran o no en el territorio, porque para que haya búsqueda se requiere de una petición de autoridad competente y eso está en manos de la Fiscalía.

El asambleísta Fernando Villavicencio, integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, anunció que independientemente de la investigación y resultados que presente la comisión ocasional multipartidista integrada el pasado miércoles, darán un informe respecto a la trama de corrupción en el sector eléctrico donde aparece Leandro Cortázar. Que no son una comisión permanente, sino un frente de voluntades unidas.

Indicó que la clave para descubrir la corrupción en el sector público es investigar los contratos, y que al momento este grupo de legisladores tiene en sus manos 3.800 contratos en CNEL y Celec, y adelantó que superarán los 4.000 contratos suscritos entre el 2020 y 2022 y que la cifra de estos bordea los $ 1.000 millones.

Villavicencio insistió en que su grupo de asambleístas investigará desde la A hasta la Z; que no romperán el abecedario de la corrupción, que investigarán desde la posible vinculación de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, hasta la vinculación del asambleísta Ronny Aleaga (UNES).

Alertó que la comisión ocasional integrada por el pleno de la Asamblea tiene una “enorme sobrecarga de asambleístas vinculados al correísmo y al Partido Social Cristiano.

Mesas técnicas

El ministro de Gobierno anunció que el liderazgo de las mesas técnicas sobre tabla de drogas y minería ilegal lo tendrá la Secretaría de Seguridad Pública, aunque también habrá otras instituciones, como los ministerios de Gobierno, de Salud y de Agricultura. Existe un trabajo avanzado en estas dos temáticas, apuntó.

Estas mesas se instalarán de manera inmediata y partirán de la información que poseen tanto el Frente Parlamentario Anticorrupción como el Gobierno. Se definirán una agenda y la metodología por aplicarse.

Que en minería ilegal, el Gobierno facilitará la información que la mesa técnica requerirá para avanzar en este problema complejo, en el que incluso actores políticos podrían estar incursos en temas de minería ilegal, narcotráfico y narcolavado. (I)