El excontralor Pablo Celi enfrenta un nuevo proceso penal derivado del caso Las Torres; por cohecho serán procesadas tres personas y la empresa China CAMC

Cerca de dos horas de audiencia le valieron al conjuez Adrián Rojas para resolver y dar inicio a una etapa de instrucción fiscal de 90 días por el delito de cohecho contra el excontralor Pablo Celi, a quien ubica la Fiscalía como autor; a su hermano Esteban Celi y al empresario Pedro Saona, en calidad de cómplices; y a la persona jurídica China CAMC Engineering Co. Ltda., a través de su representante Tang Di.

La resolución la adoptó, la tarde de este lunes, el conjuez Rojas, quien reemplaza temporalmente al juez nacional Luis Rivera. Ambos magistrados son parte de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

De forma presencial acudió a la audiencia de formulación de cargos el excontralor Celi, quien se encuentra internado en la denominada Cárcel 4, en el norte de Quito, debido a una medida cautelar que pesa sobre él en el caso Las Torres, en el que se procesa el delito de delincuencia organizada. Esteban Celi asistió a la diligencia vía telemática y también se mantiene en la cárcel por el caso Las Torres, causa que está a la espera de que se instale la etapa de juzgamiento.

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El fiscal general subrogante Wilson Toainga llevó adelante la formulación de cargos y presentó cerca de 20 elementos de convicción que, desde su teoría, revelaban la participación de los procesados.

Según Toainga, el delito se dio en la Contraloría General del Estado (CGE), entre los años 2018 y 2020, cuando Celi, al ser contralor subrogante, supuestamente desvaneció una glosa por $ 22′645.008,32 a favor de la empresa China CAMC, mediante una resolución del 26 de abril de 2019.

Para la Fiscalía, el desvanecimiento se habría realizado como contrapartida de un pago de $ 1′335.935 efectuado por China CAMC, contando con la facilitación de Esteban Celi y Pedro Saona.

“La empresa China CAMC entregó un beneficio económico indebido a cambio de desvanecerse la determinación de sus responsabilidades en la CGE y se valieron de interpuestas personas cercanas al funcionario público que tenía a su cargo el poder para hacerlo. La forma en la que se gestionó el beneficio económico indebido evidencia una clara intención de dotar de la apariencia de legalidad a través de la suscripción de un contrato efectuado el 22 de febrero de 2019 entre Pedro Saona, como gerente general de LegalCont LLC, y el representante de la empresa China CAMC”, explicó Toainga.

El objetivo del contrato, refirió el fiscal subrogante, era realizar estrategias legales ante la CGE encaminadas a disminuir la predeterminación establecida en la glosa de $ 22′645.008. Para Toainga eso esboza una irregularidad que permite establecer una relación clara de esta intención de aparentar legalidad a la “dádiva”, pues la empresa LegalCont LLC fue constituida en Estados Unidos el 28 de febrero de 2019, es decir, seis días posteriores a la firma del referido contrato. LegalCont LLC habría sido constituida solo para recibir el dinero de China CAMC.

Los dos Celi, Pedro Saona y la persona jurídica China CAMC serán procesados por el delito de cohecho definido en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La normativa sobre la concusión señala que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

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Marcelo Ron y David Vaca, abogados de Pablo y Esteban Celi, respectivamente, mostraron su oposición a la prisión preventiva que solicitó el fiscal Toainga. Se oponían señalando que la Fiscalía no presentó elementos suficientes que revelen la participación de sus defendidos, ni tampoco ha demostrado que existe un peligro de fuga inminente que deja como única alternativa el que sigan privados de la libertad en la Cárcel 4.

De aceptarse la prisión preventiva, ninguno de los dos Celi podría dejar la Cárcel 4 por la caducidad de la prisión preventiva en el caso Las Torres. En ese proceso ellos han pasado un año con esa medida cautelar y al no existir una sentencia la prisión preventiva caduca y en su lugar debería imponérseles otras medidas. Otra orden de prisión preventiva suspendería esa salida.

Además de la prisión preventiva de las tres personas naturales, Toainga pidió la retención de cuentas en el sistema nacional financiero por $ 4.800 cada uno para el pago de una posible multa y la prohibición de enajenar bienes en la proporción para cada uno de la cantidad de $ 1,3 millones, que sería la posible reparación integral.

En cambio, contra la empresa China CAMC la Fiscalía pidió al conjuez Rojas que se ordene la retención de un total de $ 400.000 en cinco cuentas y también se prohíba la enajenación de bienes por $ 1,3 millones. Los abogados de la empresa rechazaron esta medida señalándola desproporcionada y que podría afectar la liquidez y el funcionamiento de la misma dentro del país, pues operaría en varios proyectos estatales.

Con toda la información entregada, el conjuez Adrián Rojas, cerca de las 16:20 de este lunes, suspendió la diligencia para analizar cada uno de los documentos y los argumentos entregados. Dijo el magistrado que suspendió la audiencia porque debe analizar profundamente para decidir respecto a las medidas de carácter personal y real que ha solicitado la Fiscalía. (I)