La bancada Unión por la Esperanza (UNES) busca no solo la destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional, sino también su destitución como asambleísta por la provincia de Orellana, para lo cual presentó dos denuncias por supuesto cobro de diezmos y tráfico de influencias.

Este sector político también presentó ante la Fiscalía General del Estado la denuncia penal por supuesto peculado en contra de la máxima autoridad del Parlamento.

Comisión que investigará a Guadalupe Llori fue notificada de la resolución del pleno que podría llevar a su destitución como presidenta de la Asamblea

La denuncia por supuesto cobro de diezmos la formuló la coordinadora de la bancada, Marcela Holguín, quien asegura que Llori habría dispuesto que cuatro funcionarios legislativos pagaran el alquiler de un vehículo con el que ella se movilizaba, con una tarifa semanal de $ 773,08. Llori habría diezmado a funcionarios legislativos para que con sus recursos renten un auto para que ella pueda movilizarse, comentó.

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Por estos hechos, según Holguín, la presidenta del Legislativo habría incurrido en la prohibición contemplada en el numeral 4 del artículo 163 de la LOFL, esto es, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.

En el relato de los hechos, Holguín habla de que presuntamente Guadalupe Llori, entre los meses de julio, agosto y quizá septiembre de 2021, utilizó para su movilización un vehículo de placas PDM-4156, marca Ford, modelo Explorer XLT AC 3.5 5P 4x4 TA, del año 2019.

Ferdinan Álvarez, representante de UNES por Guayas, denunció a Llori por supuesto tráfico de influencias, pues asegura que la esposa del fiscal de la provincia de Orellana, Pío Palacios, que tramitaba casos con los que estaba vinculada Guadalupe Llori cuando ocupó la Prefectura de Orellana, ahora trabaja con ella como coordinadora de talento humano de la Asamblea Nacional.

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Los dos legisladores del correísmo presentaron las denuncias el 26 de abril, y los expedientes deben pasar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación antes de que lleguen al Comité de Ética para la respectiva investigación.

Esta denuncia también fue presentada ante la Fiscalía General del Estado por supuesto peculado, según lo anunció el legislador Ronny Aleaga, también de la bancada UNES. (I)