El caso Odebrecht en Colombia: mucho ruido y pocas nueces

El caso Odebrecht en Colombia se tiñó de sangre. Lo han marcado tres muertes que ocurrieron a fines de 2018, mucho después de que se conociera el pago de millonarios sobornos de la constructora brasileña en varios países de la región en diciembre de 2016. Con una carambola adicional, un asesor del grupo asociado con la multinacional en su mayor obra, Néstor Martínez Neira, se convirtió en fiscal de la Nación a partir de agosto de ese mismo año.

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Si bien la constructora admitió el pago de 11 millones de dólares de coimas en Colombia ante las autoridades de Estados Unidos, Brasil y Suiza, los pagos clandestinos y los que emergieron de los casos judiciales sumarían 56,7 millones de dólares. Tampoco se ha aclarado con cuánto dinero contribuyó Odebrecht a cuáles campañas políticas.

Es noviembre de 2018 y -según la versión de la Fiscalía colombiana- Jorge Enrique Pizano está en el estudio de su finca a las afueras de Bogotá. Prepara una botella de agua con cianuro, la deja sobre su escritorio y se va al baño a afeitarse. Y allá, en el baño, lo mata un infarto.

Su hijo Alejandro Pizano, de 31 años, volvió a la finca después de enterrar a su padre. En el estudio, queriendo sentirlo otra vez cerca, se puso el saco de su papá y se sentó en su escritorio. Probó un sorbo del agua que se veía aguamarina e intentó escupirla porque sabía mal. A las pocas horas murió camino a un hospital. Este fue el dictamen de la Fiscalía cuya cabeza, al momento de la muerte de los Pizano, era Néstor Martínez Neira.

Las extrañas muertes se convirtieron en un escándalo en Colombia porque posiblemente sabiendo que el cerco se estrechaba, Pizano había entregado a Canal 1 una grabación de agosto de 2015. En la conversación dos hombres hablaban de los sobornos de Odebrecht en la Ruta del Sol II que conecta el centro de país con el Caribe. Uno de ellos era Pizano, en ese momento auditor financiero de la megaobra de más de mil millones de dólares, que consistía en ampliar la vía, operarla y mantener los 528 kilómetros. El segundo era Néstor Martínez Neira, en ese momento asesor jurídico del Grupo Aval, un conglomerado financiero fundado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia según Forbes.

El Grupo Aval, con su empresa Estudios y Proyectos del Sol (Episol), tenía el 33 % de la Concesión de la Ruta del Sol II, las brasileñas Constructora Norberto Odebrecht y Odebrecht Investimentos en Infraestructura Limitada el 61,2 %, y CSS Constructores, S. A. el 4,9 %. Además, Corficolombiana, otra empresa del grupo AVAL, administraba mediante un patrimonio autónomo los recursos financieros para la obra. Estos provenían de aportes del Estado, peajes e inversiones y créditos de los socios privados. Los mismos concesionarios crearon el Consorcio Constructor del Sol (Consol) que, además de construir la obra, subcontrataba a múltiples empresas que hacían trabajos específicos. De esos contratos a terceros era que le estaba hablando Pizano a Martínez, pues ya llevaba años denunciando que había arreglos ficticios, inflados o duplicados y a nadie parecía importarle.

El hijo del fiscal, Humberto Martínez, escribió una carta pública lamentando la terrible muerte de su gran amigo Alejandro Pizano: “No se puede aceptar que una pérdida familiar de esta magnitud esté siendo utilizada para crear suspicacias donde no las hay”.

Canal 1 no era el único. Pizano, a quien además le habían diagnosticado cáncer linfático, había hablado antes con María Jimena Duzán, columnista de la revista Semana y le dijo: “Yo advertí durante tres años en mis informes de los malos manejos administrativos (irregularidades) antes de que estallara el escándalo en diciembre de 2016 (…) Tengo claro que me volví incómodo para el Grupo Aval y para el fiscal. Eso coincide con mi abrupta salida de mi puesto de controller a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía”.

Miles de personas salieron a la calle a pedir la renuncia del fiscal, que se quedó hasta mayo de 2019. El país ya sabía que la soñada Ruta del Sol II había sido un barril sin fondo de corrupción; que además de las denuncias de Pizano sobre los contratos, los funcionarios de Odebrecht habían confesado ante la justicia de Estados Unidos haber pagado millones de dólares en sobornos; y sabían que otros miles de millones de pesos fluyeron a congresistas y campañas políticas.

Semanas después de la muerte de los Pizano, el 27 de diciembre de 2018, Rafael Merchán, exsecretario anticorrupción del gobierno de Santos que había sido citado como testigo de las investigaciones por el caso Odebrecht, se suicidó con cianuro en su apartamento en Bogotá. “Fue una decisión autónoma y personal”, lamentaron sus familiares.

El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, en colaboración con el Quinto Elemento Lab y otros ocho medios de la región*, hizo un corte de cuentas al intenso caso de Odebrecht en Colombia, para ver qué nueces quedaron después de tanto ruido.

Movidas de urgencia

El 19 de junio de 2015 habían capturado en Brasil a Marcelo Odebrecht, presidente y heredero de la exitosa multinacional de ingeniería que tenía contratos en todo el continente, en conexión con el escándalo de Lava Jato, un cartel de empresas brasileñas que pagaron sobornos a políticos y funcionarios públicos para obtener contratos.

El controller Pizano estaba en una encrucijada: por un lado quería curarse en salud llevando su denuncia a Martínez, el cercano colaborador de Sarmiento Angulo, patriarca del Grupo Aval (y para ello grabó la entrevista citada); por otro lado, no quería perder el trabajo que necesitaba. Además, como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) había firmado otro contrato de concesión con Odebrecht y CSS Constructores, en diciembre de 2009. Se trata de un interceptor que llevaría aguas contaminadas del río Tunjuelo a la planta de tratamiento de Canoas, con un costo de 85 millones de dólares. Él había reiterado su inocencia en ese asunto, pero como desde el día de su adjudicación había habido denuncias de favores corruptos, temía que lo involucraran.

Por eso el auditor no solo habló con Martínez, sino que también envió un informe de seis páginas enumerando los contratos “que no habían surtido los procedimientos de contratación de la Concesionaria” al propio José Elías Melo, presidente de la Corficolombiana y escribió varios correos a otras personas del mismo grupo. Funcionarios del Grupo Aval habían sonado también la alarma del desangre, como surgió de la investigación de la Superintendencia de Sociedades. Finalmente, el Grupo Aval comenzó a investigar.

Entre septiembre y noviembre de 2015, sus ejecutivos se reunieron con los de Odebrecht para discutir la pertinencia de pagos realizados por la Concesionaria y Consol a favor de terceros. Crearon un comité de ética que al principio no halló irregularidades. No obstante, cuando las encontraron, las partes llegaron a un acuerdo en marzo de 2016 para no demandarse mutuamente, superar las diferencias y lograr parar esos pagos, según los testimonios ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio. Este acuerdo incluyó que Odebrecht aceptara devolverle inmediatamente a la Corficolombiana unos 2,7 millones de dólares y completar luego el reintegro hasta de 10 millones de dólares. En el papel quedó este reintegro como una devolución del fee de liderazgo de Odebrecht en la concesión. Explicando esta decisión luego de que estallara el escándalo, Martínez dijo que ese era el monto de los contratos que no se pudieron explicar.

¿Por qué si en el Grupo Aval les aterraba que su socio estuviera pagando sobornos no lo denunciaron a las autoridades, sino que firmaron este pacto de silencio, en cuya redacción participó el futuro fiscal Martínez? ¿Fue un blindaje? ¿No denunciaron para no llamar la atención de las autoridades estadounidenses porque Aval es un conglomerado que cotiza en la Bolsa de Nueva York?

Al final les resultó contraproducente porque la Procuraduría colombiana consideró que este acuerdo de transacción era una prueba más de los actos de corrupción en la ejecución del contrato de Concesión de Ruta del Sol. A la postre, José Elías Melo, presidente de la Corficolombiana y un alto ejecutivo del grupo financiero, fue condenado por la justicia por “interés en la celebración de contratos y por cohecho por dar u ofrecer” en relación con el pago de 6,5 millones de dólares al entonces viceministro Gabriel García Morales. Luego, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia estadounidenses les enviaron preguntas sobre la Ruta del Sol II, como el mismo Grupo Aval lo reveló en sus reportes financieros, aunque no está confirmado que estas se relacionen con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La captura de Marcelo Odebrecht coincidió también con un timonazo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Echando por la borda un impecable proceso meritocrático dirigido desde su propio despacho, el presidente resolvió incluir a Martínez Neira en su terna de candidatos a fiscal general de la Nación. La Corte Suprema de Justicia eligió a Martínez en ese cargo en abril de 2016 y en agosto siguiente se posesionó. ¿Necesitaba una figura de confianza por si el caso Odebrecht explotaba? Meses después se conocieron varias denuncias de que dineros de la multinacional fueron a dar a las campañas de Santos en 2010 y en 2014. El expresidente dijo que nunca supo de tales aportes y la justicia no encontró razones para investigar las denuncias a fondo.

Por su parte, Odebrecht previó lo que se le venía encima y firmó un contrato retroactivo con el excongresista Otto Bula Bula para legalizar sus “actividades de lobby” en favor de la Concesión Ruta del Sol II en 2013 y 2014. Según lo destaparon luego las propias confesiones de los ejecutivos de Odebrecht y la justicia colombiana, el cabildeo de Bula había consistido en realidad en repartir a diestra y siniestra sobornos por alrededor de 4,5 millones de dólares a congresistas y funcionarios públicos.

El pago a Otto Bula se conoció a raíz del acuerdo con la justicia de Estados Unidos. Otros 6,5 millones de dólares se entregaron al director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, en 2010 para conseguir la Concesión Ruta del Sol II. Así las coimas en Colombia supuestamente sumaban 11,1 millones.

Basada en estas confesiones, la Fiscalía colombiana inició de oficio sus investigaciones. A diferencia de Perú o Ecuador, nunca firmó un acuerdo marco con Odebrecht. Por eso ha sido complicado que la multinacional entregue la información adicional. Por fortuna, algunas pruebas requeridas por fiscales de otros países arrojan también luces sobre las dimensiones de lo que sucedió en Colombia.

Los primeros sobornos

El primer registro del que se tiene un documento salido de planillas secretas de pagos de Odebrecht está fechado en abril de 2008 y hace referencia a una obra identificada como PTAR-Colombia y a la receptora (o receptor) la llaman “Pietra”. La identidad detrás de este alias (codinome en portugués) es aún desconocido.

Este pago puede referirse a la concesión del interceptor Tunjuelo que llevaría aguas servidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Canoas. No obstante, no se le asigna ningún pago. Como este registro no va acompañado con otros asociados a la misma obra, es difícil saber si corresponde a un arreglo ilegal.

Lo que sí se conoce es que la Fiscalía acusó al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y a su hermano, el entonces senador Iván, de haber recibido un soborno de la concesionaria por 490.000 dólares para obtener ese contrato. Moreno se declaró inocente. El llamamiento a juicio ha tenido múltiples tropiezos y aún no se ha probado la culpabilidad de los hermanos, que están presos cumpliendo otras condenas por corrupción.

Los segundos pagos de los que Odebrecht sí dejó rastro en sus cuentas son los del soborno a García Morales. Entre el 2 de marzo y el 3 de septiembre de 2010 salieron seis giros desde la cuenta Klienfeld Services en la Banca Privada de Andorra BPA, a Lurion Trading, que sumaron los 6,5 millones de dólares que supuestamente garantizaron la adjudicación de la Ruta del Sol II tramo. Este caso es quizás el que más esclarecido está por la justicia, porque consiguió que García Morales confesara ser el último beneficiario, y estableció que sus amigos de infancia Enrique y Eduardo Ghisays prestaron su cuenta offshore en Panamá para lavar el dinero y fueron condenados por ello.

Aún así, quedaron muchas preguntas sin responder. Siendo viceministro de Transporte, García Morales asumió además el cargo de director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), en remplazo de Álvaro José Soto. Entró en septiembre de 2009, en diciembre firmó la concesión y en marzo siguiente renunció. Según dijo a este equipo periodístico un observador muy cercano de lo sucedido que prefirió no mencionar su nombre, otros funcionarios hicieron viable la llegada de García al cargo y debieron tener también su premio, aunque esto no lo ha corroborado la justicia.

El propio García Morales dijo después a magistrados de un Tribunal de Arbitramento que funcionarios de Odebrecht le habían informado que habían pagado por lo menos 15 millones de dólares adicionales entre lobby, periodistas, y aportes a campañas (era un año electoral) para promover esa adjudicación. Como nadie constató estos pagos, esta investigación no los contabiliza.

Un factor que hace sospechoso que los 6,5 millones de dólares solo eran para García Morales es que no se encontró todo el dinero. La Fiscalía señaló que, según Ghisays, un millón de dólares se perdió en la bolsa de valores y 1,3 millones en gastos varios sin que existan soportes. ¿Por qué la justicia aceptó que alguien perdiera tanto dinero, como si se tratara de monedas?

¿Pagó Odebrecht todo el soborno, o sus socios de Episol contribuyeron? Luiz Bueno dijo a la Superintendencia de Industria y Comercio: “Yo tenía una persona allá que es Manuel Ximénez, él es brasilero… y Corficolombiana tenía su representante que era Mauricio Millán, entre ellos dos hacían la división de los costos, considerando el aporte de los $ 6,5 millones que se habían pagado a Gabriel García (…) Preguntado: ¿Cómo se aseguró Odebrecht de que Corficolombiana pagara el porcentaje que le correspondía de los $ 6,5 millones? Contestó: … Si eso no pasaba o hubiera tenido algún problema, ese tema volvería a mí de nuevo para yo solucionarlo con José Elías Melo, nunca ocurrió porque se cumplió como se había acordado”.

García Morales, por su parte, dijo a los magistrados del Tribunal de Arbitramento: “Un funcionario de Corficolombiana o Episol cuyo nombre es Mauricio Millán informó sobre un pago realizado en 2010 que incluso él mismo había objetado, porque no tenía ningún soporte”. Algo similar dijo Millán en calidad de testigo en el juicio a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.

La justicia condenó a Melo por estos hechos, y pidió investigar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo del líder del Grupo Aval, pero esta investigación se archivó. A pesar de que García no pudo justificar a dónde fue a parar una parte de los sobornos, el exviceministro aceptó su culpa ante la Fiscalía, que le rebajó la pena y evitó que pagara multimillonarias sanciones.

Es difícil corroborar si en 2010 Odebrecht hizo otros pagos, no obstante, sí se conoció por la prensa de otro giro irregular ese año. Quien fuera gerente de la campaña presidencial de Santos, en ese momento candidato del partido del presidente Álvaro Uribe, Roberto Prieto, en una entrevista radial reconoció que sí había sabido de un pago de 400.000 dólares a la campaña Santos antes de que él llegara a gerenciarla, aportados indirectamente para la impresión de afiches, pero que el candidato no lo supo. En 2018 salieron a la luz grabaciones de varias conversaciones, entre ellas, una de Santos con Prieto en la que pregunta sobre el asunto de los afiches con preocupación, dejando la sensación de que el presidente no supo de esta donación en especie.

De ahí surgió que el aporte se giró a la firma panameña Impressa Group Corp., creada poco antes en junio de 2010 por el esposo de una funcionaria del gobierno. Días después, el comité de finanzas de la campaña sacó un comunicado diciendo que “no fue de nuestro conocimiento, ni del gerente, ni del comité financiero y con el absoluto desconocimiento del entonces candidato Juan Manuel Santos”.

Arranca la Ruta del Sol

Hacia fines de junio de 2011, arrancó la obra Ruta del Sol II. Entonces el sistema Drousys de Odebrecht registró dos pagos, de los que hasta ahora no se tenía conocimiento. Ambos fueron realizados el 28 de junio de 2011 para la obra “Rota do Sol” y su responsable fue Luiz Eduardo Da Rocha Soares, que era el director supervisor de Odebrecht en Colombia. Marmoreo recibió 350.000 dólares, y Barba Blanca, un millón. También figura una cifra de “acumulado” por 11,1 millones, que no se sabe si coincide con los montos pagados hasta ese momento por la adjudicación de gran carretera.

La justicia nunca preguntó por estos pagos y ninguno de los múltiples testigos que recibieron beneficios judiciales los ha mencionado.

En octubre siguiente, el Instituto de Concesiones (INCO) publicó el pliego de condiciones para la licitación de la Transversal de Boyacá, en diciembre se abrió la licitación y en marzo de 2012 se le adjudicó al consorcio Conpros de los mismos socios: Odebrecht y Proyectos de Infraestructura S. A. (PISA), también del Grupo Aval. Era una obra más pequeña que se licitó por 87,6 millones de dólares para la ampliación de una carretera de 49 kilómetros, que va desde la zona esmeraldera en Boyacá (este), hasta Puerto Boyacá sobre el río Magdalena. Se terminó de construir sin contratiempos en julio de 2016.

¿Quiénes son estos personajes Marmoreo y Barba Blanca? Este equipo periodístico preguntó sobre este y otros casos a personas cercanas a Odebrecht. Respondieron que hasta que se consolide en Colombia un ambiente de colaboración en el cual las pruebas que entreguen no se usen en contra de sus empresas ni de sus exempleados, no pueden dar más datos.

Favores de bulldozer

Federico Gaviria, un ejecutivo de mercadeo que había estado involucrado en otros escándalos, fue contratado por Odebrecht para que le abriera puertas en Colombia. Como él mismo le aseguró a la justicia, Luiz Bueno, director para Colombia, le dijo que necesitaban conseguir un contrato de “estabilidad jurídica”, un paquete de normas que les congelaría las condiciones fiscales de la Concesión Ruta del Sol II por los años del contrato. El plazo para aprobar los últimos contratos de ese tipo vencía en diciembre de 2012 y les urgía apoyo.

Según declaró Bueno, a mediados de 2012 conoció a Otto Bula, un excongresista, y este le ofreció su apoyo y delegó el asunto en Yesid Arocha, director jurídico de Odebrecht. Bula llamó para que hiciera la gestión a un ahijado político de su misma región del país, Bernardo Miguel Elías, apodado Ñoño. ”Bula relató que, habiendo perfeccionado la negociación, Elías, junto con sus pares de las comisiones de presupuesto estuvieron muy activos en el proyecto de estabilidad jurídica, cumpliendo gestiones ante el ministro de Hacienda, el director nacional de Presupuesto y el ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados, quien delegó en Luis Miguel Pico para que realizara lobby en los ministerios, y estos a su vez, ejercieron presión en el Congreso”, dice la sentencia de condena de Elías.

El Gobierno estaba en plena negociación con el Congreso para que le aprobara una reforma tributaria, y eso les daba a los senadores especial ventaja para obtener favores. Bula y otros intermediarios sostuvieron que la empresa brasileña acordó hacerle al excongresista un giro de 2,23 millones de dólares. La plata se envió en el primer trimestre de 2013 desde la empresa de Hernando Mario Restrepo, New Com INT, S.A., registrada en Panamá en septiembre de 2008 a otra empresa en Colombia, que a su vez, le giró varios cheques a Bula y este los repartió en efectivo. Restrepo dijo que aceptó prestarse para traer el dinero, creyendo que era una operación lícita porque Bula le debía plata de un ganado. Según declaró Restrepo, Elías necesitaba el dinero para saldar deudas de campaña electoral.

No han salido a la luz pública las planillas de contabilidad de Odebrecht que corroboren si los montos girados por este concepto son los que confesaron los involucrados. No obstante, los investigadores de la Corte Suprema de Justicia sí encontraron los giros. Además, según la sentencia de la misma CSJ, el senador Antonio Guerra de la Espriella recibió unos 100.000 dólares en efectivo por ayudar a presionar al Gobierno para que aprobara el contrato, y por eso fue condenado. Pero no sabe aún quiénes fueron los receptores finales del dinero en efectivo, además de Elías y de Guerra.

El caso es que el 31 de diciembre de 2012 a las 5 p.m., a horas de vencerse el plazo, el Ministerio de Transporte y la Concesionaria Ruta del Sol II firmaron el contrato de estabilidad, que según dijo el intermediario Gaviria le escuchó decir a Bueno, les traía beneficios tributarios por 60 millones de dólares.

Al parecer, desde ahí llamaron a estos congresistas y a varios otros que están en investigación preliminar ‘Buldozers’, porque arrasaban cualquier obstáculo para conseguir los “favores” bien remunerados. Así los identificó Odebrecht en sus planillas de coimas. Estos ‘Buldozers’ le vendieron sus servicios a la constructora supuestamente para impulsar la aprobación de la adición de una ruta de 72 kilómetros que atravesara la Ruta del Sol desde la ciudad de Ocaña (oeste) hasta Gamarra, sobre el río Magdalena.

La nueva vía ya llevaba varios meses en proceso de aprobación. Desde julio de 2012, la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), liderada hacía casi un año por Luis Fernando Andrade, un consultor y socio de McKinsey, formalizó su interés de desarrollar esa carretera y un mes más tarde, la Concesionaria Ruta del Sol II ya presentó su propuesta para el diseño de la vía. Se requería una vía que conectara con eficacia a Venezuela con Colombia. Hoy Andrade está en juicio acusado de celebración indebida de contratos y otros presuntos delitos por las modificaciones al contrato con la Concesionaria Ruta del Sol II que incluyeron esta vía. Él ha insistido en su inocencia.

No obstante, según han atestiguado varios implicados, Odebrecht hizo pagos a los ‘Buldozers’, a través de sus consultores Federico Gaviria y Otto Bula, para añadir esta vía al contrato original. Solo se conocen las planillas secretas desde fines de 2013, y por eso, esta investigación solo pudo corroborar nueve giros a partir del 5 de diciembre de 2013, desde las cuentas de Odebrecht en el exterior a diversas cuentas de Bula o de sus amigos en Panamá o en Hong Kong. Las transferencias, hasta junio de 2014, suman unos 4,4 millones de dólares.

No está claro si todos estos pagos se relacionan con la vía Ocaña-Gamarra.

Existe la posibilidad de que también incluyeran sobornos por una nueva obra: el encauzamiento, el dragado y el mantenimiento de 908 kilómetros del principal río de Colombia, el Magdalena, para volverlo navegable. A fines de julio, el Consorcio Navelena, conformado por Odebrecht (87 %) y Valorcon (13,33 %) presentó su oferta económica. El Magdalena corre paralelo a buena parte de la Ruta del Sol. La obra se calculó en unos 1.275 millones de dólares. Valorcon es de Julio Gerlein, que proviene de una familia de políticos de Barranquilla, quien luego ha sido investigado por otro sonado caso de compra de votos. En 2016, Navelena aún no lograba conseguir el cierre financiero para iniciar la obra. Luego estalló el escándalo internacional y el Gobierno liquidó el contrato en 2017.

En sus primeras declaraciones a la justicia, Bula negó tajantemente que él hubiera recibido los 4,6 millones de dólares y que superan los 4,4 millones respaldados en las planillas secretas. Tanto este excongresista como Gaviria hablaron de dineros que fueron a financiar las campañas electorales de 2014, pero sin referencias a campañas específicas.

Como resarcimiento, Bula se comprometió a entregar una finca y un pagaré que suman 2,1 millones de dólares. Según la sentencia, Gaviria había recibido 1,6 millones de dólares de beneficio personal y lo multaron por 2,8 millones. En respuesta a una petición del CLIP, la dirección de cobro coactivo del Consejo Superior de la Judicatura indicó que, por ley, los sancionados tienen hasta dos años para pagar las multas. También informó que de la millonaria multa, Bula debe solo unos 10.000 dólares, pero no tienen información de Gaviria, pues no todas las multas impuestas por los jueces llegan a las Oficinas de Cobro Coactivo de la Rama.

A los dos les dieron beneficios por colaboración y están en libertad. Sin embargo, hoy no se sabe con precisión quiénes recibieron los fondos.

La información sobre el caso de los ‘Buldozers’ que dio a la justicia colombiana Eleuberto Martorelli, el director de Odebrecht para Colombia desde enero de 2013, se contradijo con datos que aparecen en las planillas secretas. Según Martorelli, tres pagos en junio y septiembre de 2014, que suman exactamente un millón de dólares, fueron a los congresistas y funcionarios que facilitaran las gestiones para sacar adelante la vía Ocaña-Gamarra. No obstante, en las planillas figuran como pagos al alias Marinheiro.

Empujón publicitario a presidenciales de 2014

Según lo confesó el propio Martorelli ante la justicia brasileña, esperando que les pusieran mayor atención a sus reclamos, ellos contribuyeron con un millón de dólares para realizar un estudio de opinión a Sancho BBDO, una veterana agencia publicitaria que llevaba la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Luis Alberto Peña Bernal, ejecutivo de Sancho BBDO, le propuso -relató Martorelli- contratar a su firma para un estudio para la campaña de reelección de Santos. “Yo le dije que sí, pero a condición de que le dijera al gobierno que Odebrecht había contribuido y que eso nos ayudara a resolver problemas que teníamos en la Ruta del Sol”, dijo Martorelli.

Explicó luego que tenían reajustes por 6 millones de dólares por gastos extraordinarios de obra en la Ruta del Sol, pero que “aproximarse a las autoridades colombianas es muy difícil, así que esta era una oportunidad para aproximarse a las autoridades por la vía de la campaña”. El giro se hizo a la firma Paddington Ventures de Panamá y el alias fue Marinheiro.

En total, esta investigación encontró 2,65 millones de dólares con beneficiario final Marinheiro. Dos de esos pagos a este beneficiario se hicieron a finales de junio de 2014, muy cerca a la segunda vuelta presidencial. Santos, quien se presentó para reelección ese año, había competido con Óscar Iván Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe Vélez, y había perdido en la primera vuelta.

El alias Marinheiro también fue usado en Perú. Por eso no se puede afirmar que si un pago a Marinheiro está probablemente asociado con la campaña de Santos, los demás también lo estén.

Odebrecht apostaba a todos quienes podrían ganar. Martorelli también confesó que financió parte de los honorarios que ‘Duda’ Mendonça, el reconocido publicista brasileño, cobraría a la campaña de Zuluaga. Daniel García Arizabaleta era consultor de Odebrecht y funcionario de la campaña de Zuluaga. El candidato, su hijo y el hoy saliente presidente de Colombia, Iván Duque, viajaron a reunirse con Mendonça. Luego declararon que nunca supieron que Odebrecht había pagado esos honorarios.

García Arizabaleta había sido nombrado por el gobierno de Uribe director de Invías. En junio pasado fue acusado por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito y falsedad dentro del caso de Odebrecht.

Este pago al publicista se realizó en tres giros que sumaron 1,6 millones de dólares, entre junio y julio de 2014, a la offshore panameña Topsail Holding S. A., registrados con el alias O Outro, es decir El Otro.

Cuando estas noticias salieron a la luz pública tres años después, el magistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa dijo que deberían investigarse estas campañas. A los pocos días llegó un anónimo aseverando que estaba impedido a juzgar el caso. El pleno del CNE en Colombia, que se constituye con representantes de los partidos políticos más votados, acogió la recusación, y le prohibieron a Novoa participar en las discusiones. Tampoco faltaron las intimidaciones a este magistrado. En Colombia está prohibido por la Constitución recibir donaciones a campañas de entidades extranjeras. No pasó nada.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la que por ley investiga posibles actuaciones ilegales del presidente de la República, tampoco encontró mérito para proseguir con el caso.

Posteriormente, la justicia documentó otro giro irregular aunque no se pudo corroborar en la contabilidad clandestina de Odebrecht. Se trata de un pago por 2,7 millones de dólares a la firma Consultores Unidos Panamá, cuyo dueño era Eduardo Zambrano. Este personaje había huido de la justicia en los años ochenta, luego de que siendo vicepresidente de un banco privado se involucrara con su jefe para hacerle supuestos créditos ficticios a ganaderos.

No está claro qué estaba pagando Odebrecht en mayo de 2015 cuando hizo este giro. Zambrano dijo a la Fiscalía que los dineros fueron “para unas campañas políticas”. En octubre de ese año hubo elecciones de autoridades locales. De todos modos, no es obvio a cambio de qué quería Odebrecht hacer esos aportes, ni la justicia los investigó. Apenas consiguió que Zambrano aceptara algunas acusaciones y aún habiendo sido prófugo de la justicia en el pasado, le dio beneficios por su colaboración y este junio se ordenó su libertad por pena cumplida.

Los doce del Patíbulo

Los giros sospechosos que había denunciado Pizano son adicionales a los sobornos pagados en dólares en el exterior hasta ahora descritos. En paralelo, entre marzo de 2013 y diciembre de 2015, en Colombia, a través de la Concesionaria Ruta del Sol y su constructora Consol, fluyeron otros dineros irregulares. Los sacaban mediante contratos de obra inflados o ficticios, o pagos de prediales por mayor valor y otras artimañas.

Como algunos de los contratos sí pagaron en parte obras, diseños o aportes reales a la carretera Ruta del Sol, es difícil determinar exactamente qué proporción se fue a engordar los bolsillos de los sobornados.

Sí podemos decir que los mayores contratos irregulares que denunció Pizano, y que luego corroboró y amplió la Fiscalía, pasaron por una docena de empresas intermediarias. Una de ella fue Consultores Unidos de Colombia, hermana de la de Zambrano en Panamá. Contando solo a la docena de compañías, la Concesionaria y Consol firmaron contratos irregulares por más de 74 mil millones de pesos, un valor mayor a lo denunciado por Pizano, y el doble del valor que Odebrecht acordó devolver a Corficolombiana, por contratos que luego aceptaron habían sido irregulares cuando hicieron el singular Acuerdo de Transacción. El equivalente en dólares llega a 34,8 millones de dólares.

La Corte Suprema de Justicia tiene abiertas investigaciones preliminares contra nueve congresistas. En 2021 condenó Bernardo Ñoño Elías a ocho años de cárcel y en 2022 al senador Antonio Guerra de la Espriella a trece años. Además, le impuso una multa a Elías del equivalente en dólares a 2,9 millones que aún no ha pagado.

La justicia no ha avanzado en el caso de Esteban Moreno, por ejemplo, que había ocupado varios cargos en las campañas liberal y presidencial de Santos, y está señalado de haber recogido los dineros girados por contratos con las firmas Gistics y a RGQ Logistics como contribuciones a la campaña presidencial, de Santos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Odebrecht y sus afiliadas con multas equivalentes a 51,4 millones de dólares y a Corficolombiana y a su filial Episol con otra de 26,2 millones de dólares. Además, multó a la Concesionaria Ruta del Sol II con 64.000 dólares. Los cobros contra Odebrecht y sus empresas en Colombia, incluyendo la Concesionaria, están suspendidos debido a que se encuentran en proceso de liquidación.

La justicia colombiana actuó en este caso y consiguió condenar al menos a doce intermediarios, a un alto ejecutivo del Grupo Aval y a dos congresistas. Nueve más están bajo escrutinio y un exalcalde de Bogotá, un exdirector de Invías y muchos otros están acusados. No obstante, ha ido lenta o no actuó frente a algunos casos de personajes influyentes y no consiguió develar los nombres de todos los receptores de los sobornos. (I)

*Este artículo forma parte de la serie ‘Viaje al centro de Lava Jato’, realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), EL UNIVERSO (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).