El aborto por violación en el Ecuador podrá practicarse hasta las 12 semanas de gestación con excepción en las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad cuyo plazo se amplía hasta las 18 semanas.

La Asamblea Nacional tuvo que modificar cuatro veces el artículo 19 del proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo por violación de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, para obtener al menos 75 votos que viabilizaron la aprobación del texto que pasará a conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto.

Proyecto de ley aprobado pone 12 semanas como plazo máximo para abortar en caso de mujeres víctimas de violación

Hasta el último día de la votación se registraron negociaciones entre todas las fuerzas políticas. Hubo una votación dispar de los asambleístas de todas las bancadas legislativas, ningún bloque votó orgánicamente, por ello los resultados fueron apretados en un Parlamento de 137 asambleístas.

El trámite de este proyecto de ley de 64 artículos, dos disposiciones generales, seis disposiciones transitorias, nueve reformatorias y una disposición final surgió tras la sentencia de la Corte Constitucional de abril de 2021 que despenalizó el aborto por violación en el Ecuador en caso de violación, y ordenó primero que la Defensoría del Pueblo elabore una propuesta y con base en ese texto, la Asamblea Nacional apruebe una ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación.

Plazos y votación

Durante la construcción de este proyecto de ley se presentaron cuatro propuestas de plazos para la interrupción del embarazo, cuyo tema constituyó un nudo crítico que provocó fraccionamientos en todas las bancadas que optaron por liberar de la disciplina partidista a sus asambleístas para que voten de acuerdo con sus creencias religiosas, conciencia y convicciones.

El primer plazo fue de hasta 28 semanas de gestación para mujeres mayores de 18 años y sin plazo para las niñas, adolescentes y mujeres vulnerables, lo cual causó repudio entre los legisladores y empujó a la Comisión de Justicia a rectificar y por ello planteó para primer debate 22 semanas de gestación para mujeres menores de 18 años y 20 semanas de embarazo para las mujeres mayores de 18 años de edad.

Para el segundo debate, la mesa de Justicia redujo a 16 semanas de gestación para la interrupción, pero con excepción de las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad a quienes se fijó un plazo de hasta 18 semanas de embarazo.

Ese texto, en la sesión del pleno de la Asamblea del 17 de febrero no pasó y obtuvo 66 votos, pues faltaron 4 votos para su aprobación, lo cual motivó la suspensión de la sesión hasta encontrar consensos para un nuevo texto.

La legisladora ponente, Johanna Moreira (ID), pidió más tiempo para modificar el texto y asegurar apoyos, y planteó que el aborto por violación podrá realizarse hasta las 12 semanas para mujeres mayores a los 18 años de edad, con excepción de las niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad y nacionalidades indígenas quienes podrán hacerlo hasta las 18 semanas de embarazo. Obtuvo 75 votos a favor, 14 abstenciones, 41 votos en contra y se registraron 7 ausentes.

Al mocionar los cambios de plazos ante el pleno, Moreira afirmó que hoy las mujeres mayores de 18 años de edad se sacrifican por las niñas violadas del país, con el único objetivo de encontrar los votos y aprobar el proyecto que plantea un plazo de 12 semanas y una excepcionalidad de 18 semanas de gestación para aquellos grupos vulnerables.

Además, se propuso un cambio que asegura que las niñas y adolescentes tengan acompañamiento en el proceso de aborto por violación.

Moreira anunció que una vez que la ley entre en vigencia en el Registro Oficial, luego de pasar la revisión del Ejecutivo, presentarán una reforma para seguir insistiendo en ampliar los plazos para la interrupción del embarazo por violación. Si hay un veto y reduce los plazos, es más probable que no haya los votos para ratificarse lo que aprobó el Parlamento, advirtió.

Sofía Espín, de la bancada UNES, cuestionó que con la aprobación del proyecto quedó en evidencia un constante regateo de semanas, hasta que llegaron a las 12 semanas de gestación que es lo que recomendaba la legislación internacional y que fue recogido en el informe de minoría que ella suscribió junto a los asambleístas Ricardo Vanegas (PK) y Dalton Bacigalupo (ID). Es decir que jamás vieron los criterios técnicos y privilegiaron lo político, anotó.

Insistió que para las mujeres mayores de 18 años se debió establecer como plazo máximo un mes y medio de embarazo después de la violación, y en cambio, en las niñas y adolescentes se planteó doce semanas. Lo aprobado por la Asamblea todavía podía haberse mejorado, y la legisladora de UNES, espera que el Ejecutivo vete la ley con un ajuste en los tiempos.

Protestas

A la par de la votación, los grupos feministas y provida no aceptan lo aprobado por la legislatura. Ambos sectores realizaron plantones frente a la Asamblea Nacional con pancartas, música, banderas y pañuelos hasta que concluyó con la aprobación del texto.

Ana Vera, del colectivo feminista, manifestó que con el texto aprobado por la Asamblea se condena a niñas, mujeres y personas gestantes a la clandestinidad y maternidad forzada.

Que este sector analizará el escenario y esperan leer toda la propuesta para adoptar medidas más adelante.

En tanto, que Martha Cecilia Villafuerte, del colectivo provida, anunció que en los próximos días realizarán acciones desde la organización civil para movilizar una campaña por el veto total del proyecto aprobado por la Legislatura.

A su criterio, el país ha visto que los 137 asambleístas responden a la presión ideológica de una Corte Constitucional que en varias ocasiones ha pisoteado la Constitución. Villafuerte dijo que era uno de los escenarios que esperaban, por lo que se activará una campaña nacional para alcanzar del Ejecutivo el veto total. (I)