El 55 % de jueces destituidos por el Consejo de la Judicatura en 2022 cometió la falta gravísima de manifiesta negligencia

La manifiesta negligencia fue la falta gravísima por la que se sancionó al 55% (16) de los 29 jueces destituidos en 2022. A todos el Consejo de la Judicatura (CJ) les abrió un expediente administrativo para analizar su comportamiento.

El año pasado, según cifras de la Judicatura, un total de 77 servidores judiciales –jueces, fiscales, defensores públicos, notarios y otros funcionarios del sistema de justicia– fueron separados de la Función Judicial por el cometimiento de algún tipo de infracción. En el año 2021 la cifra se situó en 66, en 2020 fueron 46 servidores judiciales destituidos y en el 2019 el número llegó a 77.

Del total de 266 servidores que han sido destituidos en estos últimos cuatro años, los jueces con 93 casos se ubican en el segundo lugar con más elementos despedidos. El primer lugar de la lista general lo ocupan las destituciones de ayudantes, asistentes, auxiliares, secretarios judiciales, entre otros servidores, con un número de 126. En tercer lugar están los fiscales, con 26 destituciones; les siguen los notarios, con 11; y los defensores públicos, con 10 funcionarios separados.

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A los 16 casos de destitución por manifiesta negligencia del 2022 les siguen los casos por la infracción gravísima de error inexcusable, con seis jueces separados; por una concurrencia de manifiesta negligencia y error inexcusable, con tres casos; y por una concurrencia de dolo y error inexcusable, una destitución.

La lista de 29 jueces destituidos en 2022 se completa con magistrados que fueron separados de la Función Judicial por haber recibido condena en firme por un delito doloso, por manipular o atentar gravemente contra el sistema informático y por haber sido sancionado pecuniariamente por más de tres veces en el lapso de un año.

Para la aplicación de sanciones disciplinarias a los servidores judiciales que presuntamente han incurrido en faltas gravísimas de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, contenidas en el artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), un requisito indispensable es la declaración jurisdiccional previa.

La Corte Constitucional (CC), en su sentencia 3-19-CN-20A de agosto de 2020, ordenó que sea un juez superior al analizado el que defina si existe error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo para que un funcionario judicial pueda ser sancionado. Esta potestad hasta antes de la sentencia de la CC estaba en manos del pleno del CJ.

La evaluación a los jueces del país para garantizar que los mejores sigan siendo parte del sistema de justicia fue un tema del que se volvió a hablar luego que en cadena nacional, hace dos semanas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que el Ecuador contaba con “malos jueces que defienden a los delincuentes”.

En su alocución de más de diez minutos expuso los nombres de cinco jueces, los rostros, los cargos y en qué procesos aparentemente cometieron irregularidades. Que esa era una de las tres resoluciones tomadas dentro del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), dijo el primer mandatario.

Ángel Lindao, hoy exjuez multicompetente del cantón La Concordia (provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas), quien fue destituido el 25 de enero pasado por incurrir en la infracción gravísima de manifiesta negligencia, fue uno de los primeros nombrados. Le siguió Juan Carlos Terán, juez de Guayaquil que firmó más de quince boletas de excarcelación de personas relacionadas con casos de armas y droga.

También en la lista estuvieron los jueces de Manta (Manabí) Alexandra Quintero y Luis Alarcón, sobre quienes pesa una suspensión preventiva de 90 días, desde el 22 de diciembre pasado, debido a una denuncia hecha por la Fiscalía por una supuesta infracción gravísima en un juicio relacionado con narcotráfico.

El nombre de Émerson Curipallo, juez de Santo Domingo, completó el grupo de cinco jueces puestos en la “corte de la opinión pública” por Lasso. A él se lo relacionaba con la firma de más de quince boletas de excarcelación, “abusando de la acción de protección”.

El hasta hace unos días presidente temporal de la Judicatura, Álvaro Román, consideró que el 90 % de los jueces del país son buenos y a ellos, apunta, se los debe respaldar. Aun así reconoce que siempre habrá ese gran problema de tener ciertos jueces que abusan y tratan de aprovecharse de los vacíos. Para enfrentar este tipo de corrupción, anunció que desde la Judicatura se trabajará para sensibilizar a la ciudadanía de que debe denunciar cuando exista cualquier tipo de error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia.

Román recordó no solo que la independencia de las funciones es importante, sino también resaltó que el CJ y la Función Judicial tienen normas propias para realizar las actividades de control.

Sobre una posible evaluación a los jueces, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, consideró que debe hacerse realidad lo que señala el COFJ: la evaluación técnica de los jueces. También considera que la mayoría de jueces son buenos y que los casos de quienes tuercen la ley para su conveniencia son casos particulares.

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“Estamos dispuestos, no hay por qué temer. Si hay una evaluación técnica y objetiva, que se haga. Es importante, porque eso va a permitir reconocer el trabajo de los jueces que lo hacemos bien y de forma honesta, así como identificar a los responsables de actos irregulares. De manera tal que yo no creo que eso nos deba preocupar ni asustar”, sostuvo Saquicela.

Fausto Murillo en su último día como presidente temporal del CJ, pues ya había sido designado para finales de enero pasado por la CC para el cargo Román, sostuvo que el nuevo titular de la Judicatura tenía retos institucionales importantes por continuar y emprender.

Entre ellos nombró el concurso inmediato para llenar las vacantes de la CNJ, en el que, anotó, ya existía la normativa construida y solo se esperaban las certificaciones presupuestarias y armar los equipos operativos. Además, hacer la evaluación por tercios que corresponde en la Corte Nacional y como tema urgente la evaluación a todos los jueces del país.

Heidy Borja, presidenta del núcleo Guayas de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), opina que en el caso de existir un mal funcionario que no esté aplicando la ley o esté beneficiando al crimen organizado, están ahí los mecanismos legales para que esas decisiones sean revisadas e incluso existe el ámbito disciplinario para que se presenten las quejas y se puedan observar las actuaciones.

Aseguró que como asociación no están para respaldar actos de corrupción, pero también cree que cinco jueces no pueden definir la realidad de la administración de justicia.

“Lo que tenemos es que concientizar cómo mejoramos el sistema de la Función Judicial, porque somos un sistema. Aquí todos tenemos que asumir una responsabilidad (...), pero si el Gobierno nacional únicamente va a desplazar la culpa a los jueces por el tema de seguridad pública, entonces el Gobierno nacional no está reconociendo que no tiene la construcción de una verdadera política de seguridad pública”, indicó Borja.

El recién nombrado presidente titular de la Judicatura, Wilman Terán, a su llegada a la institución que dirigirá hasta enero de 2025 señaló que una de las principales tareas dentro de los ejes de gestión es la evaluación. De ella describió es una dinámica permanente y constante, la cual ayuda a afinar las tuercas de gestión en el buen gobierno de la Función Judicial. Pese a que la evaluación es innegable, aclaró que explicar en este momento las dimensiones de la misma sería apresurado y prematuro.

“Mi objetivo es poder entregar una Función Judicial fortalecida que genere la confianza ciudadana”, aseveró Terán. (I)