El veto parcial, el veto total, el veto por inconstitucionalidad o una objeción mixta, que se envíen a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional, son los cuatro escenarios que el Gobierno nacional está analizando aún para pronunciarse respecto al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 21 de julio y enviado al Ejecutivo para su revisión.

Así lo confirmó Jhossueth Almeida, subsecretario de Asuntos Regulatorios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, que manifestó que será el presidente Guillermo Lasso quien tome la decisión final, para ser presentada el 24 de agosto, día que vence el plazo.

Este viernes, 19 de agosto, se realizó en Guayaquil un encuentro con periodistas, representantes de medios de comunicación y gremios para socializar la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación. En esta misma semana se realizaron encuentros en Quito y Cuenca.

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Antes del inicio de la denominada mesa de diálogo, Almeida indicó que “se han observado al menos 50 artículos, que incluyen temas de autorregulación, autocensura y la responsabilidad ulterior y que las observaciones irían en la línea de precautelar la vigencia y desarrollo del derecho a la libertad de expresión, el mayor compromiso del Gobierno”.

“El proyecto enviado por la Asamblea Nacional no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y creemos que luego de escuchar a los representantes de los medios, sociedad civil, podemos llegar a un texto que sí se ajuste a estos estándares”, subrayó.

Reiteró que el compromiso del Gobierno será retirar todas las figuras que son excesivas en contra de los medios de comunicación y en contra del derecho a la libertad de expresión.

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Sobre una posibilidad de objeción parcial y la probabilidad de que la Asamblea Nacional termine allanándose al texto original, como ocurrió con la Ley del uso legítimo de la fuerza -tema que preocupa a los sectores involucrados-, el funcionario indicó que de darse esta situación “el Gobierno agotaría todas las instancias de diálogo con las diversas bancadas para llegar a un buen proyecto”.

En la cita, Almeida explicó que los artículos que pasarán a revisión de la Corte Constitucional para su evaluación y “puedan ser blindados” independientemente del Gobierno de turno y bancadas legislativas, son los siguientes: eliminación de la palabra opinión dentro del contenido comunicacional, limitación de la censura previa, responsabilidad ulterior de los periodistas, aprobación de los planes de comunicación por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y el alcance de los medios comunitarios en cuanto a sus jurisdicciones y derechos en términos de igualdad con el resto.

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En lo referente a los otros artículos, mencionó que, entre ellos, está la objeción al rol de la Defensoría del Pueblo sobre el control de los medios de comunicación; y, por otro lado, analizar la proporcionalidad del esquema sancionatorio a los medios de comunicación instaurado por la Asamblea Nacional, el cual podría conllevar a “adoctrinamientos”, según un comunicado enviado por la Secretaría General de Comunicación.

Por su parte, el secretario general de Comunicación de la Presidencia, Leonardo Laso, lideró la mesa y explicó que estos espacios sirven para recoger inquietudes, sugerencias y robustecer la Ley Orgánica de Comunicación.

Reconoció que el periodismo ha sido crítico con el Gobierno y destacó que este aspecto ha sido útil para corregir errores y dijo estar a las órdenes de los profesionales de la comunicación, a quienes garantizó su apertura para -de manera personal- atender sus pedidos o solicitudes.

“No queremos más leyes mordaza. Aun con los costos que implique tener una prensa dura o crítica. Preferimos eso a poner alguna limitación a la libertad de expresión”, recalcó.

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Una vez finalizada la mesa de diálogo, Almeida indicó que el encuentro tiene como fin ayudar en la construcción de la objeción que el Ejecutivo tiene entre sus opciones.

“Se ha conversado sobre los distintos escenarios posibles y las distintas opciones... los puntos más importantes que hemos discutido, lo que más preocupa a los medios de comunicación, a la ciudadanía y a la sociedad civil y al Gobierno nacional... son los artículos que nos regresan a un control desproporcionado sobre lo que los medios puedan decir o no puedan decir”, subrayó.

En tanto, entre los asistentes a la mesa de diálogo estuvo Kléver Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), quien reiteró que el pedido al Gobierno es el veto total al proyecto.

Chica contó que presentaron, días atrás, un documento al Gobierno dándole a conocer 16 inobservancias que tiene el proyecto y que en caso de entrar en vigencia sería un regreso al pasado y a una ley mordaza.

“Todos estamos inmersos en esta ley, toda la ciudadanía, estamos aquí defendiendo la libertad de expresión. Hay preocupación si se da un veto parcial, ya lo vimos con la Ley del uso de la fuerza, que la Asamblea solo tomó una objeción y hay que tener cuidado”, apuntó. (I)