La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa realizando las evaluaciones respectivas para tener claro a cuánto ascienden los daños y qué tipo de información fue afectada durante el ataque violento producido contra su edificio matriz, en el centro-norte de Quito, la tarde del miércoles último, por parte de manifestantes que apoyan el paro nacional que lleva de vigencia once días. Pese a ello ya hay dos procesados por esos hechos y otro ocurrido un día antes.

El primer ataque contra la edificación de la FGE se dio en dos partes el martes pasado, día en el que fueron más fuertes los enfrentamientos entre la Policía Nacional que buscaba dispersar a los protestantes que se ubicaban a lo largo de la avenida Patria, en el centro-norte de la capital, y los manifestantes, entre quienes estaban indígenas, universitarios, entre otros, que pretendían llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

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En la primera agresión, la cual se registró en la mañana, fueron rotos los ventanales de la entrada principal del edificio y algunas ventanas en la intersección de la avenida Patria y Juan León Mera; mientras que en la tarde de ese mismo día los manifestantes sobrepasaron nuevamente las vallas metálicas y mediante el lanzamiento de piedras y otros objetos intentaron ingresar.

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Por estos hechos, informó la Fiscalía, a una persona se le formularon cargos por ese tipo penal de terrorismo. Pese a que la FGE habría justificado el pedido de prisión preventiva, en audiencia el juez dictó para el procesado las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de salida del país durante los 30 días que dure la instrucción fiscal abierta.

Ese mismo día también se registró un ataque al edificio de la Unidad de Flagrancia de la Mariscal, ubicada también sobre la avenida Patria, pero con intersección de la 9 de Octubre. Para la agresión se usaron piedras, palos, vallas metálicas que estaban en la zona y otros objetos contundentes con los que se rompieron casi todos los ventanales de la parte frontal de la edificación.

La tarde de ese mismo martes la atención en esa dependencia se suspendió y por orden del Consejo de la Judicatura el servicio de esa dependencia judicial fue trasladado de forma temporal a la Unidad Judicial de Tránsito, ubicada entre las calles Pradera y Diego de Almagro, en el norte de la capital. No se conoce hasta el momento si existen detenidos por estos hechos vandálicos.

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De igual forma, se habría coordinado con la Fiscalía, la Defensoría Pública y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para que los servidores de esas instituciones que atienden casos de flagrancia se trasladen también temporalmente a esa Unidad de Tránsito. Se definió que el trabajo se realice bajo turnos y con el personal estrictamente indispensable.

La segunda agresión al edificio matriz de la FGE se dio la tarde del miércoles último, también dentro del marco de las movilizaciones convocadas por el movimiento indígena. Las cámaras de vigilancia registraron la presencia de cerca de 40 personas que luego de romper los ventanales de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Accidentes de Tránsito, localizada en la parte trasera de la sede de la Fiscalía, ingresaron y sacaron documentos y ciertos equipos electrónicos.

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Ante estos actos la fiscal general, Diana Salazar, escribió en su cuenta de Twitter: “Han atacado nuevamente el edificio de la FGE; lo que buscan no está ahí. Estos desmanes no son protesta social, son delitos. Hago un llamado a la paz, a la cordura y sobre todo al respeto”.

La sede de la Fiscalía mantiene un número más nutrido de agentes policiales vigilando, tiene vallas en el perímetro, tableros de madera en los ventanales rotos y concertinas en otros lugares afectados.

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A César M., la tarde de este jueves, la Fiscalía le formuló cargo por los delitos de terrorismo y robo, en concurso ideal de infracciones. Él habría sido aprehendido la misma tarde en que se produjeron los desmanes en las unidades fiscales de tránsito de Pichincha. Un total de 19 elementos de convicción fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos de un caso que tendrá una instrucción fiscal de 30 días.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, la mañana de este jueves, deslindó responsabilidades en lo ocurrido en la Fiscalía. Recordó que la mañana y tarde anterior a esos hechos el movimiento indígena marchó por diversas calles de la capital y no se dieron altercados.

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“Ustedes vieron, salimos de la marcha, cogimos a dar la vuelta que no es simplemente venir aquí a enfrentar, sino visibilizar los millones de ecuatorianos que estamos jodidos. Hay un río de gente que no estamos de acuerdo con estas políticas del Gobierno. Eso hemos mirado ayer y resulta que a las cuatro de la tarde ya estaban destrozando la Fiscalía. ¿La Fiscalía ahora a quién culpa? Nos culpan directamente a nosotros (dirigentes). ¿Saben por qué? Porque no van a poder llevar a todos a la cárcel, porque somos millones de ecuatorianos cabreados, pero sí pueden llevar a la cárcel a los dirigentes. No es que estamos con miedo, pero sí precautelar la vida de cada uno”, refirió.

La Dirección General de Recursos de la FGE estaría al momento realizando la evaluación detallada de los daños ocasionados. Se ha indicado que en el momento que concluya la intervención y se tenga la información consolidada se comunicará lo hallado. (I)