Aunque el general de la Policía Nacional en servicio pasivo Patricio Carrillo fue destituido de su función como ministro del Interior, las dos solicitudes de juicio político planteado en su contra en la Asamblea Nacional avanzarían y, es más, a este podrían sumarse más causales, como lo sucedido en el crimen de la abogada María Belén Bernal.

Patricio Carrillo fue separado de sus funciones la noche del 23 de septiembre por decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el contexto del asesinato de la abogada María Belén Bernal dentro del centro de formación de la Policía Nacional ubicado en el noroccidente de Quito. El principal sospechoso es su esposo y oficial, Germán Cáceres, cuyo paradero se desconoce.

Quito, 21 de septiembre de 2022. Protesta contra los femicidios, especialmente por la desaparición de María Bernal, frente a la Comandancia de la Policía en la av. Amazonas. HAMILTON LÓPEZ / API Foto: API

“El general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro; sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que sus servicios concluyan el día de hoy”, expresó Lasso en un mensaje transmitido desde el aeropuerto a su llegada al país de un viaje por los Estados Unidos.

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No obstante, esta remoción no influiría en que la interpelación política avance en la Comisión de Fiscalización de la legislatura, basada en un supuesto incumplimiento de funciones por su actuación en respuesta a las protestas de junio pasado que lideraron tres movimientos indígenas, la Conaie, la Feine y Fenocin, así como por el incremento de la inseguridad ciudadana.

https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/guillermo-lasso-pide-la-renuncia-al-ministro-del-interior-patricio-carrillo-nota/

El efecto de este procedimiento es la censura y destitución de una autoridad del Estado si se demuestra que incumplió funciones.

Según el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la censura es la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que el funcionario ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años.

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Es decir, una vez que Carrillo fue separado del Gobierno, podrá ser enjuiciado políticamente, pero no destituido, sino censurado.

El legislador Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, ratificó que la Ley de la Función Legislativa dispone que un ministro puede ser interpelado en el ejercicio del cargo y hasta un año después de que haya sido autoridad. “Por esto, es viable y válido continuar con el juicio político”, aseveró.

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El próximo martes, el Palacio Legislativo y los parlamentarios volverán a sus curules después de un receso de quince días y la primera actividad será recibir en el pleno, a las 13:00, a la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, para conocer su relato y las acciones que se han dado en las investigaciones del crimen de su hija.

En paralelo, las comisiones legislativas retomarán sus actividades, entre ellas, Fiscalización, que deberá proceder con el trámite del juicio político a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que podría alargarse hasta noviembre próximo, indicó Velasco.

Debido a que la ley determina que los juicios políticos deben tratarse en orden cronológico, primero resolverán sobre el CPCCS y después vendría el de Patricio Carrillo.

Velasco no desestimó que mientras se tramita este proceso a los siete consejeros, una de las bancadas o legisladores presenten una nueva solicitud para que Carrillo sea objetado por el caso de María Belén Bernal.

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“Una vez que terminemos el juicio al Consejo de Participación Ciudadana vendría el juicio al exministro del Interior; y, si alguien plantea un nuevo proceso con nuevas causales, la Comisión podría unificarlos”, añadió, en el caso de que el CAL califique una tercera propuesta de interpelación.

Carrillo se incorporó al Gobierno el 30 de marzo de 2022, cuando el jefe de Estado decidió escindir el Ministerio de Gobierno y creó el Ministerio del Interior.

Previamente fue director de Operaciones de la Policía Nacional y desde ahí lideró las operaciones en

Mujeres protestan por el presunto asesinato de la abogada María Belén Bernal, que desapareció tras visitar la Escuela Superior de Policía, este 21 de septiembre de 2022. EFE/José Jácome Foto: José Jácome

contra de la minería ilegal en Imbabura, y en octubre del 2019 estuvo al frente de las acciones públicas en el control de las paralizaciones que encabezó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En la administración de Lenín Moreno fue comandante general de la Policía Nacional entre enero de 2020 y marzo del 2021.

Un año después retornó al servicio público atendiendo la invitación del primer mandatario para presidir el nuevo Ministerio del Interior, desde donde enfrentó la crisis nacional por el paro de 18 días que promovieron tres movimientos indígenas y el incremento de la inseguridad ciudadana, asesinatos en las cárceles y, el último hecho, el asesinato de Bernal en un complejo de la Policía Nacional.

Cuestionado por su actuación durante las jornadas de paralización de junio y el incremento de la inseguridad ciudadana, cuatro legisladores impulsaron su interpelación en dos juicios políticos diferentes.

QUITO.- Fiscalía informó que encontraron restos óseos en el cerro Casitagua. Foto: Cortesía Fiscalía General del Estado

En agosto pasado, las bancadas de Pachakutik (PK) y Unión por la Esperanza (UNES) presentaron una solicitud de juicio político en su contra por supuesto incumplimiento de funciones al disponer la represión policial en las protestas de junio pasado y deficiencias en la lucha por la inseguridad. Los proponentes son Jhajaira Urresta, de UNES, y Peter Calo, de PK.

En un inicio, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) dejó sin efecto la solicitud por inconvenientes técnicos, al detectarse una “sustracción de correos electrónicos” institucionales.

De todas formas, Urresta y Calo insistieron en su solicitud y se calificó el 22 de agosto.

Luego, las legisladoras Johanna Moreira y Lucía Placencia, de la Izquierda Democrática (ID), presentaron otra solicitud de juicio político por causales similares, relacionadas con su desempeño en el paro nacional de junio y la creciente inseguridad ciudadana.

El CAL lo calificó el 7 de septiembre y la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento para definir el orden cronológico en el que se tratarán estos pedidos y si los unifican.

La parlamentaria Lucía Placencia reflexionó que pese a que Carrillo ya no sea parte del Gobierno, continuará impulsando la interpelación para que sea censurado.

“El ahora exministro no se debió ir sin antes dar respuestas a la ciudadanía por el caso de María Belén Bernal como por las demás causales por las que inicialmente se presentó la solicitud. Deberá responder por la ola de inseguridad que hay y se enfrenta sin una política de seguridad nacional, y también por los hechos del paro”, manifestó. (I)