Derogatoria de la ley tributaria pasó a comisión para su análisis e informe de primer debate

La secretaría general de la Asamblea Nacional notificó a la Comisión de Desarrollo Económico con la calificación de los dos proyectos que plantean la derogatoria del decreto-ley mediante el cual entró en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, que contiene los nuevos tributos.

Los proyectos fueron presentados por los legisladores Patricia Sánchez, Ángel Maita y Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik, y de la asambleísta Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES).

Calificados dos proyectos que buscan derogar la ley tributaria que creó nuevos impuestos

La calificación se dio tras la pugna entre las fuerzas políticas que actúan en el Parlamento, donde el sector del Gobierno y sus aliados trataron de bloquear la calificación planteando que primero se consulte a la Corte Constitucional si la Asamblea Nacional puede derogar una ley económica urgente que entró en vigencia mediante decreto-ley por falta de pronunciamiento del Legislativo.

Esa decisión, inicialmente tomada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), caldeó los ánimos de las bancadas UNES, PSC y un sector de Pachakutik, que incluso amenazaron con llevar a una evaluación al CAL, por incumplir sus funciones en la no calificación de estos dos proyectos de ley sujetándose al artículo 140 de la Constitución.

El pleno de la Asamblea negó la calificación previa de consultar a la Corte Constitucional y ordenó que el CAL califique los dos proyectos para que sean tramitados por la vía ordinaria.

Para dar paso a esta calificación, el CAL señaló que a pesar de que el informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa del 3 de enero de 2022 señala que los proyectos no cumplen con los requisitos formales prescritos en la Constitución y en Ley de la Función Legislativa, el trámite previsto en el tercer inciso del artículo 140 de la Constitución tiene como finalidad establecer un mecanismo de pesos y contrapesos entre las funciones Ejecutiva y Legislativa, a fin de que esta última pueda modificar o derogar en cualquier tiempo una ley que no fue expedida de forma convencional, sino a través de un mecanismo de excepción, como lo es la promulgación del proyecto de ley con calificación de urgente en materia económica como decreto-ley.

Patricia Sánchez, una de las legisladoras que planteó la derogatoria, argumentó que la ley tributaria en vigencia pone el peso de recaudación en la clase media, pues cualquier empleado sea público o privado mira reflejado un impuesto mensual a su salario, así como a los pequeños comerciantes con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Lo cual afecta a las economías de los ecuatorianos.

Que con esta ley queda sacramentado el perdón y olvido de todos los recursos que se encuentran fuera del país en los paraísos fiscales, pues la ley establece un sigilo sobre esa información.

El movimiento Pachakutik, en su último consejo político, decidió votar orgánicamente por la derogatoria de este proyecto ley, dijo Sánchez, tras señalar que si bien el Ejecutivo tendrá que pronunciarse sobre estos proyectos, tendrá que analizar muy bien.

Respecto al trámite en la Comisión de Desarrollo, la legisladora nacional de Pachakutik señaló que puede intuir que saldría un informe recomendando su archivo, porque “se observa que esa mesa legislativa está muy apegada a la forma del gobierno de Guillermo Lasso, pues cuando tramitó los dos informes sobre estas reformas tributarias recibió su beneplácito y entregó un informe de mayoría positivo”.

El proyecto presentado plantea derogar con efecto inmediato el decreto-ley que promulga la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial n.º 587 del 29 de noviembre de 202. Según la legisladora proponente lo único que debe hacer la comisión es establecer un informe donde señale si acoge o no el proyecto de ley.

La Comisión de Desarrollo Económico deberá conocer y abrir la fase de socialización a los legisladores y a la ciudadanía a través del portal web. Y dentro de un plazo máximo de 90 días deberá presentar un informe para primer debate. (I)