Denuncias e investigaciones previas abiertas en Fiscalía agravan el panorama judicial del excontralor Pablo Celi

Concluido el proceso político de censura en contra del excontralor general subrogante Pablo Celi, en la Asamblea Nacional, ahora la atención pasa a lo que sucederá en el ámbito judicial con la causa por delincuencia organizada en el caso Las Torres y las 19 investigaciones previas abiertas por hechos irregulares en los que podría estar vinculado el funcionario que remplazó en 2017 a Carlos Pólit al frente del ente encargado del control de los recursos estatales.

Hasta el 24 de julio pasado la Fiscalía mantenía contra Celi 18 investigaciones previas abiertas por delitos como concusión, tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación y simulación de funciones públicas, fraude procesal y peculado.

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La fiscal general, Diana Salazar, explicó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dentro del juicio político a Celi, que la vinculación en el caso Las Torres y abrir otras investigaciones han sido la estrategia escogida por la Fiscalía para analizar todos los hechos ilícitos que se han denunciado y además se han identificado a lo largo de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada.

“Todas aquellas conductas que se vayan encontrando a lo largo de esta investigación (Las Torres) serán objeto de nuevas investigaciones que paralelamente se estarán iniciando. Aquí tenemos una estructura bien organizada, definida, con roles y funciones y cualquier otra participación por hechos que no tienen que ver con el centro de la misma podrían debilitar la investigación”, explicó Salazar.

Con 136 votos a favor, la noche del lunes último, el pleno de la Asamblea decidió la censura de Pablo Celi como contralor subrogante. La causa: el incumplimiento de funciones.

A las 18 investigaciones previas se le suma la denuncia interpuesta, el lunes último, por el asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio.

El legislador no habla de un delito puntual, pero sí pide a Salazar que investigue a una “estructura criminal” que ha operado los últimos quince años en la Contraloría General del Estado (CGE), que estuvo al mando de los contralores Pólit y Celi, y en la que habrían tenido participación al menos 30 funcionarios y exfuncionarios del ente de control. La defensa de Celi indica que por este caso ya se habría también abierto una investigación previa.

En mayoría los integrantes del legislativo creen que la censura es solo una parte de la sanción que debe recibir Celi, por lo que apuntan a que la mayor responsabilidad está en manos del sistema judicial, que será el que defina las sanciones y las reparaciones integrales a las que el Estado debe acceder por los actos de corrupción que se identifiquen.

Villavicencio piensa que Salazar tiene la oportunidad de sanear la Contraloría y acabar con una organización que operó desvaneciendo de glosas por más de $ 1.000 millones en perjuicio del Estado ecuatoriano y desapareciendo informes con indicios de responsabilidad penal (IRP).

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La defensa de Celi, Marcelo Ron, señala que no todas las denuncias son contra el excontralor, sino que en mayoría son investigaciones que ha abierto la Fiscalía dentro de temas de la Contraloría en los que se está tratando de involucrarlo. Como abogado aclara que han sido notificados en cinco causas, pero que ellos han identificado que existen al menos catorce casos en los que se lo quiere relacionar.

Por ejemplo, señala Ron, hay un caso relacionado con Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, quien supuestamente habría dicho en una versión en el caso Las Torres que un funcionario de la CGE le pidió dinero para sacar un informe y se vinculó a Celi; y en otro tema en Riobamba (Chimborazo) sobre una auditoría en la que un equipo de Contraloría pedía coimas también se incluyó a Celi en una investigación por tráfico de influencias.

De lo que conoce Ron, existiría otra investigación respecto a que se hizo una auditoría en Guayaquil por un tema de la pandemia y que quien estaba designada a realizarla regresó sin hacerla. Ron indica que en ese caso la persona aparentemente destinada a realizar la auditoría ni ha sido ni es funcionaria de la Contraloría, pero también investigan en esa supuesta irregularidad al excontralor.

“La fiscal (Diana Salazar) tiene la disposición de que en todo lo que sea Contraloría debe incluírsele a Pablo Celi”, refirió Marcelo Ron.

Según el abogado, también se le estaría investigando de forma previa a Celi por un caso relacionado con el desvanecimiento de una glosa de la operadora telefónica Claro, por una denuncia planteada por Santiago Bucaram por un tema de hace quince años, y por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas existirían cuatro o cinco denuncias, entre ellas, la presentada por un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por la que ya se abrió una investigación previa.

Ron cree que las denuncias e investigaciones que se están presentando y abriendo son por los mismos hechos que en algunos casos ya se está indagando e incluso procesando como el caso Las Torres. Para él, muchas de las denuncias llegan de personas que quieren acabar con Celi por alguna acción legal que ordenó, mientras que la Fiscalía, dice, quiere seguir armando expedientes porque actúa con “espectacularidad”.

“Al no tener en este momento dentro del juicio principal (Las Torres) elementos sólidos para poder acusar a Celi, entonces la mejor forma es tratar de levantarle un montón de procesos para tratar en algún caso de obtener algún tipo de sentencia”, concluyó la defensa del excontralor. (I)