La segunda pregunta de la consulta popular busca quitar al Consejo de la Judicatura (CJ) la competencia que tiene para seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a todos los fiscales y personal administrativo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con ello, el Gobierno aspira a que la Fiscalía deje de depender de la Judicatura y que su autonomía -establecida en la Constitución- sea completa.

El 5 de febrero los electores encontrarán en la papeleta del referéndum la siguiente pregunta: Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales, a pesar de que la Fiscalía es un órgano autónomo. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?

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Para que esto se concrete, la propuesta del Ejecutivo es modificar el artículo 181 de la Constitución, relativo a las funciones del Consejo de la Judicatura, y agregar un artículo innumerado después del 194.

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Las reformas precisan que los servidores de la Fiscalía serán seleccionados, evaluados, ascendidos y sancionados de conformidad con el proceso previsto en la Constitución. Que la Judicatura se encargará de administrar la carrera y profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial, con excepción de la carrera y profesionalización fiscal.

Mientras que en el artículo innumerado se incorpora la figura de Consejo Fiscal, el cual será un órgano administrativo, técnico y auxiliar de la Fiscalía General del Estado.

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De aprobarse la consulta popular, el nuevo ente asumirá la competencia que ahora está en manos de la Judicatura. Se encargará de los procesos de selección, evaluación, ascenso y sanción de fiscales de conformidad con lo previsto en la ley.

El Consejo Fiscal estará conformado por siete miembros designados por el fiscal general del Estado. Estas personas deberán ser escogidas por fuera de la Función Judicial.

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Los integrantes deberán cumplir al menos con los mismos requisitos para ingresar a la carrera fiscal, además de los que la ley determine. Desde que se publiquen los resultados del referéndum, el fiscal tendrá 60 días para designar al Consejo.

En esa línea, algunos de los requisitos para integrar el Consejo son ser abogado con título de tercer nivel; acreditar probidad, diligencia y responsabilidad de sus obligaciones; declaración juramentada de no haber sido condenado por delitos de concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato.

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Dentro de los cambios legales para implementar la enmienda constitucional de la pregunta dos de la consulta, el Decreto Ejecutivo 607, con el que se convocó oficialmente al referéndum, dispone que el fiscal general del Estado remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial.

Dicho proyecto de ley deberá ser presentado en máximo 90 días desde que se publiquen los resultados del referéndum en el Registro Oficial. La Asamblea tendrá hasta 365 días para aprobar la reforma.

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Mientras transcurre el plazo para el trámite en la legislatura, el fiscal tendrá 30 días para emitir resoluciones para aplicar la enmienda.

En septiembre del año pasado, la Fiscalía puso reparos a la propuesta del Consejo Fiscal, argumentando que “sería innecesaria la creación de otro Consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos, respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos”.

Aquel momento, la entidad aclaró que entender la autonomía de la Fiscalía implica “quitar las trabas que representa que otro cuerpo colegiado (cualquiera que este sea) tome las decisiones, en lugar de que sea la institución la que lo haga, debido a que conoce los requerimientos de primera mano”.

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En nueve años la Judicatura no ha seleccionado a nuevos fiscales

La razón de peso para la reforma que plantea el Ejecutivo es que la Fiscalía goce de una autonomía plena. Pero más allá de eso, se cuestiona que en nueve años la Judicatura no ha realizado un proceso de selección de postulantes para la carrera fiscal.

La situación se complica porque se estima que hay un déficit de 602 fiscales, según datos de la Fiscalía, con corte a agosto de 2022. Las tres provincias que registran el más alto déficit de fiscales son Guayas (190), Manabí (82) y Pichincha (74).

Esto significa que, debiendo existir al menos 1.448 fiscales para cumplir con las demandas de la ciudadanía, actualmente existen apenas 845 en el Ecuador. El déficit de fiscales está asociado a la lentitud en los procesos penales y, por lo tanto, afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los ecuatorianos”, sostiene el presidente Guillermo Lasso, a través del Decreto Ejecutivo.

Adicionalmente, apunta el Ejecutivo, la Judicatura no ha realizado una evaluación en la carrera fiscal y únicamente ha ejecutado un proceso de promoción de categoría. No haber cumplido con este trámite “afecta a la profesionalización de la carrera fiscal y, por lo tanto, incide de forma negativa en la administración de la justicia penal en el país”.

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En cuanto a los procesos disciplinarios, desde el 2017 el Consejo de la Judicatura ha iniciado 419 procesos en contra de servidores de la Fiscalía, incluyendo a personal administrativo. De ese total, se han resuelto 214 casos, de los cuales 120 corresponden a fiscales.

Mientras, hay 205 procesos represados, lo cual, a criterio del Gobierno, significa que, a pesar de existir denuncias de irregularidades sobre la actuación de algunos fiscales, las sanciones no se aplican en los tiempos necesarios.

Por otro lado, el Ejecutivo cita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado que el elevado grado de politización de los sistemas de selección, nombramiento o elección de los operadores de justicia es uno de los principales problemas que afrontan algunos países de la región.

Posturas en disputa por el sí y el no

La Unión Nacional de Educadores (UNE) fue autorizada recientemente por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para hacer campaña por la opción del ‘no’ en el referéndum.

De manera general, el gremio se opone a la consulta popular porque considera que en el fondo su esencia es el “hiperpresidencialismo”, cuando lo que se debería atacar es a la corrupción que está inmersa en las instituciones públicas, explica Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Con respecto a la pregunta dos, Vargas comenta que “la fiebre no está en las sábanas”. Que el problema no es el Consejo de la Judicatura, per se, sino quiénes lo dirigen y por qué no han permitido que los procesos avancen.

“¿Usted cree que eso (las trabas en la selección de fiscales) va a cambiar cuando esté a órdenes de la Fiscalía? Yo pregunto, ¿o son los personajes o es la forma en la que está establecido? Aquí está muy claramente que el problema es quienes nos gobiernan. Aquí debemos darle dura batalla a la corrupción, no necesitamos una consulta popular, necesitamos voluntad política”, sentenció la líder del magisterio.

Insiste en que las ocho preguntas del referéndum “no solucionan los problemas del país”. Y apunta que la descomposición social no terminará mientras desde el Estado no se destinen recursos en inversión social y se combata el saqueo de las arcas públicas.

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El gobernador de Cañar y dirigente del movimiento oficialista CREO, Wilfrido Rivera, coincide en parte con la premisa de que la consulta popular no es una solución definitiva, pero asegura que sí será una herramienta potente que contribuirá a mejorar el escenario actual.

Rivera critica que el Consejo de la Judicatura lleve cerca de diez años sin seleccionar postulantes a fiscales, lo que ha derivado en un elevado déficit de servidores que investiguen presuntos actos delictivos, perjudicando a la ciudadanía. El funcionario sostiene que la Judicatura no ha estado a la altura de las necesidades de la población.

“Con esta pregunta buscamos consolidar una Fiscalía autónoma y manejada por expertos. Con ello, vamos a lograr mayor protección a las víctimas de delitos y menos manoseo en la justicia. También va a permitir que tengamos mejor calidad en el tema de investigaciones de delitos”, refirió.

Al ser consultado sobre por qué es necesario crear un Consejo Fiscal, en lugar de que Fiscalía asuma la competencia con su estructura actual, Rivera respondió que se requiere “una garantía constitucional”.

Señala, además, que el rol del Gobierno es gobernar y no es decirle a la gente cómo tiene que votar, pero sí difundir información relevante para que la ciudadanía tome una decisión informada. Las preguntas de la consulta responden a los problemas más importantes del país: seguridad, institucionalidad y proteger el medioambiente. (I)