En siete días culminaría el plazo para que la administración de Guillermo Lasso y los líderes de los tres movimientos sociales que promovieron el paro nacional de junio pasado concreten acuerdos respecto de las diez mesas de diálogo, en las cuales la discusión sobre la focalización de subsidios a los combustibles mantiene la tensión por la falta de consensos.

Este 12 de octubre está previsto que concluyan los encuentros entre las delegaciones de la Función Ejecutiva y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de acuerdo con el periodo de 90 días que se estableció en la denominada Acta de la paz que empujó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), como garante de este proceso.

De las diez mesas que se han instalado, aún resta que en cuatro se consoliden los acuerdos y desacuerdos: Acceso a la salud, Educación superior, Empleo y derechos laborales y, Focalización de subsidios a los derivados de petróleo, siendo esta última, que por su complejidad, trabajará de forma permanente hasta el último día de las reuniones.

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Este miércoles 5 de octubre las reuniones se dieron alrededor de la mesa de Educación superior, en el que el movimiento indígena expuso sus propuestas para que se incremente el presupuesto para las universidades en $ 800 millones para que 200.000 estudiantes, según sus estadísticas, logren acceder a un cupo.

También esperan que se incluya estándares de pluriculturalidad e interculturalidad en las centros y que se respeten las “cuotas” para garantizar el ingreso de jóvenes de pueblos y nacionalidades. Su aspiración es que ese porcentaje sea definido en un 21%.

Un pedido adicional es que se asigne $ 57 millones para que la universidad Amawtay Wasi pueda operar, pues el Estado le ha asignado solo $ 3 millones, de acuerdo a la información preliminar.

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Previo a este evento, el último martes cerró su trabajo la mesa de Derechos colectivos con un listado de 55 acuerdos, informó el Ministerio de Educación, entre los que se resaltó declarar a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SIEB) autónoma de dicha Cartera de Estado e incrementar su presupuesto en $ 133 millones.

Como parte de los puntos de acuerdo, se solicitó que se cumpla con garantizar y promover los derechos colectivos establecidos en la Constitución y el artículo 66 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional relacionados con la interculturalidad, pluralismo jurídico y la autonomía en la aplicación de la justicia indígena.

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Que los funcionarios de la función Ejecutiva sean capacitados en comprensión intercultural; así como que los servidores de los diferentes niveles del Estado sean capacitados en áreas como la consulta prelegislativa, consulta previa y consentimiento libre e informado.

Sobre ello, el Gobierno se había comprometido a construir una propuesta de ley de Consulta Prelegislativa con la participación de delegados de los tres movimientos. Para esto se instalará una mesa técnica que iniciará su trabajo el 25 de octubre.

Otro compromiso dado es respetar el Ayllu Llacta (que agrupa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades) en todas sus dimensiones, régimen de autoridad y se lo hará a través de la emisión de un decreto ejecutivo.

Articulado a este debate, no existió acuerdo en un punto en el que se pedía que el régimen que no emita actos normativos y administrativos sobre territorios indígenas, sin que medie la consulta prelegislativa.

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Las autoridades del Ejecutivo ofrecieron que se firmará un decreto en los siguientes 30 días, después de la firma del acta de esta mesa, para no emitir actos que afecten los derechos colectivos hasta que se emita la ley de Consulta previa. No obstante, hasta que ello ocurra, los trámites en marcha continuarán.

La Conaie advirtió que si el Ejecutivo mantiene este postura, las decisiones que se tomen serán de forma “unilateral”.

Se aterrizó también en temas técnicos para elaborar un Manual de Registro de Tierras Ancestrales y Rurales y crear una Comisión Interinstitucional para la solución de los conflictos de tierras. Entre otros temas, hubo un compromiso para respetar la medicina ancestral.

El conteo del Gobierno da cuenta de unos 109 acuerdos alcanzados en seis grupos de trabajo en materia sobre banca pública y privada; control de precios; fomento productivo; energía y recursos naturales; derechos colectivos; seguridad y justicia.

Pese a ello, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, está parcialmente inconforme y calificó de “jodido” llegar a acuerdos sobre la focalización de los subsidios a los combustibles.

“Este es el tema más jodido”, dijo este miércoles en declaraciones a la prensa, al explicar que el régimen no cede a que grandes sectores productivos como camaroneras y atuneras paguen el precio de los derivados del petróleo sin subsidios.

Si bien consideró que hubo avances en estos diálogos, pues sería “ridículo” afirmar que no se alcanzó ninguno, criticó la posición gubernamental de no implementar mecanismos de control de precios.

Aún se espera determinar los acuerdos sobre subsidios a los combustibles, que está en construcción de una subcomisión técnica conformada por delegados de las dos partes, para presentarlo a los ministros de Estado y líderes sociales, previo a emitir el acta final de acuerdos y desacuerdos.

Leonidas Iza adelantó que los consensos que se logren se discutirán en una asamblea anual de las bases indígenas que se realizará en este mes, aunque la fecha está por definirse. (I)