El proyecto borrador de reglamento para designar al titular de la Contraloría General del Estado experimentó cambios que apuntaron a incrementar puntajes respecto de los méritos de quienes se postulen a participar en el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

Las modificaciones se aprobaron en una reunión que se efectuó entre las 22:00 y 24:00 del 14 de julio, con el voto de cuatro de los siete delegados de los consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que integran una comisión técnica.

Esto se dio tras un conflictuado pleno marcado por los gritos de la presidenta, Sofía Almeida, que se desarrolló la tarde y noche del miércoles y en el que los consejeros Javier Dávalos, Almeida, Ibeth Estupiñán y David Rosero resolvieron reestructurar esa comisión, con el voto en contra de Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira.

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Los tres últimos cuestionaron que los delegados de los consejeros de mayoría no habrían querido dar quorum para tratar los aportes de la ciudadanía a este reglamento, para lo que se dio un plazo de ocho días.

Ulloa fue el más indignado. Denunció que “se está tomando por asalto el concurso del contralor”.

“Las irregularidades se están cometiendo por ustedes, que quieren hacer estas prácticas y aprobar un reglamento en cuatro horas, con los aportes de la ciudadanía. Cómo va a justificar que en cuatro horas van a leer van y a aprobar los aportes. ¡Esto está armado desde hace rato! Esto no es una responsabilidad nacional como se ha querido vender, es algo que se cocina y vamos a descubrir qué se trata de hacer”, expresó el consejero.

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Almeida primero suspiró y le gritó: “¡Es que hay que ser bien cara dura para decir lo que se ha dicho!”. Y dijo que los cuatro vocales “no están pensando en nada bajo la mesa”.

El conflicto surgió porque el plazo para que la ciudadanía haga sus aportes al texto venció el 11 de julio, y la comisión técnica tenía 48 horas para tratarlos. Es decir, hasta el 13 de julio.

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Sin embargo, los delegados de los consejeros de mayoría habían tenido dudas sobre esos plazos y no participaron en reuniones que se habían convocado entre el lunes y martes. El periodo se consumó sin tramitar los aportes ciudadanos.

Finalmente, se reestructuró esa comisión para que la presida el delegado de Almeida, y trate en tres horas las observaciones ciudadanas.

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Así, los cuatro delegados aprobaron el borrador de reglamento pasada la medianoche del 14 de julio, y las observaciones que hicieron la sociedad civil y la academia al texto se desconocen, pero habían sido “conocidos e incorporados en cambios que no trastoquen la Constitución, la Ley y demás normativa”, esgrimió en un documento el delegado y asesor de Almeida, Alejandro Gallo, a quien lo cuestionan por no tener título de educación superior.

Ulloa y Bravo reclamaron en Twitter. “A las 00:25 de hoy, 4 delegados de la Comisión Técnica, en tiempo récord, aprobaron el proyecto de reglamento para concurso de la Contraloría, sin debate y sin demostrar qué aportes ciudadanos fueron incorporados. Nuestros asesores fueron excluidos, anulados. Gravísimo”, describió Ulloa.

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Mientras, Bravo dijo: “¡ALGUIEN DEBE EXPLICAR AL PAÍS! Secretario del CPCCS NO remitió resolución a la Comisión Técnica y sin embargo, con 4 votos a favor, se aprobó fuera de tiempo el reglamento para concurso de Contraloría. No se sabe cuántos aportes de la ciudadanía llegaron y cuáles se incorporaron”.

Del proyecto borrador original se retiró una propuesta para que los postulantes rindan una prueba práctica sobre una auditoría que se puntuaba sobre 20 puntos. Con ello, los méritos se valorarán sobre 50 puntos y la prueba de conocimientos sobre 50 puntos, sumando un total de 100 puntos.

Otro cambio es que los cursos, seminarios y talleres por una duración de 32 horas tengan una calificación de 3 puntos; la primera propuesta era de 16 horas.

Se eliminó la frase “relación de dependencia en el sector público o privado”, que se calificaba con diez puntos.

Los delegados de los consejeros dejaron que se exija solo “el ejercicio laboral en el sector público o privado en actividades relacionadas con las materias indicadas” y se aumentó a una puntuación por 14 puntos máximo.

También se quitó un numeral que puntuaba 10 puntos por el “libre ejercicio profesional sin relación de dependencia”.

Se aumentó de 4 a 6 puntos, “haber liderado o participado en el desarrollo de actividades o iniciativas relacionadas con Derecho, Economía, Administración, Auditoría, Ingeniería Comercial, Administración Pública, Gestión Pública y Finanzas”, entre otras.

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Sobre el desempeño en el sector público en cargos pertenecientes al nivel jerárquico superior, en el sector privado en funciones de responsabilidad o dirección, se aumentó la frase “o manejo de equipos de trabajo”, que pueden sumar hasta 6 puntos.

Se incrementó de un punto a dos puntos haber sido expositor en seminarios.

El pleno del Consejo deberá conocer de estos cambios al proyecto de reglamento y aprobarlo, para dar inicio al concurso para la selección de esta autoridad, con la convocatoria a la integración de la veeduría ciudadana. (I)