El asesinato a manos de sicarios en Guayaquil del fiscal Édgar Edmundo Escobar, de la Unidad de Personas y Garantías del Guayas, ocurrido la mañana de este lunes, continúa generando reacciones en el sistema de justicia. El hecho se registró en los exteriores del edificio de la Fiscalía General del Estado ubicado en el centro de Guayaquil.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ), máximo órgano de justicia ordinaria del país, no solo se solidarizó y condenó la muerte violenta del fiscal Escobar, sino que también hizo un llamado a las autoridades competentes a tomar acciones y brindar las garantías necesarias a los servidores judiciales, para que así puedan cumplir con su trabajo como lo demanda la ciudadanía, pero con la seguridad de que sus vidas no están en peligro.

Édgar Escobar, el fiscal asesinado en el centro de Guayaquil, manejaba casos de narcotráfico y asesinatos que conmocionaron a Ecuador

“Jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales aportamos desde cada uno de nuestros espacios a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, así como el cumplimiento de la ley en sujeción a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; sin embargo, para cumplir con nuestra labor reclamamos seguridad a escala nacional”, señala la Corte Nacional mediante un comunicado público

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El organismo reiteró su compromiso de continuar administrando justicia a fin de precautelar la seguridad jurídica, el respeto a las garantías del debido proceso y la independencia judicial. En el comunicado se exhortó a que se tomen las medidas y los correctivos del caso.

Horas después de conocido el asesinato del fiscal en Guayaquil, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, en una rueda de prensa para anuncios dentro del concurso público para la selección y designación de jueces especializados en corrupción y crimen organizado, recordó que la Judicatura cuenta con un Instructivo de Seguridad Individual para servidores judiciales que están en riesgo.

En el año 2019, debido a un estudio de riesgo, se le han dado protección personal a doce jueces, en el 2020 a nueve jueces, en el 2021 a doce jueces y en lo que va del 2022 a 23 jueces. Murillo refirió que esta seguridad y protección a servidores se habría dado previo a un estudio de riesgo en coordinación con el Ministerio del Interior.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien también fue parte de la rueda de prensa del CJ, señaló que tanto le compete y preocupa el asunto al Gobierno Nacional que dentro de la consulta popular que se plantea hay una pregunta directamente dirigida a reforzar la institución de la Fiscalía.

“Nuestro interés como Gobierno es que la Policía trabaje directamente con la Fiscalía con todos los mecanismos de coordinación y que cada uno de los fiscales que trabajan y llevan a cabo este peligroso oficio en el país, cuenten con las garantías, la seguridad y la protección necesaria para poder desarrollar su trabajo en total paz y tranquilidad. Son procesos que han venido siendo arrastrados durante mucho tiempo en el país, estamos tomando decisiones para que estos hechos sean cada vez menos, estamos claros en la complejidad del asunto”, apuntó el ministro. (I)