Corte de Santa Elena definió tribunal para resolver apelación del SNAI al ‘habeas corpus’ de Jorge Glas

La Secretaría de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena notificó este jueves, 5 de mayo, que ya se realizó el sorteo de los tres jueces que revisarán y resolverán el recurso de apelación que presentó el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad (SNAI) al habeas corpus concedido al exvicepresidente Jorge Glas, el pasado 10 de abril, admitido a trámite por el juez subrogante de Manglaralto Víctor Echeverría, el martes 3 de mayo.

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Los jueces Silvana Caicedo, en calidad de ponente, y Kléber Franco y Juan Camacho, como vocales, fueron los designados.

El SNAI interpuso el pasado 14 de abril el recurso de apelación total a la sentencia y nulidad procesal en el caso de habeas corpus concedido a Glas, por contener inobservancias.

La institución alegó que dentro del proceso y sentencia existe una inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, lo que implica un abuso de esta acción constitucional.

Édison Loaiza, abogado defensor de Glas, ha reiterado en varias ocasiones que para la defensa técnica de Glas, “la apelación no tiene razón de ser porque no hubo ninguna vulneración al debido proceso”.

“Como no hubo tesis jurídica en la audiencia, el representante del SNAI no impugnó nada los fundamentos de hecho y derecho y de la prueba que presentó la defensa técnica, no hubo una violación al debido proceso, no incurrió en ningún error el juez como para que se conceda el recurso de apelación”, ha dicho el jurista.

Loaiza se mantiene en que confían en que el recurso de apelación del SNAI sea negado y que, de ser así, la situación legal para el exvicepresidente sería la misma, hasta que puedan a futuro presentar otros recursos.

No obstante, si ocurre lo contrario y los jueces resuelven dar paso a la apelación, el regreso de Glas a la cárcel sería de inmediato.

Glas cumplía dos condenas en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, la primera de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita, por la trama de corrupción de Odebrecht y la otra de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Esas penas estaban ejecutoriadas. También enfrenta una condena de ocho años por peculado en el caso Singue, que está en apelación.

Tras el habeas corpus, las órdenes de prisión fueron cambiadas por las medidas alternativas de presentación periódica el primer lunes de cada mes y la prohibición de salida del país hasta que culmine la pena como tal.

Desde que llegó a Guayaquil está recibiendo constantemente atención médica. Reside en casa de su madre, ubicada en la vía a la costa. (I)