Los bloques legislativos correísta y socialcristiano intentarán aprobar una resolución en el pleno de la Asamblea Nacional para exigir que la justicia actúe frente a una supuesta simulación de funciones por parte de los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fueron destituidos del cargo el 18 de noviembre pasado.

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, anticipó que existe un pedido de modificación del orden del día en la sesión 823 convocada para este 6 de diciembre a las 18:00.

Asamblea Nacional posesiona a consejera suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

La intención es que el pleno de la Asamblea Nacional disponga a su representante legal inicie acciones judiciales ante la Fiscalía General del Estado contra quienes “están simulando funciones al momento, porque los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por el pleno del Parlamento”, señaló Saquicela.

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El pasado 18 de noviembre, con 85 votos, aprobó la moción para la censura y destitución de los consejeros del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, por incumplimiento de funciones constitucionales y legales.

Pero el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de La Concordia, Ángel Lindao Vera, dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la resolución tomada por el pleno de la Asamblea el pasado 18 de noviembre, con lo cual los cuatro consejeros destituidos fueron restituidos en sus cargos y han mantenido constantes reuniones en el pleno del CPCCS.

Para Saquicela esa medida cautelar dictada por el juez de La Concordia tiene una serie de atropellos constitucionales e inclusive comentó que el 5 de diciembre el mismo juez cambió de medida cautelar por acción de protección, lo cual dijo se trata de un “manoseo político de la ley y de la justicia”.

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Reiteró que todas las decisiones que están tomando los cuatro consejeros del CPCCS son nulas de nulidad absoluta, porque están destituidos y no pueden arrogarse una función. Cuestionó que el juez Lindao Vera no se haya pronunciado desde hace diez días sobre un pedido de revocatoria de las medidas cautelares.

Saquicela comentó que la idea de la resolución es que se inicie una acción judicial en contra de los cuatro consejeros por simulación de funciones y por incumplimiento de orden de autoridad competente que es el pleno de la Asamblea, quien destituyó a los cuatro funcionarios, mediante una resolución aprobada por 85 voluntades.

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Además, pedir al Ministerio de Trabajo para que suspenda el quipus de exfuncionarios públicos y al Ministerio de Finanzas verifique si se está cumpliendo o no los funcionarios con la resolución del pleno de la Asamblea.

El legislador oficialista Byron Maldonado llamó al pleno no tomar decisiones que vayan en contra de lo que la normativa establece y menos contra decisiones tomadas en la Función Judicial, porque se estaría entorpeciendo las atribuciones de otra función del Estado. Advirtió que si no se observa lo dictaminado por un juez constitucional respecto a la destitución de cuatro consejeros del CPCCS, puede originarse un incumplimiento de sentencia y las consecuencias está en la misma Constitución, como la destitución del cargo de asambleísta.

Ferdinan Álvarez, legislador correísta del bloque Unión por la Esperanza (UNES), indicó que el pleno de la Asamblea Nacional hará respetar la decisión del pleno respecto a la destitución de los cuatro consejeros del CPCCS.

Con la resolución se indicará a los jueces que no se presten para este tipo de “payasadas” que están ocurriendo, que no se presten para desestabilizar el país y que no se presten para arrebatar lo poco de la institucionalidad que hay en el Estado, y añadió que la justicia tiene mucho por hacer. La Fiscalía tendrá que actuar frente a un abuso del derecho y fraude procesal.

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La asambleísta separada del bloque Pachakutik Mireya Pazmiño será la proponente de la resolución y ante la prensa insistió que los cuatro consejeros del CPCCS están arrogándose funciones como proceder a la posesión del superintendente de Bancos, sabiendo que están destituidos. Además, la única institución que puede posesionar a los funcionarios designados por el pleno del CPCCS es la Asamblea Nacional, por lo tanto se está violentando la seguridad jurídica.

Anunció que se presentará, como Asamblea, una queja en contra del juez que primero otorgó medidas cautelares y luego cambió la figura por acciones de protección a favor de los cuatro consejeros. Queda en manos del Consejo de la Judicatura sancionar al juez y como Asamblea Nacional no se reconocerá ninguna acción tomada por encima de las decisiones legislativa.

En tanto que el legislador nacional de Pachakutik Ricardo Vanegas pidió al presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, que le indique la norma constitucional que faculta a la Asamblea Nacional y a los asambleístas que “somos servidores públicos a no cumplir con una resolución constitucional”, esto en alusión a la medida cautelar dictada por el juez de La Concordia. (I)