Con rapidez y sin mayores contratiempos, este 18 de noviembre de 2022 la Asamblea Nacional censuró y destituyó a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en un proceso matizado por el reclamo de los acusados por la ausencia de informes sobre la sustanciación del juicio.

La sesión plenaria 813 se instaló a las 14:40 con 70 asambleístas presentes en la sala y concluyó antes de la medianoche con la censura y destitución de los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, con el respaldo de 85 votos, 2 en contra, 2 blancos y 28 abstenciones. Los votos a favor provinieron de las bancadas PSC, UNES, un sector de Pachakutik y otro de la Izquierda Democrática.

A lo largo de la jornada el recinto legislativo permaneció semivacío y los que sí estaban poca atención prestaron a los sustentos presentados por las autoridades enjuiciadas. Alrededor de este tema se presentaron cuatro solicitudes de acción de protección para anular el procedimiento aplicado por la Asamblea. La sesión de interpelación concluyó a las 23:54 y el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ordenó que se notifique con la resolución a los censurados y se convoque a quienes deben asumir el cargo.

Asamblea Nacional inicia juicio político a los cuatro consejeros del CPCCS con una resolución plenaria y sin informes

Este juicio político se efectuó con base en una resolución legislativa aprobada el 15 de noviembre, no se presentaron informes de mayoría ni de posiciones.

Con ello, el pleno del Parlamento dejó de lado el proceso de sustanciación que llevó adelante la Comisión de Fiscalización y consagró las acusaciones presentadas por los legisladores Mireya Pazmiño y Ángel Maita, de la bancada Pachakutik. La Ley prevé que un proceso de juicio político debe ser sustanciado por la comisión respectiva y presentarse los informes correspondientes.

Este juicio político se sujetó en la resolución aprobada con 84 votos en la sesión del 15 de noviembre, en la que se dispone enjuiciar políticamente a los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Maita y Pazmiño.

Para dar inicio al proceso, el secretario general, Álvaro Salazar, leyó la resolución aprobada el martes pasado y certificó la notificación realizada a los cuatro consejeros interpelados.

La interpelación empezó a las 14:56, con la intervención de la asambleísta Mireya Pazmiño, quien un día antes fue separada del bloque Pachakutik por haber direccionado el juicio político a los cuatro consejeros y no a los siete integrantes.

Empezó su intervención señalando que este juicio ha tenido algunos obstáculos e intentos de acciones judiciales y de protección para impedir la interpelación, que incluso es víctima de violencia política. Que no negociará, como cierto asambleísta “está haciendo”, afirmó, aunque no dio nombres.

Pazmiño demoró 30 minutos para exponer las acusaciones, pues concluyó su intervención a las 15:24, e inmediatamente se dio paso al legislador Ángel Maita, quien hizo su intervención de manera telemática y también no se tomó más allá de 30 minutos.

Acusaciones

Las acusaciones se enfocaron en cambios formulados por los cuatro consejeros al reglamento para el concurso de méritos y oposición para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando ya estaba en marcha el concurso.

Pazmiño señaló que el primer cambio al reglamento se realizó el 18 de julio de 2021, con el cual se inició el proceso, y que luego hubo un segundo cambio al reglamento el 9 de marzo de 2022, que fue aprobado por los consejeros Estupiñán, Rivadeneira, Bravo y Ulloa.

Que el 9 de marzo, el CPCCS emitió la reforma al reglamento mediante una codificación del concurso de méritos y oposición cuando estaba en marcha el concurso, lo cual –dijo– es una extralimitación que a más de configurar un incumplimiento de funciones afectó también el derecho a la participación, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Ángel Maita participó de manera telemática y apuntaló la intervención de su coidearia Pazmiño, pero se refirió a un supuesto incumplimiento de funciones cuando se llevó adelante el concurso para designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, para lo cual expuso en el pleno un audio de una conversación telefónica entre la consejera Ibeth Estupiñán y la postulante Gianella Jácome.

Maita, al concluir su intervención a las 16:03, mocionó la censura y destitución de los cuatro consejeros acusados por incumplimiento de funciones constitucionales y legales. Aseguró que fiscaliza en favor de los más pobres de la patria y no a favor de Guillermo Lasso, “evasor de impuestos”.

Defensa de acusados

Tras esa intervención de los dos legisladores acusadores en este juicio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dispuso que se llame a la consejera Ibeth Estupiñán para que haga uso del derecho a la defensa por tres horas. Ella empezó a las 16:03 y concluyó a las 16:38.

Estupiñán dio respuestas políticas a la intención de la Asamblea, y a lo largo de la intervención sostuvo que el juicio político en su contra es ilegal e inconstitucional, que hay un uso arbitrario del poder, con lo cual la Asamblea Nacional está obrando más allá de lo que la ley permite, que en este proceso prevalece la intención de tomar el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que el Parlamento inició un juicio político con plazos precluidos para presentar los informes.

Los cuatro acusados apelaron a la ilegalidad del procedimiento que aplicó la Asamblea Nacional para evacuar el juicio y advirtieron a los legisladores de las consecuencias que podrían ocasionar a cada uno de los asambleístas que voten por su censura y destitución sin un debido proceso y violando procedimientos. Los consejeros anticiparon que si se concreta su destitución, acudirán a los tribunales internacionales para reclamar sus derechos y presentar acciones de protección.

La consejera María Fernanda Rivadeneira intervino a las 16:42, empezó su exposición señalando que el juicio es inconstitucional, que se violentó su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.

Que la Asamblea Nacional la ha puesto en una situación de vulnerabilidad y que puede ser ilegalmente sancionada por un juicio que no ha sido sustanciado, que tampoco fue notificada por alguna causal de juicio y que no se socializó entre los legisladores su contestación a las acusaciones.

Los cuatro consejeros insistieron en que la Asamblea inició el proceso sin los informes correspondientes de la Comisión de Fiscalización y tampoco con los informes de posiciones. En todo el proceso no hay seguridad, no hay garantías del debido proceso, no hay motivación y es inconstitucional e ilegal, dijeron.

Aseguró que el proceso se enmarca en una clara persecución política y que lo único que quieren el PSC y UNES es tomarse el CPCCS para designar a las autoridades de control a dedo.

Insistió en que está recibiendo un trato desigual y discriminatorio, porque la Comisión de Fiscalización instauró un solo juicio político para siete consejeros y no de cuatro.

A las 18:23, el consejero Francisco Bravo por el lapso de una hora expuso sus pruebas de descargo y apeló también a violaciones de procedimientos por parte del Parlamento. Recalcó en que no hay informes, no hay pruebas adjuntas para iniciar; que en este juicio existe desigualdad de armas que viola el debido proceso y seguridad jurídica; y si no existe una seguridad jurídica, habrá una resolución parcializada.

El consejero y presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, inició su intervención a las 19:25. Aclaró que su presencia en el pleno no es para avalar una irregularidad del proceso, pero lo hace para defender su honor.

Pidió a la secretaría general que lea el informe sobre el cual se inició este juicio político, lo cual hizo que en la sala haya una pausa de hasta por diez minutos.

Ulloa insistió en que los cuatro consejeros están siendo juzgados sin un informe de mayoría ni con un informe de posiciones, por lo que se tendrá que acudir a los tribunales internacionales para resarcir los daños.

El artículo 76 de la Constitución determina el derecho al debido proceso, lo cual no ha ocurrido en el juicio.

Los cuatro consejeros aludieron al conflicto de interés del legislador socialcristiano Luis Almeida, que con este juicio lo que pretende es cuidar y salvaguardar a su sobrina Sofía Almeida, quien actualmente es consejera. Ulloa terminó su intervención a las 21:08 solicitando el archivo del proceso.

Sin réplicas

En este proceso de juicio político no hubo uso de la réplica por parte de los asambleístas acusadores: Mireya Pazmiño y Ángel Maita.

Tampoco hicieron uso de la réplica los consejeros acusados, pero en una corta intervención el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, pidió que se reciba la documentación presentada en su exposición y anunció que también será remitida a los órganos de justicia.

Debate de asambleístas

El debate sobre este juicio político se abrió a las 21:15 y se inició con la intervención del asambleísta Édgar Quezada (Pachakutik), quien reclamó por la ausencia de un informe en este proceso de interpelación y que no es cuestión de tener los votos, sino de respetar la ley, dijo.

Gustavo Loor, suplente del legislador Luis Almeida (PSC), anunció que los cuatro consejeros acusados deben irse a su casa, que han actuado con base en cálculos, que hoy hay una coincidencia única de censurar a un CPCCS que le ha fallado al país. Que ha existido un Consejo de Participación Ciudadana unido al Ejecutivo.

Roberto Cuero, del bloque UNES, habló de que se presentaron cuatro acciones de protección, incluida una en Esmeraldas por parte de un primo hermano, pero que en todo este proceso existe una responsabilidad de la Comisión de Fiscalización de no presentar los informes a tiempo.

Que su organización política está convencida de que los cuatro consejeros incumplieron funciones y por eso a esta Asamblea no puede temblarle la mano, que hay acciones de protección que están caminando, que a la Asamblea no le puede temblar la voz ni la mano cuando escucha amenazas del consejero Hernán Ulloa. “Que mañana vamos a ser enjuiciados, me la juego por mi país, por mi patria; si viene algo que venga y aquí estamos de frente para sacar adelante este proceso”, anotó.

Esteban Torres, coordinador del PSC, intervino para aclarar que el juicio está sustentado en la documentación que fue remitida a cada legislador cuando se hizo la convocatoria, para lo cual pidió la solicitud de la documentación que remitió secretaría, quien informó que “hay dos enlaces que dirigen tanto a la información de la sustentación del proceso de juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización, en el cual consta de ocho carpetas denominadas con los títulos CPCCS 4, CPCCS 7, contestación, notificaciones, oficios y memorandos, providencias y resoluciones. Así como un segundo enlace que redirige a la información relacionada con la documentación de la sesión 810 del pleno de la Asamblea Nacional y los oficios dirigidos a los consejeros que han sido objeto de interpelación...”.

Torres dijo que si los legisladores necesitan más sustento, se puede remitir un informe de posiciones; pero que este juicio significa, añadió, cuestionar la toma de una institución con la policía, no significa la toma del Consejo para la designación de las autoridades de control. Que no vean cucos, porque no se pueden topar las comisiones de selección de las autoridades como el contralor del Estado. Que cualquier amenaza, ataque o acciones a futuro sobre responsabilidades no tiene ningún sustento.

Yeseña Guamaní habló a nombre de la Izquierda Democrática, aunque ella días atrás fue separada del bloque. Se refirió a vinculaciones de funcionarios del CPCCS con el legislador Alejandro Jaramillo (ID), de quien dijo que presiona para votar en contra de la censura y destitución de los cuatro consejeros.

Pedro Velasco (BAN), integrante de la Comisión de Fiscalización, defendió el trabajo desarrollado en este juicio y pidió que se respete el procedimiento y lo que dice la ley. Recordó que la mesa unificó dos procesos en uno solo; y que el pleno únicamente debió resolver continuar con el juicio político o archivar y no segmentar a quiénes sí y a quiénes no, lo cual es un grave y craso error que se está cometiendo con la resolución que se tomó.

Washington Varela (BAN) reveló que planteó una acción de protección para corregir las ilegalidades, y afirmó que están en contra de este proceso porque está viciado. Por ello, su voto será en contra de las ilegalidades que se están cometiendo en la Asamblea.

Virgilio Saquicela (antes de BAN) bajó a su curul para rechazar la presentación de cuatro acciones de protección en contra de la actuación de la Asamblea Nacional en el juicio político a los cuatro consejeros del CPCCS. Que el juicio político es una obligación moral de la Asamblea Nacional de sustanciarlo y resolverlo; “basta de acciones de protección, no prostituyan la ley y la Constitución con acciones de protección”, afirmó.

Dijo que la Asamblea que preside rescató la institucionalidad y, por ello, se ha evitado que la justicia se entrometa en las decisiones legislativas y de fiscalización.

Saquicela manifestó que el Parlamento está en este juicio porque aplicó la norma y cuestionó que la Comisión de Fiscalización haya pretendido reconsiderar la votación del informe de mayoría fuera del plazo. Que para la interpelación existen todos los elementos jurídicos legales que fueron remitidos a los legisladores de manera oportuna.

No se puede permitir en este país que se quieran “comer” este juicio político, afirmó Saquicela, quien insistió en que la decisión que tomó está enmarcada en la Constitución y que el juicio a los cuatro consejeros del CPCCS es válido. (I)