En el marco de la investigación sobre la trama de corrupción que involucra recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) que se mantiene abierta en Guayaquil, la Fiscalía Provincial del Guayas elevó este jueves el pedido al juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 para que convoque a la audiencia de formulación de cargos (vinculación) en contra de seis implicados, entre los que se incluye al empresario Jorge Chérrez Miño por el presunto delito de falsedad de información.

Además de Chérrez, los implicados son Luis Alberto Francisco Álvarez Villamar, Gonzalo Iván Navarro Macías, Alexandra del Rocío Martínez Sandoval, Roberto Vicente Carrión García, Karen Alexandra y Carrillo Quintero.

Este delito es sancionado con cárcel de tres a cinco años. Así lo establece el artículo 312 y 314 del Código Integral Penal.

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El 31 de agosto, luego de un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía, realizado desde las 06:00, fueron detenidas otras nueve personas vinculadas a investigaciones sobre facturas comerciales y obligaciones impagas a varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Isspol.

El 1 de septiembre se realizó la vinculación de cargos para esos nueve detenidos, en la que se dictó prisión preventiva contra John Roger C. T. (contador de la empresa Ecuagran), por su presunta participación en el delito de falsedad de información; también medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el fiscal de la causa para Denisse Cristina S. A. (analista financiera de la compañía Delcor) y Jorge Alfredo B. R. (contador), por presunta falsedad de información.

Se dictó prisión preventiva también para Fabián Andrés D. L. y Ana Belén D. R. (gerente y supervisora de la Auditora SMS), mientras que a Einstein D. L. (presidente de Auditora SMS), Jorge Steven P. B., Carlos Damián M. D. y Alejandro Rafael P. T. (todos de Delcorp) les dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal ante el fiscal del caso; fueron procesados por falsedad documental en el mercado de valores.

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Según las investigaciones, los imputados habrían ocasionado un perjuicio económico a varias instituciones públicas, entre ellas al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

En tanto, Chérrez, de quien lo último que se sabe es que estuvo en México, es investigado también en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción ocurrida en la seguridad social policial, en la que habría entregado más de $ 2,6 millones a modo de sobornos a funcionarios de diversos rangos en el Isspol.

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La instrucción fiscal en el caso terminará en noventa días. (I)