Contraloría General observó la gestión de Jorge Guamán en la Prefectura de Cotopaxi

La Contraloría General del Estado ha realizado diez exámenes especiales a la gestión de Jorge Guamán en la Prefectura de Cotopaxi y uno más está en elaboración.

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A Guamán, quien milita en el movimiento Pachakutik, se lo investiga actualmente por presunta delincuencia organizada; la semana pasada fue detenido junto con otras nueve personas tras un operativo policial en el que se le allanaron su domicilio y su oficina en el Gobierno provincial. La instrucción fiscal durará 90 días. No se le dictó prisión preventiva sino medidas cautelares como la presentación periódica ante las autoridades, el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país.

Él fue elegido prefecto en el 2014 y se reeligió en el 2019.

De estos diez exámenes, en dos hay indicios de responsabilidad penal (IRP), es decir, existe la presunción de que se cometieron delitos contra la administración pública. Los informes son reservados. La información ya fue remitida a la Fiscalía General del Estado.

La Contraloría observó que las autoridades de la Prefectura de Cotopaxi incurrieron en algunas irregularidades administrativas en la contratación de obras, bienes y servicios, en la elaboración de su presupuesto institucional, entre el 2014 y el 2021.

Así, por ejemplo, en la auditoría a la administración y uso de maquinaria se halló que no se realizaron controles; que la información estaba incompleta y no se la archivó en orden secuencial y cronológico; tampoco hubo informes del rendimiento del combustible; que los carros no tenían rastreo satelital; que las órdenes de movilización se hicieron a mano; y que algunos vehículos estuvieron parados más de 700 días por falta de mantenimiento.

En el informe sobre la contratación de algunas obras viales, de riego y otras, por $ 20,6 millones, se determinó que hubo inconsistencias en los procesos precontractual, contractual y de fiscalización; que se hicieron desembolsos sin documentación de sustento; que los proveedores no cumplieron con las experiencias requeridas en los pliegos, entre otras irregularidades.

Y en el que analizó la elaboración del presupuesto institucional se halló que este no se ajustó a los planes de ordenamiento territorial y desarrollo; y que además no hubo una ejecución eficiente.

Entre el 2014 y el 2017, según la Contraloría, la Prefectura de Cotopaxi “recibió asignaciones por $ 286′364.930,01, existiendo una disminución de 7′08.6506 mediante reformas, obteniéndose un total codificado de $ 279′284.279,95, del cual se devengó $ 115′307.116,19, determinándose Ia falta de ejecución presupuestaria respecto a los gastos de inversión y de capital”; sin que las autoridades hayan realizado Ia evaluación y seguimiento a Ia utilización de estos recursos”.

Para atender la emergencia por el COVID-19, en el 2020, la Prefectura compró dos tractores para fumigación y desinfección por más de $ 110.000. El organismo de control detectó que hubo inconsistencias en las órdenes de compra y que no tenían documentaciones de respaldo.

En otros contratos de compra de insumos, equipos y dispositivos médicos realizados en el 2020, también para el COVID-19, por casi $ 298.000, se determinó que se adquirieron arcos de desinfección y kits de alimentos sin informes de planificación.

La auditoría que se halla en ejecución se refiere a los nombramientos de personal en el Gobierno provincial. Esta investigación se realiza desde hace ya varios meses a pedido del legislador de Cotopaxi Dalton Bacigalupo, de las filas de Izquierda Democrática (ID), quien denunció casos de nepotismo dentro de la Prefectura y algunas alcaldías de la jurisdicción.

Las investigaciones de este caso llevan más de un año, indicó la semana pasada el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Las indagaciones, dijo, se iniciaron cuando Jorge Guamán se encontraba en campaña electoral para ser reelegido en el cargo. Agregó que varios familiares del prefecto también habrían cometido actos ilícitos. (I)