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Consejo Nacional Electoral niega pedido del Contralor para auditar su sistema informático

La presidenta del CNE alertó que de dar paso se pone “en riesgo” el cumplimiento del calendario electoral para la segunda vuelta.

El Consejo Nacional Electoral sesionó este martes 23 de febrero de forma virtual. Foto: Cortesía

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la solicitud del contralor del Estado Pablo Celi para realizar una auditoría informática al sistema de escrutinio y resultados del organismo.

La resolución se adoptó en una plenaria virtual que realizó el Consejo este 23 de febrero, los consejeros Enrique Pita, Diana Atamaint y José Cabrera votaron en contra de ese pedido, y a favor votó Luis Verdesoto.

Previamente se escuchó al coordinador nacional de Tecnologías del CNE, Christian Cerda, quien detalló que el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) se encuentra en producción porque aún no se proclaman en su totalidad los resultados de la elección del 7 de febrero, por lo que “no es pertinente realizar una auditoría”.

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“Sugiero que se postergue hasta la proclamación de la segunda vuelta electoral” dicha auditoría, dijo Cerda a los consejeros.

Consejeros electorales analizan las respuestas legales a los pedidos para investigar su sistema informático en medio del proceso electoral

Explicó que el SIER ha cumplido un protocolo de sellado y enceramiento, además que se tendría que cambiar claves de acceso que solo las tienen Atamaint, como presidenta del CNE.

El director jurídico, Enrique Vaca, recordó a los vocales la normativa legal en la que se establece que durante el periodo electoral “ninguna autoridad extraña” puede intervenir en la organización de los comicios, según el artículo 16 del Código de la Democracia.

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En esa línea, “no es procedente atender el pedido, toda vez que el contralor es una autoridad extraña al proceso electoral”, subrayó.

Se recordó también que la Contraloría emitió en septiembre pasado un acuerdo en el que determinó la suspensión de los plazos para realizar auditorías o exámenes especiales a la Función Electoral en periodo de elecciones.

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El consejero José Cabrera expresó su desacuerdo con permitir esta acción de control porque “en medio del proceso quiere hacer una auditoría”.

“Es imposible, no se hará en 20 días. No estoy de acuerdo que se haga la auditoría. Después (de las elecciones nacionales) no tengo problema” expresó.

Además planteó a sus colegas que se analicen acciones en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una posible intromisión en las funciones.

Luis Verdesoto, en cambio, se mostró de acuerdo con que se haga esta auditoría porque se trataría de una “verificación”.

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Acotó que el CNE en periodo electoral “no somos dictadores, no podemos cruzarnos los semáforos en rojo” opinó en el marco de los señalamientos de que en periodo electoral ninguna otra entidad puede interferir.

Votó a favor de aprobar el pedido del contralor, pero bajo cinco pedidos que él planteaba por un “principio de transparencia”.

El vicepresidente, Enrique Pita dijo que no estaba de acuerdo con el pedido para que se lo haga ahora en medio del proceso electoral. “No estoy de acuerdo con que se haga en este momento. Una vez que haya concluido en su totalidad, no solo la Contraloría sino cualquier otra institución” puede iniciar acciones y votó en contra.

Por su parte, Atamaint también votó en contra porque se pone “en riesgo” el calendario electoral y la realización de la segunda vuelta del 11 de abril.

El pasado 20 de febrero, el contralor Pablo Celi solicitó al CNE que apruebe una resolución que le posibilite realizar una auditoría informática a sus sistemas, que tomaría unos 20 días y que sea antes de la segunda vuelta electoral del 11 de abril.

Argumentó que se darían seguimiento a las recomendaciones que se hizo a un primer examen especial de agosto del 2020, y porque hay pedidos ciudadanos que piden transparencia al proceso electoral.

Esto en medio del pedido oficial que hizo el candidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez, al organismo de que audite el sistema, por presuntas irregularidades en el escrutinio en varias provincias. (I)

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