En una nueva resolución, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) determinó a los 30 postulantes mejor puntuados de la ciudadanía, que entrarán a un sorteo público para escoger a diez personas (cinco principales y suplentes) que conformarán la comisión ciudadana que designará al titular de la Defensoría Pública.

En una sesión de este 27 de abril, el pleno aprobó una resolución en la que determinó a los 30 mejor postulantes a integrar la comisión ciudadana, de las que 15 son mujeres y 15 hombres; y dejó sin efecto anteriores resoluciones que se tomaron en la presidencia de Sofía Almeida, en la que constaban otros candidatos, que incluso habían incumplido con el reglamento de selección.

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Bajo la presidencia de Hernán Ulloa se resolvió reformar los reglamentos y revisar nuevamente la información de los 82 ciudadanos que se postularon al concurso para integrar la comisión ciudadana.

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El equipo técnico, conformado por ocho servidores del CPCCS, que revisan los requisitos y méritos de los aspirantes, recomendó descalificar a cuatro personas que fueron admitidas en diciembre del 2021 por la anterior mayoría y que tenían los puntajes más altos sobre 50 puntos.

Según el informe, se concluyó que Rubén Guerrero y Byron Males mantenían deudas con el Seguro Social y Santiago Ribadeneira y Denis Terán debían pensiones de alimentos al momento de la postulación, por lo que estaban incursos en la prohibición reglamentaria de no mantener deudas con el Estado.

En la gestión de Almeida, junto a los consejeros David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, ellos no fueron descalificados e iban a ser parte del sorteo. Al contrario, se exhortó a la ciudadanía, a la sociedad civil e incluso a los consejeros que componían la minoría anterior a objetarlos en la etapa de impugnación ciudadana.

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En la víspera, fueron descalificados y se definió un nuevo listado con los mejores puntuados. El pleno deberá convocarse para realizar el sorteo público.

Adicionalmente, se resolvió solicitar a la Función de Transparencia y Control Social que designe a un nuevo delegado para conformar esta comisión, luego que Manuel Balda, quien fue designado por la mayoría anterior, fue funcionario del Consejo tras la crisis interna en la que Almeida no continuó en la presidencia del Consejo.

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Durante la plenaria de este miércoles, el consejero David Rosero recordó que en anteriores resoluciones se resolvió sobre los postulantes mejor puntuados y que esta nueva decisión afectaría a la seguridad jurídica del concurso de selección, porque los concursantes fueron calificados en el proceso.

Sin embargo, los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira alegaron que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y el reglamento para la conformación de la comisión ciudadana, les habilita a revisar los procedimientos en cualquier etapa del concurso.

En todo caso, la resolución de los 30 mejor puntuados se aprobó con cuatro votos de los consejeros de mayoría; en contra de Rosero y Dávalos y la abstención de Sofía Almeida, que los acusó de estar “metiendo la mano” a los concursos públicos para la selección de autoridades. (I)