El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ofreció a la Corte Constitucional (CC) reconsiderar la votación de una sesión del 2 de enero, en la cual no se decidió por ninguna de las tres candidaturas propuestas por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Aunque, ello dependerá de que haya los votos de una mayoría de sus consejeros, que por el momento no hay.

La tarde de este 4 de enero, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa envió a la Corte Constitucional (CC) el informe respecto del proceso de selección del vocal y presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

La Corte Constitucional solicitó al Consejo dicho documento en el plazo de 24 horas, para revisar el cumplimiento de una sentencia que emitió en septiembre pasado y en la que ordenó a ese organismo designar al presidente y vocal de la Judicatura, que se ha mantenido por once meses bajo la presidencia encargada de Fausto Murillo.

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Esa vocalía debe designarse en concordancia con el artículo 179 de la Constitución, en la que dispone que el CJ se integrará por cinco vocales delegados de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; de la Fiscalía General del Estado; de la Defensoría Pública; de la Asamblea Nacional; y, de la Presidencia de la República.

Durante el 2022, la Corte Nacional de Justicia envió su cuarta terna al CPCCS para que proceda con la designación de su delegado, debido a la renuncia de María del Carmen Maldonado en febrero del 2022 y cuyo encargo lo ha asumido el consejero Fausto Murillo, quien fue electo en ese cargo por delegación de la Asamblea Nacional en el 2019.

Quito, 1 de enero del 2023.- Los tres integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, para ocupar la vocalía y presidencia del Consejo de la Judicatura: Wilman Terán (i); Luis Rivera (c); Mercedes Caicedo (d) se presentaron ante el pleno del CPCCS. Foto: Sugey Hajjar

Dicha terna estaba integrada por los jueces nacionales Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco, quienes superaron todas las fases del proceso de designación; pero en la última etapa, es decir, en la designación, cuatro de los siete vocales del CPCCS que integraban la mayoría, no se decidieron por ninguna postulación.

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Terán tuvo los votos a favor de Francisco Bravo y Hernán Ulloa; en contra de Ibeth Estupiñán y abstención de María Fernanda Rivadeneira.

Caicedo tuvo el voto de María Fernanda Rivadeneira y las abstenciones de Francisco Bravo, Hernán Ulloa e Ibeth Estupiñán; y, Rivera tuvo los votos afirmativos de Bravo, Estupiñán y Rivadeneira y, Ulloa se abstuvo.

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Los consejeros de minoría David Rosero y Javier Dávalos, se encontraban en uso de sus vacaciones y, Sofía Almeida no asistió.

Bajo esos hechos, se acogieron al artículo 21 del reglamento de designación que determina: “De no aprobarse la resolución correspondiente para designar a las autoridades del Consejo de la Judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso de designación se han agotado y, por ende, se deberá solicitar una nueva terna”. Es decir, se solicitaría la quinta terna.

Su decisión provocó el rechazo de la Corte Nacional de Justicia y en ese marco, la Corte Constitucional activó de oficio el mecanismo de revisión de incumplimiento de sentencias y dictámenes.

Ulloa respondió este 4 de enero a la Corte Constitucional y en su informe le detalla que al “ser un cuerpo colegiado que responde a reglas como mociones, votación a favor o en contra así como abstenciones, no fue posible llegar a un consenso de qué postulante debe ser designado para el cargo de vocal principal, en tal virtud, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 21 del Reglamento operó el agotamiento de la terna y el proceso designación y, por lo tanto es pertinente la solicitud de una nueva terna a la Corte Nacional a fin de seleccionar el vocal principal del Consejo de la Judicatura que presidirá dicho organismo”.

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Con ese fundamento, indicó que la ley del CPCCS y su reglamento de sesiones les permite aplicar la reconsideración de sus votaciones, pero que no se realizó debido a que cinco consejeros solicitaron licencias sin remuneración para participar en la campaña electoral de los comicios del 5 de febrero próximo, en los que buscan la reelección.

Esto impide contar “con el quorum reglamentario para las instalaciones de las sesiones”.

En el reglamento, en su artículo 19, sobre las resoluciones y reconsideraciones se señala que las resoluciones se “tomarán por mayoría absoluta de sus miembros. Cualquier consejero que hubiere participado en una sesión, puede plantear en la misma o en la siguiente la reconsideración de las mociones aprobadas por el pleno”.

Para tramitar una reconsideración se requiere el apoyo de tres consejeros principales y para aprobarse cinco votos.

Sin embargo, esa posibilidad se oscurece en la actualidad. Ejemplo de ello, es que este 4 de enero, Hernán Ulloa convocó a los consejeros suplentes para dar continuación a una sesión que dejaron abierta en conjunto con los consejeros Bravo, Rivadeneira, Estupiñán.

La consejera suplente, Karina Ponce acudió al Consejo, pero no para integrarse al pleno, sino para renunciar a su cargo y de forma “irrevocable” al que llegó en los comicios del 2019 y fue posesionada por la Asamblea Nacional.

Mónica Moreira, quien ha actuado en el pleno en ocasiones pasadas, alegó que es candidata al CPCCS a la reelección y no puede participar.

Mientras que, de forma virtual se conectó la consejera suplente Gina Aguilar Ochoa, que fue posesionada en diciembre del 2022; y, Olindo Nastacuaz, también posesionado por la Legislatura en diciembre, no asistió.

Ulloa solicitó a la Asamblea Nacional que posesione como suplentes a otros candidatos que participaron en las votaciones del 2019, para que se principalicen: Carlos Figueroa, Aland Molestina y Teddy Tama.

Hasta el momento, el Parlamento no ha convocado a ninguna sesión con ese efecto.

De esta forma, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana no podrá instalarse. Aunque no se descarta que se solicite a los consejeros Rivadeneira, Bravo y Estupiñán que renuncien a sus licencias sin remuneración para incorporarse y votar por la reconsideración, pero les faltaría un quinto voto.

Ulloa mantuvo abierta la sesión de este miércoles por varias horas y no la pudo reinstalar por falta de quorum.

En declaraciones que hizo desde el salón del CPCCS en Quito, dijo que veía con “buenos ojos” este acción de revisión de sentencia que activó la Corte Constitucional, como un ejercicio de “rendición de cuentas”.

Aseguró que no hubo irregularidades en el proceso de selección y tampoco es un incumplimiento de sentencia.

“Ellos (los jueces de la CC) sabrán hacer el seguimiento correspondiente. El Consejo ha cumplido, no ha puesto zancadillas para el conocimiento de la terna”, aseveró.

Recalcó que actuaron de forma célere e incluso convocaron a los candidatos de la terna a la exposición de sus planes de trabajo en un día de descanso, el 1 de enero del 2023.

Aunque ese día, solo los aspirantes se presentaron de forma presencial y expusieron sus planes de trabajo ante un salón del pleno vacío, pues los cuatro vocales de la mayoría se encontraban en sus provincias.

Incluso, la consejera Ibeth Estupiñán se disculpó por no poder asistir porque tenía “un sacramento” de su hijo.

Ulloa agregó que pasaron por más de 20 horas analizando sus posturas, incluso en la madrugada y exhortó a la ciudadanía a recordar que hubo tres mociones propuestas y que cada consejero tuvo su motivación. (I)